Ciudadanos trata de zanjar su primera gran crisis sin explicaciones públicas y con amenazas de suspensión a los denunciantes

Ciudadanos no logra aplacar la tormenta desatada en el partido por las irregularidades detectadas en las primarias y el pucherazo de Castilla y León que llegó a investir candidata a la Junta a Silvia Clemente, hasta que su contrincante, Francisco Igea, amenazó con llevar la votación interna a los tribunales. La crisis le ha estallado a Albert Rivera de ronda por las televisiones en plena precampaña para las generales y se ha agravado tras las amenazas de la dirección del partido a los denunciantes, a quienes ha advertido de que abrirán expedientes disciplinarios que podrían derivar en su expulsión, si el ruido continúa.

La Comisión de Garantías del partido, que invoca Rivera en cada una de sus comparecencias para dar a entender que los sistemas de control han funcionado -a pesar de que nada se había detectado hasta que el rival de Silvia Clemente impugnó la votación- ha decidido dar carpetazo a las denuncias de unos cuantos afiliados sin más explicaciones.

“Han intentado apagar el incendio echando más gasolina al fuego”, “son muy torpes”, replican los afectados, que avisan que no se van a callar.

Al estupor que han causado estas advertencias a los candidatos que se atrevieron a denunciar un posible fraude en las elecciones internas se ha sumado la perplejidad de parte de las bases al ver que el partido tampoco parece dispuesto a investigar ni dar explicaciones sobre el 'pucherazo' de Castilla y León. El origen de esos 82 votos considerados finalmente nulos, y el autor o autores de ese claro intento de favorecer a la exdirigente del PP, Silvia Clemente, la candidata de aparato, sigue siendo un misterio. “Alguien debe asumir responsabilidades”, coinciden en señalar los candidatos consultados.

Sin embargo, nada apunta en esa dirección. Fuentes de la dirección del partido adelantan que no habrá más resoluciones que las facilitadas ya en el acta de la Comisión de Garantías, que dictaminó que no había detectado “ninguna anomalía” en ninguno de los procesos puestos en duda -van ya por la docena- y validó los resultados de todas esas primarias. Las mismas fuentes de la dirección afirman a eldiario.es “desconocer” si hay alguna investigación en marcha sobre el caso concreto de Castilla y León.

Según alegan, “la Comisión de Garantías es un órgano independiente” que trabaja internamente y no tiene que dar explicaciones públicas. Además, añaden que si se pusiera en marcha una investigación, su resultado se lo comunicarían únicamente a Francisco Igea, que es al único al que consideran “legitimado” para conocer ese -hipotético- dictamen porque “los errores” detectados en esas primarias las puso el diputado en conocimiento del partido “dentro del plazo establecido de cinco días”.

“Y se le dio la razón. Hubo un error que se subsanó”, aseguran las mismas fuentes del equipo de Rivera. Los demás “reclamantes”, según afirman, no estaban en el plazo reglamentario y aún así recibieron aclaraciones según la dirección del partido.

Mientras Ciudadanos intenta dar por cerrada la crisis, la preocupación entre algunos dirigentes del partido por el daño que pueda causarles este asunto en vísperas electorales no se oculta. Porque, además, no es la primera vez que el partido se encuentra con una situación similar tras los procesos de primarias. “Llueve sobre mojado”, señala uno de los participantes en primarias.

Este afiliado, que prefiere guardar el anonimato, asegura que ya en 2015 se incumplió el reglamento de primarias en unos procesos donde ganaron los independientes a los afiliados, “algo evidentemente muy extraño”. Entonces -explica- se elegían en primarias los puestos 1 al 5, el 1 con avales -Rivera en Madrid, Girauta en Barcelona-. “En cuanto al resto, el reglamento recogía lo natural: el candidato más votado obtenía el puesto 2, el siguiente el 3...”. “Pues bien, la aplicación informática, incumpliendo dicho reglamento de primarias, permitía al candidato ”autolimitarse“. En un desplegable debían indicar el número máximo al que aspiraban: '2', '3', '4' o '5'. ”¿Qué hizo Francisco de la Torre en Madrid? Autolimitarse al 2. ¿Qué hizo Marta Rivera de la Cruz? Autolimitarse al 3. ¿Qué hizo Miguel Gutiérrez? Autolimitarse al 4. ¿Qué hizo Patricia Reyes? Autolimitarse al 5“, cuenta.

“¿Qué hizo Toni Roldán en Barcelona? Autolimitarse al 2. ¿Qué hizo Elena Faba? Autolimitarse al 3. ¿Qué hizo José Manuel Villegas? Autolimitarse al 4. ¿Qué hizo Nuria González-Sáenz? Autolimitarse al 5”. De esta forma todos salieron elegidos como deseaba la dirección, concluye.

Un grupo de afiliados no descarta ir a los tribunales

La indignación entre la militancia es tal que, según ha podido saber eldiario.es, un grupo de afiliados se está organizando con el fin de judicializar el caso. De momento, van a esperar a ver si el partido cambia de estrategia y se da cuenta de que no puede cerrar este caso del 'pucherazo' “como si no hubiera pasado nada”.

Varios de los denunciantes también advierten de que no se van a conformar con “los parches” de la dirección. Van a continuar dando la batalla, explican.

José López, el afiliado de Cantabria y rival de Félix Álvarez, Felisuco, se declara “perplejo” ante los intentos del partido de dar carpetazo a las denuncias. Cree que esta crisis “ la han cerrado en falso”.

López denunció que Felisuco, el candidato del ‘aparato’, recibió hasta 20 votos en una misma IP, 13 votos en otra y una serie de más de media docena, en otras, lo que le pareció “raro”. “A mí el partido no me ha dado explicaciones sobre estos votos extraños, que es lo que pedía, información complementaria. El acta de Garantías incluye el caso de Cantabria pero dentro de un colectivo y no aclara nada”.

A su juicio, lo peor ya no es eso sino que no hayan investigado “ya” lo que ha ocurrido en Castilla y León con esos 82 votos nulos. “Queremos saber si se está investigando porque hay que averiguar lo que ha pasado y ver si hay algún responsable”.

Sobre la posibilidad de que el partido le abra un expediente disciplinario, dice: “Me río. No entiendo cómo una comisión de garantías tiene la osadía de decir eso. Que me vayan a abrir un expediente es una insensatez , está fuera de lugar y de tono”. Pese a ello asegura que no se siente ·amenazado“. ”A mí no me asustan“.

López no descarta “seguir adelante por la vía judicial” si el partido insiste en cerrar así la crisis. Mientras tanto adelanta que va “a dar la batalla hasta el ultimo minuto”. “Son muy torpes. Hacer esto en plena campaña es de torpes . Es el momento más inoportuno porque les quema en vísperas de unas elecciones tan cruciales”.

En parecidos términos se despacha José Ramón de Lorza, el afiliado de Guadalajara que trasladó al partido sus quejas por las irregularidades que detectó en las primarias de Castilla La Mancha, en las que se enfrentó a la oficialista Carmen Picazo. A él ni siquiera le ha llegado el dictamen de la Comisión de Garantías. “También sigo esperando que me llegue alguna notificación de mi caso concreto, que hasta ahora no me ha llegado. No me conformo con este dictamen global”, apunta. De momento va a esperar a ver si Garantías le hace caso. “No tengo ninguna prisa”, ironiza.

Pero con lo que ha visto hasta ahora cree que le están dando “una oportunidad fantástica para poner en conocimiento de la opinión pública cómo funciona realmente Ciudadanos”. “No se puede ir de regeneracionista y luego hacer esto, es incompatible”, añade.

Sobre la posibilidad de que le abran un expediente coincide con López: “Me trae sin cuidado que me echen del partido. Es que si veo que esto sigue así, nadando en esta ciénaga, el que se va soy yo, porque es vomitivo”.

En Madrid, el afiliado de Las Rozas, Juan Carlos Bermejo, que se enfrentó a Ignacio Aguado en las primarias a la Comunidad de Madrid califica de “muy grave” la decisión de la dirección de cerrar las numerosas irregularidades que se han denunciado en las primarias. “La Comisión de Garantías se supone que es un órgano que tiene que ser receptivo a las reclamaciones de los afiliados. Lo que debería de hacer es profundizar para conocer quiénes son los que han manipulado los votos”, señala.

Bermejo vuelve a advertir de que si en el plazo de unas semanas no le aclaran los datos que ha pedido – las IPs de los ordenadores y las horas de las votaciones- y no explican bien lo que ha pasado en Castilla y León, “me iré del partido”. “Pero sigo confiando en que lo hagan”. De hecho, ha solicitado una entrevista con los responsables de la secretaría de Organización la semana que viene en donde espera que le resuelvan al menos sus dudas.