El Partido Popular ha convertido su bulo acerca de las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las macrogranjas en uno de sus principales puntales de la precampaña de las elecciones de Castilla y León del próximo 13 de febrero. El equipo de Pablo Casado considera que alimentar la polémica le beneficia electoralmente en los comicios de una comunidad en la que la economía rural tiene un peso destacado y por eso trata ahora de estirar esa disputa con el Gobierno forzando un debate en la Diputación Permanente del Congreso, que se celebra este martes. Apenas dos días antes del comienzo oficial de la campaña, el máximo órgano parlamentario de decisión en periodos inhábiles –como el mes de enero– discutirá y votará si tanto Garzón como el ministro de Agricultura, Luis Planas, deben comparecer de forma urgente para dar explicaciones sobre las declaraciones del primero.
La redacción de las solicitudes de comparecencias registradas por el PP ahonda precisamente en el bulo difundido por las derechas, asumido también por parte de algunos dirigentes del PSOE –como los presidentes de Aragón y Castilla-La Mancha, Javier Lambán y Emiliano García-Page, respectivamente–, acerca de lo que dijo Garzón en la entrevista concedida al periódico británico The Guardian y que fue publicada el pasado 26 de diciembre. El enunciado pide que declaren los ministros de Consumo y Agricultura “para informar sobre las graves declaraciones” de Garzón que, según entrecomillan los populares, afirmó que “España exporta carne de mala calidad y que no respeta el bienestar animal”.
En realidad, el ministro de Consumo nunca pronunció esa frase que ahora entrecomilla el PP. Garzón se limitó a asegurar, según la transcripción de la entrevista al medio británico facilitada por el propio ministro, que la de las macrogranjas “es una carne de peor calidad” que la de la agricultura extensiva, que esas explotaciones provocan “maltrato animal” así como “un impacto ecológico descomunal y desproporcional”. También mostró en el medio inglés su respaldo al sector de la ganadería extensiva, recordando que esta “tiene mucho peso” en regiones como “Asturias, parte de Castilla y León, incluso Andalucía o Extremadura”.
Aunque esa entrevista se publicó el 26 de diciembre, no fue hasta el 3 de enero cuando las derechas –políticas, pero también mediáticas– iniciaron una guerra sin cuartel contra el ministro, al que acusaron de “atacar” a la ganadería. El primer político en difundir el bulo fue precisamente el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha sido quien ha adelantado las elecciones en su comunidad y que aspira a la reelección como cabeza de lista del PP por Valladolid. “Qué ha hecho Castilla y León para que el Gobierno de España ataque de nuevo a nuestros ganaderos. No lo vamos a admitir. Nos tendrán enfrente en la defensa de los hombres y las mujeres del campo. El ministro de Consumo tiene que rectificar ya o dimitir”, señaló Mañueco en un tuit en el que enlazaba a una noticia que manipulaba las declaraciones de Garzón publicada en una web de la industria cárnica.
“Es inaceptable que el Gobierno diga a la prensa extranjera que 'España exporta carne de mala calidad de animales maltratados'. Otro ataque a ganaderos y agricultores y a la imagen de nuestro país. Exigimos responsabilidades y una rectificación inmediata”, añadió, por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, en otro tuit. La cuenta oficial de Vox añadió: “Es indignante que un ministro se dedique a señalar y desprestigiar a nuestros ganaderos cuando concede entrevistas a medios extranjeros”. “Alberto Garzón ha vuelto a despreciar a un sector fundamental de nuestro país. En esta ocasión le ha tocado al de la carne sufrir su alto nivel de desconocimiento y sectarismo. España no se merece un ministro como este y forzaremos que el Congreso vote su reprobación”, dijo, además, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.
También hubo críticas desde las filas del PSOE a pesar de que Garzón –dirigente de Izquierda Unida– forma parte del Gobierno de coalición entre socialistas y Unidas Podemos. El socialista Javier Lambán, presidente de Aragón, pidió directamente la dimisión del ministro y señaló que esas “desgraciadas e insensatas declaraciones” eran una “agresión directa a una parte importante de la economía aragonesa, que se esfuerza por ser competitiva y sostenible”. “Es en sí mismo un insulto a la inteligencia”, escribió en Twitter. El presidente de Castilla-La Mancha, el también socialista Emiliano García-Page –cuyo Gobierno impulsó y contribuyó a aprobar en el parlamento autonómico la moratoria indefinida para que precisamente no se puedan tramitar nuevos proyectos de macrogranjas–, le pedía que rectificara, mientras la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, se desmarcaba de las palabras y decía que Garzón las había pronunciado “a título personal”.
En un principio esa fue la consigna oficial de la parte socialista del Ejecutivo: que el ministro de Consumo había realizado esas declaraciones “a título personal”, mientras que los ministros de Unidas Podemos respaldaron a su compañero de filas. Es más, Planas, titular de Agricultura, sostuvo el 11 de enero en una entrevista en Onda Cero, que la “polémica” era “lamentable” porque “pone en tela de juicio a los ganaderos” y criticó a su compañero en el Gobierno por “no haber tenido la comunicación previa de rigor” en un tema de su competencia. “Yo soy el ministro de Alimentación. Si alguien habla de eso, lo normal es que me llame”, dijo.
Cuando el PP criticaba las macrogranjas
Desde el 3 de enero, durante las fiestas de Reyes y en las semanas posteriores, las derechas aprovecharon cualquier intervención para solicitar la dimisión de Garzón a pesar de basar esa exigencia en unas declaraciones manipuladas. El PP utilizó el bulo, promovido por el lobby cárnico, para la campaña de Mañueco, pero se situó a la vez como defensor de una parte de la industria que recibe fuertes críticas en la España rural, también por parte de alcaldes o dirigentes del PP, que han tenido que autoenmendarse o, directamente, borrar su pasado.
Uno de los ejemplos está en Castilla-La Mancha, donde el PP promocionó en Twitter en el pasado reciente la creación de plataformas contra las macrogranjas, recomendó la lectura de informes que alertan sobre las consecuencias para la salud que tienen o señalaba al Gobierno del socialista Emiliano García Page como único responsable de que estas explotaciones se construyeran. Hoy no queda rastro de esos tuits porque el partido los borró, después de que volvieran a la luz pública. En las últimas semanas, Mañueco ha asegurado que “el concepto de macrogranja no existe” mientras, prácticamente al mismo tiempo, Casado denunciaba las palabras de Garzón sobre la agricultura intensiva pero desde una granja de agricultura extensiva, en la que los animales pastan en semi libertad.
La narración falaz dominó la escena y el debate político-mediático durante casi dos semanas, con numerosas entrevistas, tanto a dirigentes de las derechas como a Garzón, centradas en la polémica de las macrogranjas. Pero la semana pasada el PSOE quiso poner fin a la disputa al entender que, sumándose en algunos casos a criticar al ministro de Consumo, los socialistas habían regalado 10 días de precampaña a las derechas. La orden lanzada por Moncloa fue entonces que no habría más entrevistas ni de un lado ni de otro de la coalición para “alimentar un falso relato de la derecha”. La consigna de bajar los decibelios ha sido asumida por todos los miembros del Consejo de Ministros, que ahora pretenden marcar la agenda con materias sociales y datos sobre recuperación económica.
Este martes, sin embargo, la polémica volverá a centrar la atención mediática por el debate que generarán en la Diputación Permanente del Congreso las solicitudes de comparecencia del PP para Garzón y Planas que previsiblemente decaerán por el rechazo de los grupos del Gobierno y de sus socios parlamentarios. En esa misma reunión se debatirá sobre la celebración de sesiones extraordinarias de comisión para las comparecencias, en su caso, de otros seis miembros del Ejecutivo, siempre a petición del PP. Los de Casado han solicitado también las comparecencias de las vicepresidentas primera y tercera y de los ministros de Sanidad, Hacienda y Función Pública, Justicia y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Pleno extraordinario para convalidar decretos
Por la tarde tendrá lugar el primer pleno del año, uno que será de carácter extraordinario y que ha sido solicitado por el Gobierno para convalidar tres reales decretos ley de medidas para La Palma, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y de medidas en el ámbito energético. Esta última norma prorroga la aplicación del IVA del 10% en la factura de la luz y los descuentos extraordinarios en el bono social para consumidores vulnerables y mantiene el IVA del 4% en las mascarillas quirúrgicas. Por otro lado, incluye medidas para fomentar la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos y los proyectos de autoconsumo y se modifican también los plazos intermedios de los trámites administrativos para la autorización de nuevas plantas de energías renovables.