La coalición olvida el protocolo

La convivencia de PSOE y Unidas Podemos en el Consejo de Ministros se hace cada día más complicada. La tensión de los socios de la coalición se ha disparado en los últimos meses y sobre todo en la campaña catalana. Atrás quedan los abrazos y las sonrisas cómplices tras sellar el acuerdo programático entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hace poco más de un año. El malestar es patente en la dirigencia de ambas formaciones, aunque las partes tratan de restarle importancia públicamente. Las presiones y los cruces de acusaciones se han convertido en una constante desde los primeros pasos del primer bipartito, que incumple incluso los protocolos de funcionamiento que suscribieron hace tan solo trece meses. 

8 de enero de 2020. En plena resaca tras la investidura de Pedro Sánchez, las portavoces de PSOE y Unidas Podemos, Adriana Lastra e Irene Montero, se reúnen acompañadas de otros miembros de los grupos parlamentarios para firmar las normas de convivencia que regirán a la coalición. Tras años de tiras y aflojas entre ambos espacios políticos, acuerdan unas reglas básicas que empiezan por “actuar con diálogo, negociación, consenso y buena fe para implementar eficazmente el programa de gobierno progresista”. 

Coordinar las iniciativas, la comunicación y moverse con discreción eran los pilares de ese protocolo que establecía, además, dos organismos para el buen funcionamiento de la coalición –una mesa permanente de seguimiento del acuerdo y una comisión de seguimiento parlamentario– que se han reunido en contadas ocasiones a pesar del incremento de las tiranteces internas. 

La primera vez que se convocó para pulir discrepancias fue el 5 de marzo, apenas dos meses después de poner en marcha el Gobierno. Entonces habían arreciado los primeros enfrentamientos a propósito de la política migratoria y la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como ley del solo sí es sí, que fue la primera gran pugna entre Irene Montero y Carmen Calvo a cuenta de cumplimiento tanto del acuerdo de gobierno como del protocolo de relaciones y que se ha disparado ahora a propósito de la ley trans que no solo divide al Ejecutivo sino que ha partido en dos al feminismo.

Pero desde entonces ha sido habitual el incumplimiento de las normas internas de la coalición plasmadas en ese documento de cinco folios. “Los miembros del gobierno de coalición se comprometerán a la máxima discreción en relación con las negociaciones y acuerdos que se produzcan en el seno del Gobierno”, dice el artículo tres. Ambas partes se han acostumbrado a un modus operandi en el que generalmente Unidas Podemos publicita sus discrepancias respecto a cuestiones que está abordando el Ejecutivo, a veces incluso mientras el Consejo de Ministros se encuentra reunido. 

Los de Iglesias sostienen que el PSOE solo reacciona a la presión pública y justifican así la filtración de las divergencias. Es la forma, aseguran, de que se dé cumplimiento al acuerdo programático que dio lugar al Gobierno. En el PSOE hay quienes tratan de restarle importancia, reconociendo que el socio minoritario necesita sacar rédito a su presencia en la coalición, donde tiene pocas áreas de gestión, aunque el malestar en las filas socialistas cada vez es mayor y acusan a los de Iglesias de mantener una actitud de oposición estando en el Gobierno. También es frecuente que Unidas Podemos anuncie las medidas acordadas antes que el ministerio correspondiente. Ha sido una constante, por ejemplo, en materia de vivienda. 

“Los ministros respetarán su ámbito competencial propio y evitarán opinar o dar publicidad a proyectos de otros ministerios antes de ser refrendados por el Consejo de Ministros”. Las pugnas en el seno de la coalición a menudo salen a la luz y en numerosas ocasiones es la parte de Unidas Podemos la que anuncia determinados acuerdos alcanzados en el seno de la coalición. Iglesias, por ejemplo, llegó a anunciar la puesta en marcha de un Ingreso Mínimo Vital puente en pleno confinamiento sin que el ministro de Seguridad Social e Inclusión, José Luis Escrivá, estuviera siquiera de acuerdo pese a que era otro punto del acuerdo de Gobierno. Ese tipo de jugadas han dejado en evidencia a veces a la portavoz, María Jesús Montero, que es cada martes la cara del Ejecutivo. Ella ha desautorizado en ocasiones al socio minoritario para luego ser ella la desautorizada cuando Sánchez e Iglesias pactan cara a cara la solución a los conflictos.

Otro de los artículos que se ha incumplido recientemente es el que obliga a PSOE y Unidas Podemos a avisar “con antelación suficiente” al otro socio cuando quieran impulsar determinadas iniciativas parlamentarias que afecten a la acción de gobierno y obliga a contar con el “acuerdo de ambas partes para su presentación, así como para la posición conjunta de voto”. Los socialistas registraron por separado la ley de igualdad de trato sin que el grupo confederal plasmara su sello en la iniciativa, pese a que en el Ejecutivo acordaran que dicha ley se tramitara por la vía parlamentaria para descargar de anteproyectos al Ejecutivo.

La guerra está desatada entre el PSOE y Ministerio de Igualdad en este asunto ya desde que Calvo intentara frenar en 2020 aquella ley del solo sí es sí. El departamento que dirige Irene Montero ha emitido un informe “desfavorable” a la propuesta socialista, mientras el grupo confederal deja en el aire el sentido de voto en la admisión a trámite en el Congreso este martes. Ambas partes están cargadas de reproches mutuos respecto a la negociación de esa ley. 

La coordinación brilló por su ausencia esta semana por parte de la Secretaría de Estado de Comunicación, que se encargó de anunciar la intención del Ministerio de Justicia de revisar los delitos de expresión para que los “comentarios reprochables” en marcos artísticos o culturales no tengan castigo penal. Los de Sánchez no avisaron a los de Iglesias de esa propuesta, que formuló apenas dos horas después de que Unidas Podemos trasladara a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes el registro de una propuesta similar consistente en la derogación de algunos de los conocidos como delitos de expresión. 

“Los gobiernos tienen que ser abiertos, para poder percibir, para poder tener la frescura de pulsar cuál es el sentir de la sociedad, y ser capaces de pronunciarse sobre materias que tienen que ser muy dinámicas, y que no pueden esperar cada 4 años, que nos presentamos en las elecciones, de la misma manera que no pueden esperar a que se reúna la Comisión de coordinación de los partidos políticos que conforman este Gobierno, siendo además añadido, cuando hay absoluta coincidencia en el planteamiento político que se va a hacer”, justificó María Jesús Montero, mientras desde el grupo confederal acusaban a la parte socialista del Ejecutivo de haberse saltado el protocolo de funcionamiento tanto en esa cuestión como en el registro de la ley de igualdad de trato. 

También durante la negociación presupuestaria los socios contravinieron su protocolo al registrar enmiendas al proyecto sin avisarse mutuamente. Las de los socialistas eran cuestiones menores habladas con los aliados minoritarios, pero Unidas Podemos aprovechó para introducir una junto a ERC y EH Bildu como fórmula de presión para ampliar la paralización de los desahucios. 

Ahí comenzó a subir el tono entre los ministros de PSOE y los representantes de Unidas Podemos. La titular de Defensa, Margarita Robles, recordó a Iglesias que Sánchez es el presidente y la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, la acusó de hacer daño a su gobierno siendo la “ministra favorita de los poderes que quieren que gobiernen PP y Vox”. La campaña de las catalanas ha incrementado aún más la tensión interna y los socios se miran de reojo a la espera de los resultados conscientes de que están condenados a entenderse si quieren que la legislatura dure. La cita con las urnas en Catalunya será determinante para la estabilidad del Gobierno no solo por los resultados de PSC y comuns, sobre todo por cómo saldrá de las urnas ERC en su competición con Junts, dado que una derrota de los republicanos podría tensar la relación con el Gobierno en Madrid e incluso su salto del bloque de la investidura a la oposición.

El post-14F dirá también si las tensiones de las últimas semanas fueron acentuadas por la campaña catalana o si las diferencias en materia de Igualdad o Vivienda se mantienen o se apaciguan en el largo periódo que se abre de dos años –hasta la primavera de 2023– sin elecciones a la vista.