Los barones del PP avalan la negociación bilateral con Sánchez para la financiación autonómica pese al rechazo de Feijóo

“Todos en la misma mesa”. Así quiere negociar el PP de Alberto Núñez Feijóo la reforma de la financiación autonómica que quiere abordar el Gobierno en la presente legislatura y, antes, el reparto presupuestario para 2024. Lo explicó el portavoz parlamentario y mano derecha de Feijóo, Miguel Tellado, el pasado martes en una rueda de prensa en la que acusó al Gobierno de “repartir la tarta a escondidas para dar mayor trozo a los independentistas y perjudicar al resto”. Pero ese “resto”, los barones de la derecha, también van a negociar de forma bilateral con el Ejecutivo.

Así lo han trasladado diferentes presidentes autonómicos del PP en las últimas semanas, tanto en público como en privado. Algunos han pedido ya reuniones bilaterales al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Otros esperan sentarse con la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para abordar la condonación de deuda que se ha abierto tras el acuerdo del PSOE con los independentistas catalanes para la investidura. Y los hay que, como el andaluz Juan Manuel Moreno, reclaman transferencias similares a las que se están negociando con Catalunya, como el servicio de Cercanías, en contra del criterio expresado por su partido.

El perfil de Moreno, quien ya ha cerrado acuerdos tan relevantes como el de Doñana, contrasta con el de otros dirigentes del PP, incluido su líder nacional, reacio a cualquier tipo de pacto con el Gobierno. Ni siquiera para el Consejo General de Poder Judicial, como le reclama Bruselas.

“Yo lo que no voy a hacer es perder recursos”, resumía esta misma semana un barón del PP con mando en plaza al hablar sobre la deuda autonómica. “Otra cosa es cómo se hace”, matizaba. “No voy a perdonar ni un euro”, dijo otro. Todos rechazan de palabra las negociaciones bilaterales, pero algunos ya han pedido por carta al presidente del Gobierno una reunión para abordar esta y otras cuestiones. Y Montero también ha empezado a convocar a sus pares para el inicio de 2024.

El Gobierno de coalición sabe que la financiación autonómica puede romper la aparente unidad de acción que hay en el seno del PP. Montero pilotará una triple negociación: la elaboración de los Presupuestos Generales de 2024, la quita de deuda autonómica a raíz de los acuerdos del PSOE con Junts y ERC y la reforma general del marco financiero de los gobiernos regionales, diseñada antes de la gran crisis de hace una década, todavía con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa. 

El primer punto para medir cómo puede transcurrir la relación entre el Gobierno central y los autonómicos, y las discrepancias que pueden abrirse entre los barones del PP y la dirección de Feijóo, es el trámite presupuestario, que arranca con la votación sobre la llamada senda de estabilidad. Es decir, el nivel de endeudamiento que se permite a las diferentes administraciones del Estado.

El Congreso y el Senado tienen que votar los objetivos de déficit de gobierno y comunidades autónomas. Y el PP se plantea un veto en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. Desde el Gobierno advierten que el rechazo provocaría que las comunidades tendrían menos recursos económicos: un 0% en lugar del 0,1% previsto. “Serían piedras sobre su propio tejado, no tendría sentido”, defendió Montero. Pero en este punto el PP es monolítico, pero porque un 0,1% de déficit para las comunidades autónomas es una cantidad exigua, casi ridícula, según denuncian los propios afectados.

Según ha calculado elDiario.es con datos de 2023, esa décima supondrían 230 millones para Madrid sobre un presupuesto que supera los 25.000 millones. O 160 millones de euros para Andalucía, que gestiona unas cuentas de 40.000 millones. O 37 millones para Aragón, 63 para Galicia, 58 para Castilla y León, 32 para Murcia, etcétera.

La tesis general que defienden los dirigentes del PP es la de votar en contra de la senda de estabilidad. El Gobierno podría recurrir para hacer los Presupuestos a la senda previamente aprobada y aceptada por la UE (cada año se votan las previsiones para el siguiente trienio). Y los de Feijóo podrían mostrar fortaleza y reprochar al Ejecutivo que no quiera negociar o permitir más recursos para las comunidades. Así ha ocurrido ya. Las comunidades del PP votaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en contra de este objetivo de déficit. España prevé cumplir el año que viene con un déficit del 3%. El quid de la cuestión está en cómo se reparte entre administraciones. Según el plan aprobado por el Gobierno, la administración central se queda con un 2,7%, las comunidades con el 0,1% y la Seguridad Social con el 0,2%.

Los consejeros reclamaron a Montero que ese reparto fuera más beneficioso para ellos, pese a que algunas comunidades ya han elaborado sus cuentas para el año que viene con esa referencia del 0,1% que ahora han rechazado. En el PP responden que no pueden asumir que el Gobierno se quede “27 veces más”. Hacienda responde que la administración central asume la mayor parte del recorte del déficit de 2023 (3,9%) a 2024 (3%). De esas nueve décimas menos, la administración central asume cuatro décimas, la Seguridad Social tres y las comunidades, dos. La diferencia es que en los últimos años se usaban tasas de referencia no obligatorias y ahora sí se deben cumplir por la vuelta de las reglas fiscales a Europa. 

Las autonomías van a recibir, además, una gran cantidad de recursos, recuerdan en Hacienda. Más que nunca hasta ahora: 154.000 millones de euros en 2024, un 15% más que en 2023. Un montante que corresponde a las entregas a cuenta en base a la recaudación prevista para este año y la liquidación de 2022, cuando los ingresos superaron la previsión.

La nueva financiación

Todo el que tiene algo que decir sobre presupuestos públicos en España cree que hay que reformar el sistema de financiación, pero pocos creen que se pueda hacer. O no en el corto plazo. De hecho, es uno de los tres asuntos que el presidente del Gobierno quiere tratar con el líder de la oposición en una reunión que sigue sin fecha.

Así las cosas, se ha abierto el melón de una negociación bilateral que en el PP rechazan frontalmente, pero no así en los distintos gobiernos autonómicos, aunque estén en manos del PP y de Vox. “No se negocia entre partidos, sino entre instituciones”, dijo el portavoz parlamentario del PP esta semana. “Con todos en la misma mesa, no de forma unilateral con los que te han dado los votos”, apuntó Tellado.

En el PP de Feijóo utilizan el asunto para arremeter contra el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez y consideran que la negociación es una “moneda de cambio más con sus socios”. Después de decir que deben producirse una “reunión conjunta”, Tellado apuntó que “las comunidades tienen autonomía” para negociar y que “desde Génova no se dirigen gobiernos autonómicos”. 

En Hacienda creen que antes o después se mostrarán las discrepancias que puedan surgir entre el PP nacional y los barones. Esta misma semana, el presidente valenciano, Carlos Mazón, compartió foro con su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso. “Los distintos territorios tenemos nuestra propia personalidad, nuestra propia configuración, nuestras propias características”, reconoció. “Es evidente, y le mando un saludo desde aquí, que Alfonso Fernández Mañueco [presidente de Castilla y León] hablará del peso específico y del coste que efectivamente tiene la dispersión, o la España vaciada. Y es evidente que yo hablaré del peso específico que tiene el concepto poblacional y sobre todo la España superpoblada”, añadió.

No es el único barón que asume en la negociación presupuestaria las comunidades que dirigen no presentarán un frente común. Regiones como Aragón, Galicia o la mencionada Castilla y León ponen sobre la mesa los problemas relacionados con la despoblación o de la elevada edad de muchos de sus habitantes. Madrid, Andalucía o la propia Comunidad Valenciana piensan en el número de personas que viven en dichas regiones.

Tras su reunión con los consejeros de Hacienda, la mayoría de ellos del PP, Montero anticipó que será difícil alcanzar un acuerdo que acepten todas las comunidades. 

La ministra, ascendida a vicepresidenta, trasladó a los territorios que hay que salir de una “posición de máximos” para poder llegar a un acuerdo. Montero mantendrá esta vía multilateral pero, en todo caso, recordó que esta reforma no necesita del voto favorable del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sino de las Cortes Generales (Congreso y Senado), y con una mayoría absoluta que el Gobierno de coalición tiene a su alcance si mantiene los apoyos de la investidura.

Montero situó la pelota en el tejado del PP nacional, por encima de los barones. La vicepresidenta apuntó a que se debería negociar entre partidos, en esa reunión que tienen pendiente Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. “Si los territorios no van a una posición de interés general, serán al final los partidos políticos los que tienen que optar por el modelo que sea mejor para el conjunto del país”, insistió Montero.

Una idea opuesta a la que plantea el PP, que no quiere asumir ese rol negociador consciente de que, sí o sí, habrá territorios que no estén conformes con el resultado final. 

Las quitas de deuda

El tercer lado del triángulo es el de la quita de deuda. El acuerdo de investidura entre el PSOE y ERC incluía este mecanismo para la deuda de las comunidades. De todas, tanto de las que acudieron durante la crisis al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), como los que no.

La primera reacción del PP de Feijóo fue arremeter contra esta medida que permitió a Sánchez su reelección para un tercer mandato. Pero en Génova, dirigida por quienes hasta hace un año presidían una comunidad autónoma, saben que sí puede suponer un alivio económico sensible en el coste de la deuda, especialmente en territorios como la Comunitat Valenciana.

En realidad, todos los gobiernos tienen deuda, bien con el Estado bien con el mercado. La de Mazón es la segunda región más endeudada de España, con casi 60.000 millones. Madrid bordea los 40.000 millones de euros. Uno y otro se mostraron a favor de las quitas esta misma semana en una charla conjunta patrocinada por la gran patronal valenciana.

Las diferentes administraciones se están situando ante un debate del que todavía se desconocen los principales detalles: la cuantía y cómo se calculará. Hay aspectos que sí se conocen. El 20% que se aplicará a Catalunya no será el porcentaje para todas, ya que Hacienda considera que sería injusto para algunos territorios. Tampoco se estimará toda la deuda, sino la que se produjo durante la pasada crisis financiera. Sobre ese endeudamiento se aplicará un sistema de cálculo objetivo que el Gobierno todavía no ha concretado. Tampoco hay calendario. La ecuación utilizada, señalan desde el Ministerio, será igual para todos. En el PP temen una quiebra de su unidad de acción.