Varios grupos del Congreso de los Diputados han registrado este miércoles sus respectivos listados de los comparecientes que quieren que acudan a declarar a la comisión de investigación sobre el supuesto espionaje realizado al extesorero del PP Luis Bárcenas –la conocida como Operación Kitchen– por parte del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, que se va a poner en marcha el próximo viernes. Formaciones antagónicas como Ciudadanos y EH Bildu han solicitado que entre los comparecientes estén, entre otros, el propio Rajoy y la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal, además del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, máximo responsable político cuando se produjo el espionaje, y que está imputado por ello en la causa abierta en la Audiencia Nacional.
Por el momento, ni PSOE ni Unidas Podemos han registrado su listado de comparecientes. Los dos partidos se habían mostrado partidarios de llamar a Rajoy, Cospedal y Fernández Díaz. No obstante, el PSOE apuesta ahora por comenzar las comparecencias por los cargos técnicos y, a partir de ahí, decidir qué políticos tienen que dar explicaciones. “No se cierra a quién se va a llamar desde el principio. Una vez oídos los técnicos se decidirán los políticos”, señalan fuentes socialistas, que descartan que esta vez haya a haber una lista conjunta de los socios de gobierno.
A pesar de ese modo de trabajo, la portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, aseguró en una entrevista en elDiario.es que su intención era que rindieran cuentas en la comisión los responsables del partido en el momento del espionaje a Bárcenas. “Cuando hablamos de un caso tan grave como es la Kitchen, cuando hablamos del partido del Gobierno utilizando las instituciones para atacar a las propias instituciones y a la Justicia, cuando hablamos de la utilización de la Policía Nacional para impedir investigaciones contra el propio partido del presidente del Gobierno, creo que es importante que vengan todos los responsables de aquel momento del partido”, afirmó la número dos de Pedro Sánchez.
Por ahora PSOE y Unidas Podemos discrepan sobre la intención de los de Pablo Iglesias de que Pablo Casado tenga que dar explicaciones. Los socialistas sostienen, en contra del criterio del grupo confederal, que el actual jefe de la oposición no tenía en aquel momento un puesto de responsabilidad en Génova.
El PP tampoco ha registrado aún su listado de comparecientes. Por el momento, los de Casado –al igual que ERC– han presentado en el registro de la Cámara Baja un plan de trabajo para la comisión, pidiendo aplazar sus trabajos hasta después de las elecciones catalanas cuya fecha sigue sin estar clara por la decisión del Govern de aplazarlas al 30 de mayo, ante el agravamiento de la pandemia, y por la paralización cautelar de ese aplazamiento dictada el martes por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que, atendiendo a varias denuncias, las ha vuelto a situar en la fecha inicialmente prevista, el 14 de febrero.
“No podrán ser convocadas las sesiones de trabajo [de la comisión de investigación] hasta que finalice el proceso electoral en Cataluña, al objeto de no interferir en la intención de voto del cuerpo electoral”, aseguran los populares en el escrito presentado en el registro del Congreso. En ese mismo texto, el PP pide un plazo de cinco días para presentar su listado de comparecientes, a partir de que se apruebe el plan de trabajo de la comisión, lo que sucederá, previsiblemente, el mismo viernes, día en el que se constituirá este órgano parlamentario solicitado por la izquierda y al que se opuso el propio PP.
El PP denuncia “intereses políticos”
Los populares consideran que la comisión de investigación “no persigue otro fin diferente al de fiscalizar al anterior Gobierno de España, cuyos principales protagonistas están alejados de la de la actividad política, lo que incide en la clara intencionalidad político/electoral de esta comisión”. A su juicio, el PSOE y Unidas Podemos quieren “poner los trabajos de la comisión al servicio de sus intereses políticos”, como, sostienen, se demuestra en el propio enunciado de la comisión, donde se habla de “ilegalidades con la finalidad de favorecer al PP.
“Dicha intención resulta aún más evidente al proponer los grupos Socialista y de Unidas Podemos que los trabajos de la comisión sean coincidentes con un periodo electoral en Cataluña donde es evidente que los trabajos de la comisión serán puestos al servicio de los intereses políticos de ambas formaciones en la mencionada cita con las urnas”, añaden en el texto registrado este martes.
El PP exige que antes de citar a los comparecientes la comisión haya podido recibir una serie de informes aclaratorios que reclama a los servicios jurídicos del Congreso y también al juez instructor de la Operación Kitchen, Manuel García Castellón.