La estrategia no es nueva. Hace una década el diputado del PP Rafael Hernando la bautizó como “tiro al calvo”. Una ofensiva implacable contra el tristemente desaparecido Alfredo Pérez Rubalcaba. En el Congreso, en el Senado, en los medios, en la calle… La obsesión de la derecha de entonces con el ministro del Interior, vicepresidente del Gobierno y, años más tarde, candidato socialista a las elecciones generales no tuvo límites. Daba igual que estuviera dentro del Ejecutivo que fuera, como diputado raso, que de todo era responsable y por todo, difamado. Por el caso Faisán, por un supuesto chivatazo al aparato de extorsión de ETA, por los recortes en el Estado del bienestar, por el fracaso escolar, por los atentados del 11M, por un presunto espionaje del CNI a los controladores aéreos en plena crisis de los aeropuertos y hasta por el incremento de mujeres asesinadas por la violencia de género. Siempre lo situaron en el centro de la diana de una oposición, como la de ahora, también faltona, también virulenta, también destructiva… Insultos, calumnias y hasta un intento de agresión tuvo que soportar por parte del bronco Hernando a la salida de una Diputación Permanente.
Hoy el nombre que envenena los sueños de las derechas, que rehabilitaron como hombre de Estado a Rubalcaba cuando dejó la política y le colmaron de elogios tras su fallecimiento, se llama Félix Bolaños y es el actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Hombre fuerte del Gabinete como lo fue en su día el exvicepresidente del Gobierno transmite, para los propios, “idéntica seriedad, profesionalidad y honestidad” a la de Rubalcaba. Y, aunque esté a años luz de sus refriegas parlamentarias, de sus dotes como estratega o de su dominio de la ironía, la oposición le ha convertido también en su objetivo número. Por la amnistía, por los pactos con el independentismo, por lo que llaman una operación de hostigamiento al Poder Judicial, por perseguir el fin del Estado de derecho y por “confundir la convivencia con la indecencia”. Ahí es nada.
Desde el primer día que Sánchez hizo pública la composición del nuevo Gabinete, el PP criticó especialmente la decisión de unir los Ministerios de Presidencia y Justicia al considerar que, al entregar su gestión a su ministro más político, el presidente lanzaba un mensaje claro a Europa y al sistema judicial, “que no es precisamente el de despolitizar la justicia en España”. Esto, además de subrayar que la acumulación de funciones de Bolaños en relación con los tres poderes del Estado “es una muy mala noticia”, ya que dentro de la misma cartera se incluyen también las relaciones con las Cortes. Bolaños coordina la relación del poder ejecutivo con el legislativo y el judicial, lo que no significa que controle ni el segundo ni el tercero, si bien para el PP es todo un mensaje “contra la separación de poderes en nuestro país”.
No han pasado 100 días desde que Sánchez anunció su nuevo gobierno, pero en la diana de todas las críticas, además de Óscar Puente por ser el ministro de verbo más suelto, está cada día el titular de Justicia que, para las derechas, ya es sólo “el ministro de la amnistía”. En la última semana de actividad parlamentaria de diciembre Bolaños tuvo que responder a 15 iniciativas de la oposición: 13 preguntas orales y dos interpelaciones en sólo ocho días. Todas en relación a la amnistía, los pactos con los independentistas catalanes y con EH Bildu, el progresivo deterioro de las instituciones, “la aportación exacta a la convivencia” de la medida de gracia a los líderes del procés o la separación de poderes.
Feijóo ha puesto en manos del intrépido Miguel Tellado y la inflexible Cayetana Álvarez de Toledo la ofensiva parlamentaria contra el ministro. El primero le ha acusado de “nepotismo” y hasta de comprar para Sánchez “los votos que no le dieron los españoles en las urnas” mientras que la segunda le ha tildado de “ministro para la erosión democrática de España” y de “comisario político de Puigdemont” en el Congreso de los Diputados.
Abascal ha delegado la acometida de Vox en su portavoz, María José Rodríguez, y en el diputado Ignacio Gil Lázaro que casualmente también protagonizó, entonces como diputado del PP, las más insultantes preguntas contra el desaparecido Rubalcaba hace una década.
El ministro es también blanco a batir en el Senado, donde el popular José Antonio Monago, le ha interpelado por “su preocupante falta de respeto” hacia la independencia de los jueces y “una actitud general contraria al principio de separación de poderes” y su colega de bancada, Yolanda Ibarrola, lo ha hecho sobre el “posicionamiento unánime de todos los operadores jurídicos en contra de la amnistía”. Ambos con palabras gruesas y con intervenciones atronadoras y con respuestas de Bolaños casi siempre en la misma línea, como la que dispensó en la Cámara Baja a Álvarez de Toledo: “No voy a utilizar su tono faltón y altivo, pero sí le preguntaré cuál es su plan para Catalunya” o “de quiénes están más cerca: de los energúmenos que cantan el Cara al Sol frente a la sede de Ferraz o del PSOE?”
Entre respuesta y respuesta, el titular de Justicia se enfrenta a uno de los mandatos más difíciles en lo que respecta a las relaciones entre los poderes judicial y ejecutivo. Y no sólo por la amnistía, contra la que jueces y magistrados se han manifestado a las puertas de los tribunales antes incluso de que sea aprobada. También por el bloqueo del PP desde hace cinco años de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ahora Feijóo se aviene a revisar con el arbitraje de la Comisión Europea. Y por las continuas acusaciones de guerra judicial contra el independentismo catalán y la izquierda a la izquierda del PSOE que sus socios parlamentarios se empeñan en recordar un día sí y otro también.
En poco más de 30 días al frente de la cartera, Bolaños se ha propuesto como objetivo prioritario pacificar las relaciones entre poderes, contemporizar con los togados y allanar el camino para la renovación del órgano de gobierno de los jueces. De ahí que el pasado 15 de diciembre telefonease a tres de los jueces vinculados a procesos contra los independentistas: Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo y, por tanto, del juicio del procés; Pablo Llarena, instructor de la causa del procés y Carlos Lesmes, expresidente del Consejo General del Poder Judicial. Las llamadas tuvieron lugar después de que los tres fueran citados expresamente en la tribuna del Congreso por la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, para calificarles de “indecentes” y dijera de alguno de ellos que, en un país civilizado, hubiera sido “juzgado y condenado”.
Días más tarde, en su reunión con el presidente del Supremo del pasado 21 de diciembre, Bolaños logró al menos que Francisco Marín Castán agradeciera “las manifestaciones en defensa de jueces y magistrados hechas por el ministro en los últimos días”, después de pedir, eso sí, que el Gobierno “pusiera todos los medios a su alcance para que cesen los ataques al Poder Judicial, como los vistos en las últimas semanas tanto en el Congreso como en el Senado”. Algo es algo, aunque el ministro es muy consciente tanto del malestar que reina entre los magistrados con el Gobierno de Sánchez como de que la ofensiva de las derechas no cejará.
Pese a todo, en lo que respecta al señalamiento público de los togados, al ministro no le dolerán prendas en marcar distancias con el partido de Puigdemont. Y el primer paso ha sido que el propio Sánchez haya confirmado personalmente que el PSOE no apoyará la comparecencia de magistrados ante las comisiones de investigación creadas en el Congreso de los Diputados para investigar la Operación Catalunya, los atentados de Barcelona de 2017 o el espionaje con Pegasus.