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En toda gran crisis económica, un Gobierno de izquierdas tiene que hacerse la misma pregunta más tarde o más temprano: ¿qué hacemos con el Banco de España? La cuestión no tiene que ver con la política monetaria, sino con la capacidad del banco central de servir de 'think tank' de la derecha, con especial énfasis en la palabra 'tanque'. La FAES está para sacudir al Gobierno por debajo de la cintura. La visión ideológica ortodoxa para la economía tiene más influencia cuando procede de instituciones como el Banco de España, que en la crisis anterior centró sus mensajes a la opinión pública en la necesidad de una reforma laboral. Tanta insistencia puso que parecía que su labor básica era controlar el Ministerio de Trabajo.
Existe otro riesgo: autoconvencerse de que lo que te cuenta el banco central es lo que quiere escuchar la UE. Zapatero descubrió demasiado tarde que eso era un error. O quizá no le quedó muy claro, pero lo que es seguro es que le costó el puesto.
El Banco de España ha plasmado esta semana su argumentario ideológico con el aviso de que hay que afrontar el problema del crecimiento de la deuda. Si no hay ajustes, la deuda aumentará al 110% del PIB al final de la década, después de haber alcanzado el 120% este año. “Una vez superada la crisis, nos encontraremos con el mayor nivel de deuda pública en muchas décadas”, dijo Óscar Arce, director del servicio de estudios del banco central. “Tendremos entonces que embarcarnos en reformas presupuestarias profundas que reduzcan el endeudamiento y den margen para afrontar posibles dificultades futuras”.
El Banco de España no quiere aplicar la tijera ya al gasto público, pero piensa en ello para cuando haya pasado lo peor de esta crisis, quizá el próximo año. Tampoco descarta el aumento de impuestos, pero no en la línea en la que se mueve el Gobierno. Apuesta por un aumento de los ingresos por IVA elevando los tipos reducidos y superrreducidos, que afectan muy poco a las rentas más altas. Sobre el caso concreto de la llamada tasa Google, dice que no sería conveniente a menos que sea una iniciativa europea, algo parecido a señalar que sería mejor que se olviden de ella. Teme que esas corporaciones dejen de operar en España, lo que no es muy probable que ocurra.
Es un argumento similar al que empleará la derecha para oponerse a un incremento fiscal a las rentas más altas. Su versión más original es la de Isabel Díaz Ayuso, que acaba de decir que hay que ayudar fiscalmente a los que más tienen: “Tenemos que ser atractivos y eso se hace sin maltratar con impuestos. Dándole un trato desigual a muchas personas que probablemente tienen un mayor poder adquisitivo pero crean más puestos de trabajo”. Podemos plantear como hipótesis que Ayuso dice en público y sin inmutarse lo que otros dirigentes del PP comentan en privado cuando están solos.
Fuera de España, la inmensidad de la catástrofe económica ha hecho replantearse unos cuantos puntos de vista entre los liberales: “Una cuarta realidad (del futuro económico inmediato) es que la deuda pública y los déficits serán mucho mayores. Habrá poca tolerancia hacia otra ronda de 'austeridad' o de reducciones en el nivel de gasto público o su crecimiento. Será mucho más probable que los impuestos sean más altos, especialmente sobre la gente más próspera (léase rica), y déficits más persistentes, financiados de forma explícita o implícita por los bancos centrales”, ha escrito Martin Wolf, columnista del Financial Times.
El Banco de España ya está pensando en que esta situación no debería prolongarse durante mucho tiempo. No por nada se ha apresurado a señalar dónde estará muy pronto la deuda española en porcentaje del PIB.
Cualquiera diría que el Gobierno de Pedro Sánchez ha empezado a gastar a lo loco sin pensar en el mañana. La realidad es la contraria. España es uno de los países de la UE que menos fondos públicos ha comprometido para encontrar una salida a la crisis económica. ¿Gobierno comunista o bolivariano? Debe de ser uno de los gobiernos comunistas más tacaños de la historia desde que Lenin se bajó del tren hace un siglo en la Estación de Finlandia en San Petersburgo.
Un ejemplo de ese amago de austeridad a priori es la decisión de Sánchez de seguir atando en corto a los ayuntamientos –los parientes pobres de las Administraciones españolas– e impedirles que gasten su superávit en la respuesta social a la crisis. La herramienta legal empleada es la regla de gasto que aprobó el Gobierno de Rajoy. Esa regla que el PSOE había prometido derogar.
El Banco de España reclama que se alcance cuanto antes un consenso –es fácil imaginar con quién– sobre un plan de reformas. El objetivo es el previsible: transmitir confianza a los mercados. El mismo con el que Miguel Ángel Fernández Ordóñez, entonces gobernador del Banco de España, convenció a Zapatero –previa carta del presidente del BCE, Jean-Claude Trichet– de que pusiera en marcha la reforma del artículo 135 de la Constitución y prometiera una estabilidad presupuestaria que era un objetivo imposible.
Estos días, los medios están llenos de noticias sobre acuerdos entre el Gobierno y Ciudadanos, la posibilidad de que el PSOE pacte con el PP la futura política sanitaria, los recelos que eso causa en Esquerra y la duda de si Unidas Podemos verá a partir de ahora a Nadia Calviño como la vicepresidenta económica o como la embajadora del eurogrupo en España. Con tanta geometría variable rondando en el sistema político, el Gobierno no tardará mucho tiempo en descubrir que deberá adoptar una decisión sobre su respuesta política a las instrucciones que lleguen del Banco de España. Porque ya están aquí.