Bruselas propone por fin proteger a los denunciantes de corrupción, pero con una pequeña trampa
La Comisión Europea ha hecho pública este lunes su primera propuesta para proteger a los alertadores, denunciantes de corrupción o whistleblowers a nivel comunitario. Se trata de una directiva europea que aspira a fijar unas garantías mínimas para que los “trabajadores” puedan dar parte de las irregularidades o malas prácticas de las que sean testigos y vayan en contra de los intereses del resto de ciudadanos, sin sufrir represalias del poder político o económico por ello.
No es casual que el texto de la directiva, que entrará ahora en proceso de negociación con el Parlamento y el Consejo europeos, utilice el término “trabajadores” en vez de otro más amplio en el que puedan cobijarse todos los ciudadanos. Tanto la Comisión como la Eurocámara se han mostrado convencidos de la necesidad de sacarlo adelante, pero las dificultades que Bruselas ha encontrado en el ámbito competencial han retrasado dos años la presentación de la propuesta y limitado su alcance.
El temor de la Comisión a pisar terrenos que son competencia de los estados miembros (en este ámbito Bruselas solo tiene la competencia exclusiva para legislar en materia de política comercial o para asegurar la competencia en el mercado interior) ha llevado a que el texto presentado tenga un cariz netamente económico. Se centra en los beneficios que la protección de los alertadores tendría para el mercado y los consumidores.
En este sentido, el uso del concepto “trabajadores” podría derivar en que los estados miembros, al adaptar la directiva a sus respectivas legislaciones, establezcan como requisito para acceder a la protección tener un contrato laboral con la institución sobre la que se alerta. “Esto dejaría fuera a activistas o hackers”, revela Simona Levi, portavoz de Xnet, el grupo español miembro de la coalición de unas organizaciones de la sociedad civil que han presionado durante dos años a Bruselas sobre la necesidad de sacar adelante el texto. Una alternativa más segura habría sido el término “consumidores”, precisa.
“Durante un tiempo la comisión no quiso tratar el tema porque alegaba que era una competencia estatal. Al final la vía que ha encontrado es entrar por una materia que sí es de su competencia, como los derechos de los trabajadores y los consumidores”, explica Levi. A pesar de ello, o del hecho de que no haga una referencia explícita a la posibilidad de hacer denuncias anónimas -algo que consideran “condición sine qua non”-, estas organizaciones han valorado como “un hecho histórico” la presentación de la propuesta de directiva.
“La coalición ha luchado para lograr convencer a la Comisión Europea de que esto era legalmente posible y además ha obtenido que incluya casi todos sus recomendaciones”, exponen. Esperan que los problemas se limen en el proceso de negociación con el Parlamento y el Consejo. Además, señalan que este texto se trata de un “aspecto particularmente relevante para España” dada la negociación de una norma de protección de alertadores a nivel estatal, que Xnet considera “una ley trampa”.
España, único país de la OCDE que no protege a sus whistleblowers
La iniciativa de la Comisión Europea responde a la necesidad de armonizar “un nivel alto de protección” para los denunciantes de corrupción a nivel comunitario, ha explicado Bruselas en un comunicado: “Los ciudadanos que revelen actividades ilegales no deben ser castigados por su actuación”. Actualmente, ese nivel de protección, o incluso su misma existencia, quedan a decisión de cada estado.
Uno de los mejores ejemplos de las desigualdades que se derivan de esta situación es España, el único país de la OCDE que no protege a los denunciantes a nivel estatal ni mediante una ley específica ni en el articulado de otras normas, según el último análisis de la organización.
El vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, ha opinado este lunes que “muchos escándalos recientes podrían no haber salido nunca a la luz si personas de dentro no hubieran tenido el valor de expresarse. Sin embargo, al hacerlo asumieron riesgos enormes”. El neerlandés ha señalado que proteger a los alertadores es “prevenir” en cuestiones como “el fraude, la corrupción, la elusión del impuesto sobre sociedades o daños a la salud y el medio ambiente”.
La ley española que aspira a hacerlo pasó a principios de año el período de tramitación de enmiendas y se encuentra en el último tramo de la negociación antes de pasar a votación en el Pleno del Congreso. Propuesto por Ciudadanos, el texto fue muy criticado por el resto de partidos de la oposición y por organizaciones como Xnet y otras que apoyan a los denunciantes, puesto que establecía que solo los funcionarios podrían optar a la protección, no contemplaba la posibilidad de hacer denuncias anónimas y establecía la creación de un regulador independiente con poderes para investigar sin mandato judicial.
