Los bancos perdonaron deudas a los partidos incumpliendo la obligación de informar al Banco de España
Los bancos perdonaron deudas a los partidos incumpliendo la obligación de que esos acuerdos de condonación llegaran al Banco de España. Así lo reconoció este martes el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, que compareció a puerta cerrada en el Senado en el marco de la comisión de investigación de la financiación de los partidos que ha impulsado el PP en solitario.
El PP citó al responsable de la institución, pero no consiguió lo que buscaba: que le hablara de las condonaciones de deuda al PSOE efectuadas por varias entidades financieras entre los años 2004 y 2006. Los de Mariano Rajoy quieren vincular esa “renegociación de la deuda”, según la definición del entonces gerente socialista, con la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero. Por ahora ha sembrado las dudas.
Sin embargo, Luis María Linde no aportó en la comparecencia a puerta cerrada datos concretos sobre las deudas de los socialistas, aunque se comprometió a enviar a la comisión de investigación de la financiación de los partidos la documentación que tenga en su mano. Lo que sí reconoció es que la información sobre los acuerdos en materia de financiación entre entidades financieras y partidos no llegaron al Banco de España, como marcaba la ley, según explican fuentes conocedoras de la comparecencia de Linde.
Linde explicó que, a pesar de que las leyes de financiación de partidos de 2007 y 2012 obligaban a las organizaciones y entidades financieras a informar tanto al Banco de España como al Tribunal de Cuentas de los acuerdos de renegociación de la deuda que alcanzaran, la institución que dirige no recibió esa información durante años debido a un vacío legal.
El gobernador argumentó, según esas fuentes, que esas leyes, que sí permitían que los bancos perdonaran parte de la deuda a los partidos –aunque la de 2012 planteó un tope de 100.000 euros–, no especificaban quién debía remitir la documentación al Banco de España y al órgano fiscalizador de los “acuerdos respecto de las condiciones de la deuda” de las organizaciones políticas y las entidades de crédito.
Condonaciones a IU y Unió
Así, la disposición transitoria segunda de la ley de financiación de partidos aprobada en 2007 establecía que las organizaciones políticas podían “llegar a acuerdos respecto de las condiciones de la deuda que mantengan con entidades de crédito”. “De tales acuerdos se dará cuenta al Tribunal de Cuentas y al Banco de España”, establecía ese precepto normativo, que no especificaba quién debía remitir esa información. La ley orgánica que la sustituyó cinco años después se pronunciaba en los mismos términos.
Durante esos años en los que el Banco de España admite no haber recibido la información, se produjeron acuerdos de condonación de deudas. Por ejemplo, IU consiguió en 2009 que le perdonaran medio millón de euros de intereses de demora. Convergència y Unió también tuvo ese año una “regularización operación préstamos” en ese ejercicio. El Tribunal de Cuentas reprendió al partido de Josep Durán i Lleida por no aportar al órgano fiscalizador información suficiente. Kutxabank perdonó a Unió 9,6 millones de euros en 2013, según publicó El Mundo.
El fallo legislativo se subsanó en 2015 cuando se prohibieron específicamente las condonaciones de deuda y se concretó que los partidos debían remitir los acuerdos de las características de la deuda al Tribunal de Cuentas y las entidades de crédito enviarlos al Banco de España.
En 2015 se resuelve la situación
Linde dijo en la comisión que, desde entonces, el Banco de España ha recibido información de 21 entidades financieras, de las que nueve declaran no tener ningún acuerdo de intervención con partidos políticos. El responsable de la institución también reconoció que, de los bancos que sí tienen acuerdos con organizaciones políticas, dispone de información heterogénea, es decir, que cada entidad envía datos diferentes.
Las condonaciones a partidos políticos se prohibieron a partir del año 2015, cuando se modificó de nuevo la ley de financiación a partir de los escándalos de corrupción del PP, relacionados con la caja B que Luis Bárcenas anotó durante décadas. El perdón de los intereses de la deuda de las organizaciones ha sido habitual y ahora los conservadores lo están utilizando para echar en cara al PSOE que se han beneficiado de la relación con los bancos para conseguir rebajas millonarias de su descubierto, a pesar de que históricamente también han conseguido quitas importantes.
La comparecencia de Linde se produjo en el marco de la comisión de investigación de la financiación de los partidos que el PP ha impulsado en solitario en el Senado como respuesta a la que analiza sus cuentas en el Congreso. La oposición ha plantado al PP en ese órgano institucional que tachan de “farsa”. El PP sigue adelante con su plan de trabajo, que afecta a todos los partidos.
Además del responsable del Banco de España, los conservadores citaron esta semana a los periodistas Enrique Riobóo y Eduardo Inda así como a Juan Carlos Monedero para hablar de las cuentas de Podemos. El PP dio por acreditado que la formación de Pablo Iglesias ha usado fondos ilícitos procedentes de Venezuela e Irán a pesar de que las pruebas aportadas han sido desestimadas en los juzgados.
La jornada del martes estuvo dedicada al PSOE. Volvió a comparecer el exgerente Xoan Cornide para hablar de las condonaciones de deudas contraídas hace décadas. El socialista argumentó que se había tratado de una “renegociación de deuda como un castillo” al tratarse de descontar parte de los intereses “excesivos”, pero a los conservadores no les bastaron sus argumentos. El portavoz en la comisión, Luis Aznar, sugirió que las entidades financieras perdonaron deudas al PSOE porque José Luis Rodríguez Zapatero llegó al Gobierno. El responsable de una de esas entidades –el consejero delegado de Kutxabank– acudió al Senado a hablar de uno de esos acuerdos, pero se escudó en el secreto bancario para no ofrecer detalles de los mismos. Aznar no dudó en echarle un rapapolvo y acusarle de haber recurrido a la respuesta “facilona”.
El PP también cargó contra el abogado José Mariano Benítez de Lugo, que ejerce la acusación popular en el caso Gürtel, e insinuó que lleva a cabo actuaciones judiciales a través de esa figura –personándose a través de la asociación ADADE– en favor de los socialistas, que le contratan en algunas instituciones.
