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El Banco de España y la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, discrepan sobre quién es competente para controlar la academia en la sombra que tres inspectores del Banco de España han montado para la formación de opositores, según ha desvelado elDiario.es. Ambas instituciones se pasan la pelota sobre quién debe fiscalizar esa segunda actividad privada que estos tres profesionales —Alberto Casillas Cuevas, director del departamento de Resolución; su hermano Juan, que es inspector; y una tercera inspectora, Patricia Navarro-Rubio Poole— vienen realizando desde hace un lustro y que les reporta miles de euros en metálico al margen de sus salarios como empleados públicos.
Los tres inspectores del Banco de España tienen concedida la compatibilidad para ejercer la actividad docente, un permiso que otorga la citada Oficina de Conflicto de Intereses. No obstante, lo que se ha aprobado no cuadra con las actividades que vienen ejerciendo durante los últimos años. Según ha acreditado este periódico, Alberto Casillas prepara a decenas de opositores por su cuenta cuando la compatibilidad acordada en su caso es para “realizar una actividad privada de enseñanza en el Centro de Estudios Profesionales”, el nombre de otra entidad que nada tiene que ver con las clases particulares que ha improvisado junto a sus compañeros del Banco de España. Juan Casillas y Patricia Navarro-Rubio, por su parte, forman a opositores desde 2016, aunque la compatibilidad para impartir docencia por cuenta propia les fue reconocida mucho después: en julio de 2018 y septiembre de 2020, respectivamente.
Pese a que los datos no cuadran, el Banco de España y la Oficina de Conflicto de Intereses se pasan la pelota sobre quién debería investigar esta cuestión. Fuentes del supervisor bancario se limitaron este miércoles a afirmar que están “valorando” la información publicada “por si procediese llevar a cabo alguna actuación” desde la “perspectiva” de sus “competencias” e insistieron en que el organismo vela por el “cumplimiento” de las disposiciones en materia de incompatibilidades, aunque sin especificar con qué actuaciones o medidas concretas. De hecho, en el organismo insistieron en que el primer paso en relación a la actividad de estos tres inspectores debería darlo, en todo caso, la Oficina de Conflicto de Intereses.
En el organismo dependiente de Hacienda y Función Pública, por su parte, defendieron que correspondería al Banco de España iniciar, en su caso, las actuaciones necesarias para determinar si hay un supuesto o no de infracción a la legislación de incompatibilidades, dijeron a elDiario.es fuentes de ese departamento. Cuestión distinta, afirmaron estas mismas fuentes, sería el supuesto de que estos empleados no declararan a Hacienda esos ingresos de manera correcta, lo que podría constituir una infracción de índole fiscal perseguible por la Agencia Tributaria.
¿A qué sanciones se expone el empleado público que tenga la compatibilidad acordada para ejercer una segunda actividad y realice otra diferente o que lo haga sin contar con la preceptiva autorización? Fuentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública confirmaron que en el caso de funcionarios de la Administración General del Estado los castigos pueden ir desde una suspensión de empleo y sueldo hasta la separación del servicio. No obstante, en el supuesto del Banco de España, que es una una entidad de derecho público pero con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, depende del convenio colectivo y de la gradación de la infracción.
“Comportamientos reprochables”
“Son comportamientos que, de ser cierto, son absolutamente reprochables”, dijo este miércoles en una entrevista con elDiario.es la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, sobre la actuación de los tres inspectores del Banco de España que han montado una especie de academia en la sombra en la que llevan años cobrando miles de euros en metálico a opositores que quieren acceder a puestos destacados del supervisor bancario. “Todos tenemos que cumplir con las normas, también con las normas tributarias y con nuestras obligaciones como contribuyentes, más si se trata de funcionarios o empleados públicos”, afirmó la portavoz, que recordó la reciente aprobación de una ley que limita a 1.000 euros los pagos en efectivo.
Muy contundente fue el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal. “Es absolutamente inaceptable”, respondió durante la rueda de prensa que ofreció en la mañana de este miércoles en el Congreso, informa Carmen Moraga. “Todas las retribuciones que uno recibe por cualquier tipo de trabajo, sea por cuenta propia o por cuenta ajena, hay que declararlas bien en el IRPF o bien en el Impuesto de Sociedades”, recordó. Y amplió: “Estas retribuciones, como tienen que ver con la enseñanza, no están gravadas por el IVA pero sí están gravadas en el impuesto de la renta de las personas físicas”. “Hay que tributar por todas las ganancias, es absolutamente obligatorio que sea así”, zanjó Bal, que antes de entrar en política se dedicaba a perseguir el fraude fiscal como jefe del departamento de Penal de la Abogacía del Estado.
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