La Comisión Europea abordará en Madrid el bloqueo de la cúpula del Poder Judicial

La Comisión Europea realiza un informe anual sobre la situación del Estado de Derecho en España. El próximo se publica en julio y, semanas antes de su difusión, la vicepresidenta comunitaria de Valores y Transparencia, Vera Jourová, emprende un viaje de tres días a España, de lunes a miércoles para hablar del Estado de Derecho, la futura presidencia española del Consejo de la UE y de la invasión rusa de Ucrania. Y de entre todas las preocupaciones, una permanente es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde diciembre de 2018 por el bloqueo del PP.

“Es una visita normal a un país al que la vicepresidenta aún no ha viajado”, explican fuentes comunitarias: “Hablará de todo lo que tiene que ver con su cartera, desde Ucrania, el Estado de Derecho, y el CGPJ. Estamos redactando el informe sobre el Estado de Derecho que debería publicarse en julio, por lo que la visita también será en este contexto porque, por supuesto, España participa en este ejercicio. Así que creo que se darán este tipo de debates. Por ejemplo, no se ha resuelto el nombramiento de los nuevos jueces del Consejo General del Poder Judicial, habrá cierta coherencia en este aspecto entre el informe del año pasado y el nuevo. Por tanto, se trata de hablar del Estado de Derecho en general”.

Si bien fuentes comunitarias defienden que el viaje de Jourová es ordinario, también reconocen que no necesariamente visitará los 27 Estados miembros: “España es un país importante, grande, asumirá la presidencia del Consejo de la UE en la segunda mitad de 2023, hay buena cooperación con el Gobierno, pero hay algunos problemas como los que estamos hablando”.

La vicepresidenta Jourová también se verá con representantes de la sociedad civil relacionados con la violencia contra las mujeres. “España está progresando bastante bien en cuanto a la igualdad”, explican las fuentes comunitarias.

Estado de Derecho

Hace un año se publicó el segundo informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en los 27. Y la evaluación sobre España abundaba en lo ya recogido en la anterior ocasión: la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, por el bloqueo del PP, es un problema.

En su informe, Bruselas afirmaba que el sistema judicial español sigue arrastrando “desafíos”, en concreto “la falta de renovación del CGPJ”, que “continúa ante la falta de acuerdo en el Parlamento para renovar los cuerpos constitucionales”. En efecto, el PP sí pactó la renovación de RTVE o el Defensor del Pueblo, por ejemplo, pero se ha negado a hacer lo propio con la cúpula judicial.

Bruselas, en todo caso, se congratulaba de “la retirada del proyecto de reforma para la elección del CGPJ” que reducía la mayoría necesaria para su renovación de los tres quintos a la mayoría simple parlamentaria. Algo que, según la Comisión Europea, “habría aumentado la percepción de que el Consejo es vulnerable a la politización”.

En este contexto, la Comisión Europea pidió establecer un sistema de elección del CGPJ en el que participen los jueces “en línea con los estándares europeos. Es importante que los estándares europeos sean tenidos en cuenta y que todas las partes afectadas sean consultadas”.

El CGPJ “ha estado ejerciendo sus funciones de forma interina desde diciembre de 2018”, recordaba Bruselas, “lo que prolonga la preocupación de que pueda ser percibido como vulnerable a la politización, como ya se mencionaba en el Informe sobre el estado de derecho de 2020”. Y añadía: “El Consejo de Europa recordó que las normas europeas establecen que al menos la mitad de los miembros del Consejo deben ser jueces elegidos por sus pares de todos los niveles del poder judicial”.

Así, el comisario europeo de Justicia ya presionó después de la publicación de ese informe para que se renovara el Poder Judicial tras reunirse en Bruselas con las principales asociaciones de jueces y juezas españolas. El belga Didier Reynders reclamaba, además de la renovación de los órganos constitucionales, una reforma en el sistema de elección de los jueces “que cumpla con las recomendaciones del Consejo de Europa”; es decir, que más de la mitad del órgano de gobierno, el CGPJ, sea elegido directamente por los jueces. La presión por la renovación del CGPJ es algo que ya figuraba en los dos últimos informes sobre el Estado de Derecho en España, así como por la “apariencia de parcialidad” de la justicia que traslada, a juicio de las instituciones europeas, el actual sistema de elección del órgano de gobierno.

Bruselas en sus informes también ha alertado de que “han aparecido elementos de preocupación relacionados con la competencia del Tribunal Supremo en relación con la responsabilidad penal de los altos cargos [aforamientos] y el régimen de incompatibilidad de jueces y fiscales [las idas y venidas de la política de algunos de ellos]”. Dicho lo cual, la Comisión Europea sí reconoce que se han “adoptado o proyectado varias medidas destinadas a mejorar la calidad de la justicia, como las reformas del turno de oficio y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como tres borradores sobre procedimiento, organización y eficiencia digital. La digitalización de la justicia está progresando, y hay esfuerzos para abordar los atrasos en la justicia, como la creación de nuevos tribunales, pero el bajo número de jueces por habitante es un problema”.

Bruselas, además, reitera una crítica recurrente: “Preocupa la autonomía de la Fiscalía en relación con el Gobierno. Como se menciona en el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, la coincidencia en el mandato del Fiscal General y el Gobierno puede afectar la percepción de independencia”.

En relación con la libertad de prensa y pluralismo, “el Gobierno está dando pasos para abordar los problemas de acceso a la información, aunque siguen existiendo en relación con la transparencia de la propiedad de los medios y preocupan la independencia y los recursos del regulador audiovisual a raíz de la trasposición de la directiva de servicios de medios audiovisuales”.

Reuniones con Gobierno y jueces

Durante su visita a Madrid, Jourová se reunirá el lunes con José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, para hablar de la futura presidencia española del Consejo de la UE en la segunda mitad de 2023, así como del conflicto en curso en Ucrania.

A continuación, se reunirá con Teresa Jiménez Becerril, defensora del Pueblo adjunta, para hablar de derechos fundamentales y Estado de Derecho.

El martes, Jourová participará en una conferencia sobre libertad de prensa organizada por Forum Nueva Economía. A continuación, hablará ante la Comisión de Justicia del Congreso, y participará en un debate sobre temas relacionados con el Estado de Derecho, la justicia, los medios de comunicación y la desinformación.

Por la tarde, la vicepresidenta comunitaria se reunirá con Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, para tratar, de nuevo temas relacionados con el Estado de Derecho. También se reunirá con Nadia Calviño, vicepresidenta económica, para abordar la Declaración de Derechos Digitales y el marco digital de la UE en general, así como la implementación de las sanciones contra Rusia.

Posteriormente, también el martes, Jourová se reunirá con Pilar Llop, ministra de Justicia, para tratar temas relacionados con el Estado de Derecho, la Justicia y la protección de datos. Después, hablará de violencia de género con un grupo de organizaciones de la sociedad civil.

El miércoles, la vicepresidenta se reunirá con Pedro González-Trevijano, presidente del Tribunal Constitucional, y Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, sobre el Estado de Derecho y la relación entre tribunales supremos y constitucionales.

A continuación, está previsto que se reúna con Irene Montero, ministra de Igualdad, para hablar sobre la igualdad en la UE, incluidas las iniciativas de la Comisión Europea en materia de violencia contra las mujeres, transparencia salarial y organismos de igualdad, así como las prioridades de la futura Presidencia española de el Consejo de la UE en 2023 en este ámbito.