“Creemos que hay una esperanza muy abierta. Esta vez sí”, ha dicho, en declaraciones a la prensa, la dirigente del BNG, que este viernes ha registrado ante la Comisión Europea una denuncia “por infracción del Derecho de la Unión por el Estado español” por el caso Alvia, cuyo contenido fue avanzado este jueves por Europa Press.
Miranda ha explicado que la Comisión Europea decidirá si abre un procedimiento de infracción a España “en seis meses aproximadamente”, algo que ha considerado “evidente”. “Porque el propio informe de la ERA ya da indicaciones de que ADIF no hizo un control de riesgos ni en la línea, ni en el material rodante, ni un análisis de control del personal porque hay que controlar las tres partes”, ha justificado.
“Este procedimiento de infracción es la puerta abierta a que la Comisión intervenga, porque el Estado no cumplió la normativa europea y no le exigió a Renfe ni a Adif que hicieran un control obligatorio como exigen las directivas y los reglamentos aplicables en el momento del accidente”, ha precisado Miranda.
La dirigente del BNG ha recordado que la propia comisaria de Transportes, Violeta Vulc, trasladó en una carta a la Asociación de Víctimas del Alvia “que no se niega a que no se abra otro procedimiento de infracción, ya no por la cuestión de la independencia de la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios) sino por la cuestión de la seguridad y del control de riesgo” y, personalmente, también le indicó “claramente” que “no estaba cerrada a otro procedimiento de infracción” en el encuentro que mantuvieron en Estrasburgo en abril.
Miranda se reunirá el próximo lunes con el gabinete de la comisaria y con ella “en el mes de septiembre”. Será entonces cuando le pedirá “políticamente una intervención jurídica de la comisión para que exija que se cumpla la normativa comunitaria”, ha dicho.
LAS VÍCTIMAS, “CANSADAS”
La nacionalista ha dejado claro que las víctimas “están cansadas” después de cuatro años “sin respuesta y de tomadura de pelo” y “de desprecio”, aunque ha admitido que “la única esperanza que queda es que comisaria y la Comisión, que parece que tiene ahora una sensibilidad” hacia el caso.
Además, ha incidido en la importancia de la petición del juez de instrucción del caso del Alvia a la Agencia Ferroviaria Europea para que le remita “un análisis de control de riesgos” y “comprobar si se verificó o no”. “En este caso no se verificó”, ha dicho.
“Por eso ahora el BNG le está pidiendo al juez que traiga a la agencia ferroviaria a comparecer”, algo que “puede dar la vuelta al proceso”, confiando en que el informe de la ERA coincida “con el procedimiento de infracción” de la Comisión.
“España vulneró las normas de seguridad ferroviaria europea de control de riesgo. Ese tren no tenía que estar en marcha”, ha dicho Miranda, que ha apuntado que se hizo “porque tocaba políticamente” que “Galicia tuviese una línea de alta velocidad porque había elecciones”.
“¿Cómo es posible que con un análisis evidente que había por parte de los maquinistas y por parte del personal técnico que decían 'puede haber un riesgo de descarrilamiento en la vía', sobre todo en la curva, porque es muy pronunciada y además hay un muro, no se analizó ese riesgo?”, se ha preguntado, tras recordar que también “había alertas del jefe de maquinistas de Ourense diciendo que se podía producir un accidente”.
Miranda ha dejado claro que la normativa estipula que no se puede “dejar en manos del maquinista” la seguridad, “como se hizo”, y ha recordado que Fomento “era el responsable de que Adif y Renfe controlaran tanto el cambio en el material rodante, como el cambio en la línea y en los posteriores proyectos y modificaciones”. Sin embargo, “se puso en marcha sin controlar ni los cambios en los subsistemas, ni en la vía, ni en la infraestructura, ni en la energía ni en las señalizaciones” ni hacer “una evaluación y un control integral del riesgo”, ha zanjado.
“Es una decisión política, de voluntad y por lo tanto se dejó morir a las víctimas por no cumplir con la normativa europea, porque si no el accidente no se habría producido”, ha dicho, al tiempo que ha advertido de que “puede volver a pasar”. “Porque Renfe, Adif, Fomento y el Gobierno fueron unos tramposos y no cumplieron la directiva de seguridad ferroviaria”, ha sentenciado.
VIGILAR EL PROGRESO EN LA SEGURIDAD
La Comisión Europea “analizará esta denuncia” del BNG y ha confirmado que ha solicitado a la Agencia Ferroviaria Europea un informe sobre la aplicación de la normativa de seguridad ferroviaria y de interoperabilidad en España. “El objetivo es vigilar el progreso en la seguridad y la interoperabilidad en España”, han explicado fuentes europeas consultadas por Europa Press.
“Es demasiado pronto para prejuzgar cuáles serán las conclusiones de este informe y cuáles podrían ser los próximos pasos”, han precisado, si bien han dejado claro que el accidente del Alvia “sigue siendo una cuestión de preocupación”, especialmente respecto a “la independencia plena” de la investigación del accidente de las autoridades españolas.
Por ello, la Comisión también ha pedido a “CIAF que reabra su investigación del accidente” y ha ofrecido su disposición, junto con la de la Agencia Ferroviaria Europea, a dar “cualquier asistencia”, han explicado a Europa Press fuentes europeas.
En la denuncia ante la Comisión Europea, que ha presentado este viernes Miranda en persona, el BNG denuncia el incumplimiento por parte de España de cinco directivas, entre ellas la directiva de seguridad ferroviaria, la directiva sobre indicadores comunes de seguridad y métodos, certificación de los maquinistas de locomotora y sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario, así como de dos reglamentos, los relativos al método común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo y al método común de seguridad para evaluar la conformidad con los requisitos para la obtención de una autorización de seguridad ferroviaria.
Igualmente, España ha incumplido, sostiene en su denuncia, otras nueve decisiones de la Comisión sobre la especificación técnica del subsistema de los sistemas ferroviarios transeuropeo de alta velocidad y su recomendación sobre la autorización de entrada en servicio de los subsistemas de carácter estructural y de vehículos.