De Catalunya a los precios de la luz y la vivienda: las urgencias del Gobierno cambian ante el inicio del curso político

Después de un año y medio, prácticamente desde el inicio de la legislatura, dedicado a hacer frente a la pandemia y sus consecuencias, el Gobierno de coalición despidió el curso político enfocado hacia la recuperación económica, y la normalización de relaciones con Catalunya. Así se entiende la tramitación de los indultos de los presos independistas, que han sido recurridos por la derecha, y la reunión bilateral entre los presidentes, Pedro Sánchez y Pere Aragonés. Ambos acordaron en su cita de finales de junio que en septiembre tenga lugar una nueva reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat.

El objetivo es pacificar las relaciones entre ambas administraciones, rotas durante años por el procés independentista, y buscar vías de solución al conflicto político abierto desde hace una década. La parte socialista del Gobierno se abre a una reforma de la Constitución que aborde el encaje de Catalunya en el Estado, mientras desde Unidas Podemos abogan por un referéndum de autodeterminación como el que reclaman las fuerzas independentistas.

La cita llegará en cualquier caso marcada por los permanentes ataques de las derechas a ese diálogo. El PP, principal partido de la oposición, acusa al Ejecutivo de “plegarse” a las exigencias de los independentistas para que Sánchez “se mantenga en el poder” y para “romper España”. Pero la reunión también estará determinada por la reunión bilateral protagonizada por ambas administraciones el pasado día 2, en la que tomaron una polémica decisión que ha abierto grietas tanto en el Gobierno español como en la estabilidad de la Generalitat: la ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas - El Prat de Barcelona, con una inversión de 1.700 millones de euros.

El acuerdo, cerrado entre el Ministerio de Transportes, en manos de la socialista, Raquel Sánchez, y el vicepresident del Govern catalán, Jordi Puigneró, de Junts, es visto con recelos por sus respectivos socios. El impacto medioambiental de la ampliación que choca con los compromisos ambientales del Gobierno, sumado a la demanda de reducción de emisiones de contaminantes del sector ante la actual emergencia climática y la reciente caída del tráfico aéreo debido a la pandemia hicieron que el proyecto se haya rechazado no solo desde colectivos ecologistas sino también desde Unidas Podemos, uno de los socios del Ejecutivo del Estado, y desde sectores ERC y los 'comuns', que lideran la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.

Una vez cumplido el objetivo de que el 70% de la población estuviera vacunada en agosto –que se espera lograr en los próximos días–, Sánchez confía en que la segunda mitad de la legislatura sea de buenas noticias para los ciudadanos: no solo por que remita la pandemia, también por los 70.000 millones que van a llegar de Europa y a los que fía no solo la recuperación de la economía sino también la aprobación de unos presupuestos expansivos de cara a 2022. Con esa filosofía llevó a cabo la crisis de Gobierno y la sustitución de seis ministros del ala socialista antes de las vacaciones.

Ese era el calendario de Moncloa, pero este verano se han colado nuevas urgencias para el Gobierno, asuntos muy sensibles para la coalición, fundamentalmente la sucesión de récords del precio de la electricidad, que se ha duplicado durante la última semana y ha alcanzado cinco récords históricos consecutivos, coincidiendo además con la ola de calor que ha asolado a gran parte de la Península. El jueves, la vicepresidenta Ribera se abrió por primera vez a abordar un tema que hasta entonces era tabú en el ala socialista del Ejecutivo pero que ha sido reclamado insistentemente por Unidas Podemos: la creación de una empresa pública de energía que gestione las concesiones hidroeléctricas cuando vayan venciendo. 

Se trata de una vieja reivindicación del grupo confederal que en los últimos meses había rechazado públicamente la propia ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Pero el jueves, horas antes de que el denominado pool encadenase su quinto récord histórico consecutivo, la vicepresidenta tercera rompía un silencio de varios días y en una entrevista en la SER, abría la puerta a la posibilidad de “disponer de toda la energía hidroeléctrica a través de un sistema concesional, a través de una empresa pública, según se vayan liberando las concesiones hidroeléctricas, que permita intervenir o facilitar otra manera de ofertar energía”.

El viernes, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, confirmó que el Gobierno trabaja en la creación de esa empresa pública ante la escalada del precio de la luz, pero insistió en que será una vez terminen las actuales concesiones, por lo que se trataría de una medida “a medio y largo plazo”. “Una de las posiciones que se plantea es que pueda haber una empresa pública, cuando terminen las concesiones en todo caso, porque la seguridad jurídica es muy importante, y hay que ver también las condiciones de las concesiones una vez que concluyan. Es una de las medidas que se están trabajando, pero sería en el medio y largo plazo”, indicó Bolaños.

Un día después, el sábado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue un paso más allá y planteó “intervenir en los precios de la energía y regularlos” porque “la luz es un derecho fundamental”. A su juicio, el precio de la luz, los carburantes, la dificultad para acceder a una vivienda o la precariedad laboral “son problemas estructurales y heredados que afectan al día a día de la ciudadanía”. “Y este Gobierno tiene la obligación de darles respuesta”, zanjaba, en una entrevista en Ctxt.

Unidas Podemos carga contra las eléctricas

Esta propuesta y la de la creación de una empresa pública de energía no figuraban en los acuerdos del Gobierno de coalición, que sí prometía, entre otras cosas; aprobar el Plan Nacional de Energía y Clima, la “reforma del mercado eléctrico y bajada de la factura”, la puesta en marcha de un nuevo sistema de subastas de energías renovables o atajar los “beneficios caídos del cielo” de hidráulica y nuclear.

Un asunto, este último, para el que el Gobierno ha remitido ya un proyecto de ley al Congreso que busca minorar la retribución extra que reciben estas dos tecnologías por el encarecimiento del CO2, al que no hacen frente. La propuesta, planteada cuando empezaba a arreciar la espectacular escalada de los últimos meses, y coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva factura en junio, ha llevado a las eléctricas a amenazar con adelantar el cierre de las nucleares, indispensables para la transición energética.

Antes del anuncio de Ribera y la petición de Díaz, en la última semana desde Unidas Podemos su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, había avisado de que su grupo se opondría “en la calle, en el Gobierno y en el Parlamento” a lo que considera un “saqueo” por parte de las eléctricas por la constante subida de la factura de la luz, lanzando además un mensaje al PSOE, su socio en el Ejecutivo: “Quien no quiera seguirnos, que se retrate”. Aunque Echenique centró sus críticas contra el “oligopolio” de las eléctricas, el dirigente de Unidas Podemos se sumó así al desfile de partidos que presionan al Gobierno ante esta nueva alza de los precios. El PP, principalmente, pero también Vox y Ciudadanos. 

Frente a la cautela de los socialistas, Unidas Podemos critica que las compañías eléctricas fijen “el precio especulativamente para forrarse a costa de las familias y pequeños negocios” y, para impedirlo, propone una reforma del mercado eléctrico “poniendo precios máximos a las diferentes tecnologías que estén basados en los costes reales de producción”. “Por eso también hay que crear una empresa pública de energía, porque la energía es un bien de primera necesidad”, sostuvo Echenique un día antes de que Ribera se abriese a esa posibilidad. P

reguntada por las palabras de Echenique, la vicepresidenta aseguró el viernes en La Sexta que “quien diga que hay alguna medida que pueda cambiar las cosas de un día para el otro, con una publicación en el BOE de algo mágico o bien no tiene ni idea de lo que está hablando o bien está haciendo demagogia barata”.

La negociación sobre los precios del alquiler

Otro conflicto abierto que los socios del Gobierno deben abordar a la vuelta del verano es la limitación de los precios del alquiler, una cuestión que sí se contempló en el acuerdo de coalición, pero que, un año y medio después, sigue encallada, ya que la fórmula para regular esos precios ha sido el principal motivo de discrepancia entre los dos partidos presentes en el Ejecutivo.

Tras el cambio de carteras propiciado por Pedro Sánchez a mediados de julio, en Unidas Podemos tienen expectativas en la ministra de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad, Raquel Sánchez para la aprobación de la ley de vivienda, que lleva cerca de un año paralizada. “La vivienda asequible es el instrumento más poderoso del estado del bienestar”, expresó en su primer discurso como ministra cambiando el rumbo de la frase de José Luis Ábalos, que aseguró que “la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado”. 

Sánchez y su nuevo equipo mantuvieron a finales de julio una reunión con una delegación encabezada por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, para retomar los contactos en esa materia. La ministra socialista insistió en la necesidad de dar un impulso a las negociaciones y aprobar esta ley lo antes posible para atender las demandas de la ciudadanía, especialmente de los más vulnerables. Sin embargo, desde el Ministerio de Derechos Sociales apuntaron que en el encuentro no se logró desencallar la negociación al mantenerse la nueva titular de Transportes en la misma posición que su predecesor.

Unidas Podemos insiste en que la futura ley incluya la regulación del alquiler, como hizo Catalunya, a través de índices de precios de referencia y en que se dé cumplimiento al acuerdo de Gobierno suscrito entre ambas formaciones. Pero hasta ahora, la parte socialista se ha opuesto a esos índices de precios. Antes de dejar el Gobierno, Ábalos propuso que la ley de vivienda limitara al 1 % el incremento del precio de alquiler sobre la última renta en los nuevos contratos por cambio de inquilino que se firmen en las zonas que se declaren tensionadas. Entre las propuestas planteadas también destacaban las reducciones en el IRPF, algo insuficiente para el grupo confederal.

Nueva brecha por la política migratoria

El viernes se abrió otra brecha más en el seno del Ejecutivo tras conocerse que, ese mismo día, la Policía Nacional, por orden del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska –del ala socialista del Gobierno– comenzó a primera hora a trasladar desde Ceuta hasta la frontera del Tarajal a los cerca de 800 adolescentes marroquíes migrantes no acompañados acogidos en la ciudad autónoma desde la crisis fronteriza con Marruecos de mediados de mayo.

Según pudo conocer elDiario.es, los primeros menores de las listas de devolución elaboradas desde el Ministerio del Interior están de vuelta sin el aval de la Fiscalía ni del Servicio de Protección a la Infancia de la Ciudad Autónoma, y eso que ambos son preceptivos para que el procedimiento cumpla las garantías legales. De hecho, la Fiscalía abrió este sábado una investigación y ha solicitado a Interior la orden de devolución. Además, distintas oenegés como Save The Children presentaron este sábado al Juzgado de Guardia de Ceuta un escrito solicitando la paralización cautelarísima del procedimiento, que desde su punto de vista no respeta lo establecido en el Reglamento de la Ley de Extranjería sobre la repatriación de menores extranjeros no acompañados.

La resolución de Interior no gustó nada al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido por la líder de Podemos, Ione Belarra, que reprocha a Marlaska que haya ejecutado la operación sin responder a su oferta para trabajar juntos en un “protocolo de reagrupación familiar de niños y niñas que migran solos que cumpla con la normativa nacional e internacional”.

El departamento de Belarra hizo llegar su malestar a Interior a través de una carta, firmada por el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Peralta, y la directora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, Violeta Assiego. En la misiva, a la que tuvo acceso El Confidencial, el ministerio señaló que tras haber mostrado su “disposición” y “apoyo en reiteradas ocasiones” para “garantizar el retorno seguro” de los menores bajo la tutela de la administración pública española, se ven “en la necesidad de dejar constancia de que toda la responsabilidad de las actuaciones llevadas a cabo por la Delegación de Gobierno en Ceuta y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la repatriación de estos niños y niñas desde la ciudad de Ceuta al Reino de Marruecos es única y exclusivamente del Ministerio del Interior”. 

“Entendemos que, de conformarse las actuaciones supuestamente no acordes a la ley emprendidas en el día de hoy, estas supondrían un incumplimiento de los derechos de las niñas y niños extranjeros en España, algo muy grave en el marco de nuestra legislación y de nuestros compromisos internacionales en materia de derechos de infancia” , indica la carta, dirigida al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y a la directora general de Relaciones Internacionales y Extranjería del Ministerio del Interior, Elena Garzón.

El reto de cumplir el 60% del acuerdo

A la coalición le quedan por delante como mínimo dos años de trabajo en los que tiene que acometer cerca del 60% del acuerdo programático, según las estimaciones de Moncloa para estas fechas, con el que defender la gestión en las urnas. En su última rueda de prensa antes del descanso estival, Sánchez aseguró que el Gobierno ya había cumplido uno de cada tres compromisos del acuerdo de coalición y que ya se han activado el 94% de las promesas adquiridas con sus socios.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó el pasado 27 de julio el techo de gasto que servirá de antesala para los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Aunque la aprobación de las cuentas del año pasado ya permitieron al Gobierno dar por hecho que acabaría la legislatura, la intención es repetir el esquema este otoño. La coalición se encamina a una nueva batalla y a una dura negociación, especialmente con ERC, que se entremezclará con la citada mesa de diálogo en Catalunya.