El marcaje entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso es total. Pese a escenificar actos de unidad con periodicidad mensual, los recelos entre Génova 13 y la Puerta del Sol no menguan y exceden ya el ámbito interno. La competición ha llegado a uno de los tótems electorales de la derecha: la seguridad y el respaldo a policías y guardias civiles. Un asunto en el que el PP ha perdido su hegemonía en los últimos años a favor de Vox, que ha tejido importantes complicidades con sindicatos como Jupol, mayoritario en la Policía Nacional y que ha protagonizado manifestaciones frente al Congreso donde rompieron el propio cordón policial y lanzaron bengalas.
Esta vez ha sido la presidenta madrileña la que ha ganado por la mano a su jefe de filas con una defensa cerrada de la ley mordaza, que el Gobierno prevé derogar en parte, y de los agentes de la autoridad. Ayuso se reunió el pasado viernes en la sede del Gobierno regional con una decena larga de sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de guardias civiles. No faltaba casi ninguno, desde el mencionado Jupol a su hermano en la Benemérita, Justicia para la Guardia Civil (Jucil); el Sindicato Unificado de Policías (SUP); la Unión Federal de Policía de Madrid; el Sindicato Profesional de Policía (SPP); la delegación de Madrid de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC); Independientes Guardia Civil; la delegación madrileña de Asociación Española de Guardia Civil; la Asociación de Cabos de la Guardia Civil (APC); la Unión Oficiales de la Guardia Civil; el Sindicato de Policía Nacional CEP; y la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil.
La reunión no estaba convocada por el Gobierno regional, o al menos no figuraba en las previsiones que envía diariamente la Dirección General de Medios de Ayuso. Fuentes del Gobierno autonómico aseguran a elDiario.es que la cita se cerró “a última hora del jueves” y que toda la gestión fue realizada por el gabinete de la propia Ayuso, pese a que las competencias son de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior que dirige Enrique López, quien también asistió al encuentro, celebrado en la sede del Ejecutivo en la Puerta del Sol, informa Fátima Caballero. El Gobierno regional envió un comunicado que fue luego replicado por las agencias.
La presidenta autonómica se volvió a enfundar el traje de líder estatal, tal y como le recomendó José María Aznar, y fue la primera dirigente del partido en anunciar que va a secundar las manifestaciones que han convocado las mismas asociaciones para finales de noviembre contra la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana que tramita el Gobierno.
Una protesta que no se había pactado, ni comunicado formalmente, hasta este lunes. El mismo día en el que Pablo Casado planteó ante el Comité de Dirección del PP su apuesta por sumarse a la marcha. El presidente del partido anunció a su ejecutiva que se iba a reunir con las asociaciones convocantes este martes en el Congreso.
Fuentes de la dirección aseguran a elDiario.es que la cita de su presidente con los representantes de policías y guardias civiles llevaba “días preparándose” y restan importancia a los movimientos de Ayuso, que circunscriben al “ámbito regional” y al mismo nivel que otros líderes regionales que también secundarán las protestas.
Revertir la derogación de la ley mordaza
La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, también ha acudido este martes a la reunión con las asociaciones y sindicatos policiales. En una rueda de prensa posterior a la cita, Gamarra ha asegurado que con la derogación parcial de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, “el Gobierno aboga por la impunidad” porque “se desprotege a los ciudadanos, desprotegiendo además a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.
La reforma, que se tramita en el Congreso a iniciativa de PSOE y Unidas Podemos, plantea una reducción de las multas económicas y del tiempo de detención, pero queda lejos de los planteamientos de ambos partidos cuando estaban en la oposición. Entonces, prometieron una derogación total de una norma impulsada por el PP de Mariano Rajoy. Las dos formaciones han consensuado un mecanismo de ponderación para determinar el coste de las multas por el que, si los sancionados cobran un salario que suponga entre 1,5 y 2,5 veces el SMI, se reducirá la cantidad a abonar.
El PSOE y Unidas Podemos también han planteado eliminar la sanción por fotografiar o difundir imágenes de agentes, aunque sí se mantiene la infracción si el uso de esas fotografías o vídeos afecta a la intimidad de los policías y guardias civiles o pone en riesgo “el éxito de una operación”. Un aspecto que el Tribunal Constitucional ya limitó en una sentencia de 2020 al considerar que la redacción de la norma suponía “censura previa”. En la proposición que se debate en el Congreso se mantiene la infracción si el uso de esas fotografías o vídeos afecta a la intimidad de los policías y guardias civiles o pone en riesgo “el éxito de una operación”.
“Se arman políticamente para la vuelta a la oposición y calentar las calles cuando allí los vuelvan a situar los ciudadanos, buscando la impunidad”, ha dicho Gamarra. Inmediatamente, la dirigente del PP ha anunciado que su partido se sumará a las movilizaciones convocadas por policías y guardias civiles para los días 24 y 27 de este mismo mes.
Jupol, el sindicato alineado con Vox
Las movilizaciones de los agentes han sido algo habitual en los últimos años, especialmente desde la aparición de Jusapol –ahora denominado Jupol–, un sindicato que ha experimentado un fuerte crecimiento en las elecciones en la Policía Nacional gracias a su reclamación de la equiparación salarial con policías autonómicas. En las últimas elecciones sindicales fue la opción más votada.
Jusapol y sus miembros han protagonizado algunas polémicas, como la de Alejandro León, quien aparecía en un vídeo difundido en redes sociales con una navaja en la mano y diciendo, mientras reía, “que se preparen los MENA”. El sindicato también ha tenido muchos problemas internos, con el cese de su líder y la creación de una gestora por la gestión económica de la organización.
León difundía también habitualmente los apoyos que recibían de Vox. El partido de ultraderecha ha logrado introducirse en estos ambientes que hasta ahora eran casi un monopolio para el PP, compartido después con Ciudadanos. Los tres partidos han competido en los últimos años por capitalizar las protestas de policías y guardias civiles. Muchas de estas manifestaciones se han celebrado frente al Congreso, donde los agentes de paisano llegaron a ignorar a sus propios compañeros rompiendo el cordón policial.
Pese a ello, recibieron el aplauso y el cariño de PP, Vox y Ciudadanos. Lo mismo ocurrió meses después, cuando se celebró otra manifestación en la Carrera de San Jerónimo, donde fueron recibidos por la plana mayor de Vox.
Eso fue en septiembre de 2020. En mayo, un grupo de Jusapol se manifestó frente a la casa del exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero. Fue la primera de una serie de protestas que derivaron en un acoso continuo a los dos dirigentes de Podemos y que concluyeron con la salida de Iglesias del Gobierno. Entre los convocantes habituales de aquellas protestas en Galapagar (Madrid) había afiliados y dirigentes de Vox en la localidad.
En 2017 fueron también supuestos miembros de Jusapol quienes se citaron a través de WhatsApp para protestar en Zaragoza contra la Asamblea organizada por Unidas Podemos a favor del diálogo político en Catalunya, y que fue rodeada por manifestantes ultras durante horas, reteniendo en el recinto a diputados y cargos institucionales autonómicos.
La defensa política de la “seguridad” basada en los medios policiales ha sido una constante para el PP. Un espacio en el que siempre se ha movido con comodidad al tener la hegemonía discursiva en el arco político. Ahora, tienen que competir con Vox, con una posición mucho más dura. Por si no fuera suficiente para Casado, también Ayuso trata de situarse a su nivel, en otra escaramuza dentro de la batalla por el control del PP de Madrid.