El informe de los peritos del Banco de España sobre el ‘caso Bankia’ complica el futuro judicial de Miguel Blesa y Rodrigo Rato en varios frentes, incluido el de las 'tarjetas black'. Sobre la utilización de estos plásticos, los peritos del supervisor son rotundos: “La voluntad de ocultación de la existencia de estas tarjetas y sus gastos asociados es clara y la motivación para hacerlo también, teniendo en cuenta el escándalo producido al conocerse los hechos”.
Los peritos Antonio González Ruiz y Víctor Sánchez Nogueras concluyen que desde Caja Madrid y Bankia “se incumplió con la obligación de declarar los gastos” a la Administración Tributaria, a la auditoría interna, a la externa y al experto independiente, el despacho Garrigues. Desde la dirección de las entidades, tampoco se aludió a la existencia de las tarjetas en el folleto de salida a bolsa, ni en las sucesivas memorias anuales de Caja Madrid, BFA y Bankia, ni en los informes de gobierno corporativo; ni se informó a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ni se incluyeron en la publicación individualizada de las remuneraciones de consejeros y miembros del comité de dirección que se realizó el 30 de diciembre de 2011.
El juez Andreu, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, aguardaba el informe de los peritos para decidir sobre la posible imputación de los usuarios de las tarjetas. De momento, por su despacho solo han pasado Rato, Blesa e Ildefonso Sánchez Barcoj. Ahora los peritos aseguran que los gastos de las tarjetas suponen un incumplimiento de la Ley 4/2003 de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid (CAM).
“El concepto de estos gastos no encaja como asistencias, abono de una cantidad a tanto alzado por la concurrencia efectiva a las reuniones de órganos de gobierno, ni como indemnizaciones, compensación por los gastos originados como consecuencia de la participación efectiva en dichos órganos, previa justificación documental”, reza el informe de los peritos, al que ha tenido acceso eldiario.es.
Los peritos consideran, sin género de duda, que las tarjetas eran una retribución encubierta de Caja Madrid, cuando la Ley 1/2011 de la CAM establece que los miembros de los órganos de gobierno no podrán tener simultáneamente percepciones de la Caja de Ahorros y de la entidad bancaria central –en este caso, BFA– o de cualquiera de las cajas que se integren en un Sistema Integrado de Protección de Activos (SIP). Si los hubiera, deberían cederse a la caja. Esta obligación estuvo expresa en la nota de retribuciones de la memoria 2011, pero se incumplió.
“Es clara la voluntad de ocultación de la existencia de las tarjetas analizadas y sus gastos asociados, al haber incumplido repetidamente todos los requerimientos de información y obvio que implicarían el incumplimiento de la normativa fiscal, si se comprueba finalmente que hubo omisión de su declaración, registro y tributación”, aseguran los peritos. Sin embargo, los usuarios están lejos de que el incumplimiento de esa normativa fiscal les acerque al delito, al no sobrepasar en ningún caso los 120.000 euros en los que la ley establece el umbral de la defraudación.
Tenían conocimientos de sobra
En la línea de lo expresado por el FROB, los peritos afirman que “no es preciso una especial cualificación para advertir el carácter indebido de un uso de la tarjeta ajeno a la actividad del cargo, siendo que los usuarios pertenecían a la dirección de la entidad o a sus órganos de gobierno y habían tenido responsabilidades y experiencia en puestos de esta índole”.
Los peritos no dejan pasar la oportunidad para hacer una consideración sobre el uso de las tarjetas. “No fue equivalente, ni siquiera parecido”, dicen, “la cuantía y los gastos de su naturaleza” de consejeros como Virgilio Zapatero, del que señalan devolvió por propia iniciativa 11.212 euros, a otros como Matías Amat, quien siguió utilizando la tarjeta durante ocho meses después de cesar como director de participadas, gastando en ese plazo 15.876 euros.