Cifuentes se sienta en el banquillo con una agenda desaparecida dos años y tras la confesión de la falsificadora de su acta

El 21 de marzo de 2018, el mismo día que elDiario.es publicó que Cristina Cifuentes había obtenido un posgrado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) con notas falsificadas, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid publicó un vídeo en sus redes sociales declarándose “víctima” de la “manipulación y las mentiras” de este periódico y mostrando como prueba el acta que supuestamente acreditaba la defensa de su Trabajo de Fin de Máster (TFM). Tres años después, ese documento sostiene la acusación por falsedad documental por la que se enfrenta a una petición de hasta cuatro años de cárcel. 

Fuera de la política desde el 25 de abril de 2018, 36 días después de que saliera a la luz el escándalo, Cifuentes está citada este viernes a las 10 de la mañana para someterse como acusada al interrogatorio en el juicio por esta trama de corrupción académica. La Fiscalía, que pide para ella tres años y tres meses de cárcel, la considera inductora de la falsificación del acta con la que intentó justificar “una defensa de TFM que jamás se produjo”. Había que “evitar las nefastas consecuencias políticas”, sostiene la representante del Ministerio Público. La representación letrada de la URJC eleva su petición a cuatro años de cárcel. 

El relato fiscal mantiene que “dada la situación que dicha noticia le provocó”, Cifuentes se puso en contacto con la también acusada Teresa Feito, que entonces era asesora en su Gobierno, para que hiciera “las gestiones oportunas con la finalidad de resolver la crisis”. Feito era profesora en excedencia de la URJC y tenía “una buena relación” con muchos de sus profesores, el rector, así como con el fallecido Enrique Álvarez Conde, el catedrático que dirigía el posgrado y epicentro de la trama. 

Cifuentes ha mantenido hasta el momento que hizo el trabajo y defendió su TFM el 2 de julio de 2012. Y que, en consecuencia, nunca indujo a una falsificación que no tenía sentido dado que realizó  todas las pruebas necesarias para superar el máster. Este lunes, casi tres años después del inicio del caso, la defensa de Cifuentes aportó una copia de su agenda que incluye la cita “Máster URJC” en la fecha en la que supuestamente defendió su trabajo, el citado 2 de julio de 2012. Esa será posiblemente una de las bazas que jugará la expresidenta en caso de que se avenga a responder a las preguntas que se le formulen. Tras la apertura de juicio oral, Cifuentes contrató al abogado José Antonio Choclán, exmagistrado de la Audiencia Nacional, es el mismo penalista que defendió a Cristiano Ronaldo por sus problemas con el fisco y al que contrató Corinna Larsen tras su imputación en el caso Villarejo. 

Durante su interrogatorio este lunes, Feito intentó zafarse de cualquier papel de intermediación. Se presentó como una simple asesora y negó haber dado o recibido órdenes para tapar el escándalo. En ningún caso señaló a Cifuentes, con quien negó tener “ninguna” relación “personal o profesional” a pesar de sus gestiones para amortiguar la crisis y de que en su día acompañó a la expresidenta a la URJC a recoger el título de su máster. Sí admitió haber estado en la universidad el día que elDiario.es sacó a la luz la información del máster, aunque aseguró que fue para otros asuntos y sólo entró “dos minutos” a la reunión en la que la plana mayor veía cómo hacer frente a la tormenta. 

Además, reconoció que durante esa jornada realizó 15 llamadas y envió cinco SMS para que buscara el trabajo a Cecilia Rosado, la profesora, también acusada, que afirmó haber falsificado el acta del TFM. “¿Qué interés tenía en encontrar el trabajo? Sigo sin entenderlo”, le preguntó en varias ocasiones la fiscal Pilar Santos. Feito insistió en que era simplemente “por curiosidad” e “interés personal”. “Yo es que soy muy pesada con el teléfono”, dijo también para justificar tal insistencia a la profesora. 

La principal amenaza de Cifuentes es, por tanto, el testimonio de Rosado, que expuso sin medias tintas que hubo dos personas que, en uso del poder que tenían sobre ella, la presionaron para falsificar el acta. La principal, Álvarez Conde, quien ejercía sobre ella una “absoluta jerarquía” y de quien dependía su situación laboral. La otra, Feito, quien, siempre según su relato, le exigió que creara un acta del TFM y se la enviara. “Si no me la envías Cifuentes os va a matar. A vosotros y al rector”, aseguró Rosado que le trasladó la entonces asesora. “Esa frase nunca la dije. Es que yo no soy de ordenar”, rebatió durante su declaración Feito, que afirmó que esas llamadas fueron en tono “muy bueno” aunque sí reconoció que le pidió “por favor” que buscara el trabajo.

¿Ordenó Cifuentes a Feito que hiciera “las gestiones oportunas con la finalidad de resolver la crisis”, como sostiene la Fiscalía? ¿Esas “gestiones” incluían falsificar un documento oficial? Si no recibió presiones ni de Cifuentes ni de su entorno, como sostuvo Feito, ¿por qué exponerse a un delito casi por iniciativa propia? Posiblemente, todas estas cuestiones serán clave en las próximas sesiones del juicio, donde las acusaciones intentarán que se arroje luz sobre cómo se gestó la falsificación del acta. 

Lo que comenzó a juzgarse el pasado lunes es únicamente la falsificación de esa acta y si Cifuentes y Feito fueron cómplices de ese presunto delito, ya confesado por Rosado ante el tribunal. La expresidenta se expone a una condena no por el fraude del máster en sí, que obtuvo sin haber aprobado todas las asignaturas, sin haber ido a clase y sin haber entregado el TFM; sino por las maniobras para intentar tapar el escándalo. 

Los indicios que apuntaban a que en el Instituto de Derecho Público de la URJC se regalaron títulos a dirigentes políticos y a otros alumnos “escogidos” que tenían una relación próxima con Álvarez Conde quedaron sin investigar tras la decisión de la jueza Rodríguez-Medel de dar carpetazo a gran parte de la causa en octubre de 2018. La jueza tomó esa decisión tras la negativa del Tribunal Supremo a investigar al líder del PP, Pablo Casado, que también obtuvo un título en esa Universidad sin conocer a sus profesores, sin ir a clase y sin hacer exámenes de un posgrado presencial. 

Desde abril de 2018 han permanecido imputados por un supuesto delito de revelación de secretos el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, y la ex redactora jefa de Política Social, Raquel Ejerique, los periodistas que destaparon este caso. Este jueves, un día antes de su declaración, el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid archivó la querella que Cifuentes presentó contra ambos. El juez considera que en la publicación no se cometió un delito de descubrimiento y revelación de secretos, como ella sostenía, y señala que están amparados por el derecho a la libertad de información que recoge la Constitución.