Casado exige que Sánchez se comprometa a no indultar a los condenados: “Quién la hace la paga”

El líder del PP, Pablo Casado, ha expresado su respeto a la sentencia del 'procés' y ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que se comprometa a no indultar a los condenados por sedición y malversación, de forma de se ponga al lado del Tribunal Supremo y no busque un “atajo político” dejando una puerta abierta para una posible investidura en el futuro.

“Quién la hace la paga”, ha resaltado Casado en una entrevista en Antena 3, después de conocer que el Tribunal Supremo ha condenado al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras a 13 años de prisión, 11,5 a la expresidenta del Parlament Carme Forcadelll y nueve años a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, entre otros.

El presidente del PP ha admitido que se trata de la sentencia “más relevante de la historia democrática en España después del 23-F”. “Desde el PP respetamos esta sentencia y además valoramos el trabajo de la Sala y, en especial de su presidente, Manuel Marchena”, ha manifestado.

APOYO AL GOBIERNO PARA PRESERVAR ORDEN PÚBLICO

Dicho esto, ha mandado un “mensaje de tranquilidad” a todos los catalanes y los españoles en su conjunto porque, según ha insistido, “quién la hace la paga”. Según ha añadido, quien atenta contra el orden público, va contra las leyes y la convivencia tiene “un reproche penal muy elevado” recogido en ordenamiento jurídico.

Casado ha subrayado que ahora tienen que “poner las medidas para que esto no se revuelva” y “preservar el orden público a través de la legislación en vigor en caso de que hubiera algún tipo de insurrección, tal y como ha amenazado el presidente de la Generalitat y el presidente del Parlamento de Cataluña”, Quim Torra y Roger Torrent, respectivamente.

El líder del PP ha trasladado su apoyo al Gobierno para defender la legalidad. “El PP ha dicho desde el principio, en público y en privado, que va a estar al lado del Gobierno para que haga cualquier medida para preservar el orden público y evitar este tipo de actuaciones violentas en las calles”, ha resaltado.

Eso sí, ha solicitado a Pedro Sánchez que “afirme que no va a indultar a estos condenados ya por el Tribunal Supremo” y ha recordado que su formación lleva un año exigiendo este compromiso al presidente del Gobierno. Además, ha señalado que hace tres años registraron una modificación de la Ley del Indulto para que prohibiera esa medida a condenador por sedición o rebelión.

“Por eso es muy importante hoy para tranquilidad de los catalanes y para que no exista una impunidad política en pleno proceso electoral, que Pedro Sánchez se comprometa en no indultar a estos condenados ya por el Tribunal Supremo”, ha abundado, para agregar que ese compromiso debería exponerlo hoy mismo.

LAS LEYES QUE PUEDE APLICAR SÁNCHEZ

En este punto, ha advertido de que Sánchez está “obligado” a aplicar la ley en vigor y, por tanto, si hubiera algún tipo de “sabotaje” a las comunicaciones o “confrontación en las calles” tiene que aplicar de “inmediato” la Ley de Seguridad Nacional con la que el Gobierno “coordina todas las Fuerzas de Seguridad del Estado y puede suprimir la mal llamada de agencia de inteligencia catalana (Cesicat)”.

También ha aludido a la Ley de Partidos Políticos, que está en vigor desde 2002, y tiene “consecuencias” en caso de que un partido “aliente la violencia o la justifique”; y a la Ley de Financiación de Partidos Políticos para que una formación con líderes “condenados por rebelión y sedición no pueda obtener ninguna subvención pública que luego utilice para algaradas o para justificación de la independencia”.

Además, ha señalado que la Ley de Acción Exterior permite “cerrar inmediatamente Diplocat”, las “mal llamadas embajadas con las que se hace propaganda negra a la democracia española en el exterior”; y que la Ley General Penitenciaria impide que haya “discrecionalidad” con los presos independentistas que han sido condenados.

Casado ha afirmado que el PP tiene un “plan de Gobierno”, de forma que aplicaría estas medidas si el 10 de noviembre los españoles le dan la confianza para gobernar. “Si eso es así, recuperaremos las transferencias en la Administración General Penitenciaria a algunas comunidades autónomas porque lo que hemos visto en Lledoners no es de recibo”, ha afirmado, para añadir que en los países desarrollados no hay regímenes penitenciarios “diferenciados”.

Asimismo, el presidente del PP ha exigido a Pedro Sánchez que rompa los acuerdos que tienen los socialistas catalanes con ERC y JxCAT en 40 municipios de esa comunidad y en la Diputación de Barcelona si quiere ser “creíble” al decir que va a aplicar la ley.

EVITAR EL “ATAJO POLÍTICO”

Casado ha afirmado que el Gobierno de Sánchez no puede buscar un “atajo político” para intentar tener una relación con esos partidos independentistas que le apoyaron en la moción de censura y a los que “debe” su presidencia“. Tras recordar algunas declaraciones de cargos del PSC o del Gobierno a favor de esta posible medida de gracia, ha insistido en que Sánchez debe ”comprometerse“ a que no va a ”enmendar la plana“ al Tribunal Supremo y que no les va a ”indultar“.

En este sentido, el líder del PP ha hecho hincapié en que si ERC y JxCAT “han puesto a Sánchez en la Presidencia del Gobierno”, el jefe del Ejecutivo en funciones debe dejar “muy claro hoy” que está con el Supremo y no deja la puerta “entreabierta para un puñado de votos en una posible investidura si gana las elecciones” del 10 de noviembre.

TIPIFICAR EL REFERÉNDUM ILEGAL

Casado ha señalado que aparte de modificar la Ley de Indultos, el PP ya planteó también introducir en el Código Penal el delito por referéndum ilegal, un tipo penal que estaba tipificado cuando se actuó contra el llamado 'plan Ibarretxe' pero que suprimió después el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. En su opinión, si existiera ese delito ahora “no habría habido consulta, referéndum ilegal ni declaración de independencia (DUI)”.

De la misma manera, ha asegurado que él ya se mostró partidario al llegar a la Presidencia del PP de introducir el delito de sedición impropia en el Código Penal que fue suprimido en 1995. A su entender, se trataría de contemplar algún tipo de rebelión en la que “no tenga que concurrir la violencia”.

Además, ha destacado que la sentencia no es resultado de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña sino que se debe a que en 2017 el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, con el apoyo institucional del Gobierno presentó una querella contra los hoy condenados.

Casado ha finalizado mandado de nuevo un mensaje de “tranquilidad” y de “confianza en el Estado de Derecho”. “El orden público tiene que prevalecer, el PP va a estar a la altura y el Gobierno tiene la responsabilidad de que eso se cumpla y legislar para que no se repitan estas actuaciones”, ha concluido.