Los grupos del Congreso quieren empezar a debatir en las comisiones ya constituidas algunas de las iniciativas que han presentado a lo largo de estas últimas semanas. Y lo quieren hacer, si es posible, antes de que se celebre el pleno de investidura de Pedro Sánchez, cuya fecha está aún por concretar por el presidente Patxi López, aunque se cree que será a primeros de marzo.
Desde que comenzó a andar la XI legislatura hay registradas en el Congreso 51 Proposiciones No de Ley (PNL) para su debate en Comisión y otras 71 para discutir por el pleno. Fuentes de la Cámara reconocen que hasta que no pase ese importante debate no se convocarán otros plenos, aunque las Comisiones que ya han quedado constituidas podrán empezar a trabajar de inmediato.
“A los grupos que están inmersos en las negociaciones sobre la investidura de Pedro Sánchez no les interesa enzarzarse ahora en discusiones en el hemiciclo para que queden en evidencia sus discrepancias en asuntos tan espinosos como la unidad de España o el proceso soberanista impulsado en Cataluña, por ejemplo”, apuntan estas fuentes. Estas dos iniciativas han sido impulsadas por el PP y por Ciudadanos para que cada grupo “se retrate” en la Cámara.
La moción del PP “en defensa de la unidad de España y de los valores constitucionales” fue presentada a mediados de enero por el portavoz del PP, Rafael Hernando. Y la proposición no de ley de Ciudadanos insta al Congreso a poner en marcha medidas para “frenar cualquier acción que pretenda subvertir el orden constitucional”. Pero todo apunta a que ambas iniciativas tendrán que esperan a ver qué pasa primero con la investidura de Pedro Sánchez.
Por ahora, la cita más inmediata es la comparecencia en la Comisión de Exteriores del ministro en funciones, José Manuel García Margallo. Tanto el PSOE como Ciudadanos habían registrado la petición para que fuera el presidente Rajoy el que acudiera de forma urgente a un pleno para consensuar previamente con los grupos la postura que defenderá España en la próxima cumbre europea, que se celebra entre el 18 y 19 de febrero.
Pero ante las dificultades técnicas que planteaba el PP, al final ambos grupos han aceptado que sea el ministro el que acuda a la Comisión que preside su compañero, Jesús Posada. La comparecencia está fijada para el miércoles a las 11 de la mañana.
Pese a haber admitido ese cambio, los socialistas afirman que mantendrán viva la batalla y piensan pedir el martes en la Junta de Portavoces que se fije fecha para un pleno para que Rajoy dé la cara y no “huya” de la Cámara. Los populares creen que estas exigencias son puro “postureo”.
Entre tanto, estos días han ido contituyéndose las comisiones legislativas permanentes del Congreso y algunas no permanentes. Si el calendario se cumple, esta semana estarán ya todas formadas para poder empezar a trabajar.
Entre ellas, la de Empleo que preside el diputado de Podemos Alberto Montero. Esta Comisión se reunirá el miércoles 24 de febrero a las cuatro de la tarde para comenzar a debatir algunas de las iniciativas presentadas. El orden del día de esta primera sesión incluirá ver si hay unanimidad para aceptar las solicitudes de comparecencia de la ministra Fátima Báñez, que han sido pedidas por tres grupos.
El PSOE lo ha hecho para que explique el informe sobre la evolución del empleo que presentó al Consejo de Ministros, porque creen que es una competencia que no le corresponde ya al estar en funciones. Los socialistas y Democracia y Libertad (DiL) reclaman que Báñez dé también explicaciones sobre la situación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, del que el Gobierno ha ido tirando estos años para pagar las pensiones.
Es probable que estas peticiones salgan adelante dado que el PP ya no tienen mayoría absoluta. Ahora únicamente cuenta con 15 miembros de los 43 que integran la Comisión. Los populares, nos obstante, se aferrarán a que no se le puede controlar al Gobierno estando en funciones y se opondrán a que acuda Báñez.
En el orden del día se estudiarán las primeras cinco proposiciones no de ley que han registrado los grupos parlamentario, dos del Grupo Mixto sobre la Garantía Juvenil (Grupo Mixto) y el Plan Integral de Empleo de Canarias (Grupo Mixto); y tres del PSOE para la aprobación de un plan contra la explotación laboral en las comunidades con mayores índices; la situación de los trabajadores eventuales en el campo en Andalucía y la viabilidad de la planta de Altadis en La Rioja.
Los grupos tienen sus prioridades
Los grupos tienen sus prioridadesEl grupo de Podemos y las confluencias fue el primero en presentar su proposición de ley 25 sobre Emergencia Social que incluye la obligación a los bancos de ceder viviendas vacías a desahuciados de forma temporal, o la garantía universal al acceso a los medicamentos y la protección de suministros energéticos. Y esa será una de sus prioridades. También consideran urgente aprobar medidas para abordar la crisis humanitaria en Europa.
La semana pasada el grupo de Pablo Iglesias registró en el Congreso la petición de creación de una Comisión permanente no legislativa de Lucha contra la Corrupción, para analizar y plantear soluciones a esa lacra que afecta a varios partidos, no únicamente al PP, como recuerda Podemos en su propuesta. Entre otras cosas, creen necesario iniciar “un estudio en profundidad sobre la posibilidad de crear un organismo autónomo e independiente de prevención y lucha contra la corrupción”.
El PSOE ha ido registrando también un amplio abanico de propuestas de carácter económico y social, aunque dan especial relevancia a la proposición de ley sobre la universalización del derecho a la asistencia pública sanitaria; medidas contra la pobreza energética para garantizar que todos los españoles tengan derecho a calefacción; o la subida del salario mínimo interprofesional. Los socialistas quieren también empezar a debatir propuestas de mayor enjundia, como la derogación de la reforma laboral y de la ley de educación (Lomce).
Por su parte, Ciudadanos tiene registradas también una amplia batería de iniciativas, entre ellas, un pacto nacional para la Educación que incluya la gratuidad de los libros de texto en todas las comunidades autónomas. O medidas para la regeneración democrática, como acabar con los indultos para los condenados por corrupción política. Estas medidas tendrían que figurar en el Plan contra la corrupción que proponen tanto el PP como Ciudadanos y PSOE.
Además, entre sus propuestas figura un ley para la conciliación de la vida familiar y laboral. En el terreno económico, Ciudadanos propone la creación del contrato único, su promesa estrella durante la pasada campaña.
No obstante, algunas de estas propuestas y reformas que han registrado los del Rivera y los socialistas, al estar siendo negociadas entre ambos partidos -Ciudadanos al menos espera que también lo puedan ser con el PP-, tendrán que esperar a ver como acaban los pactos para la investidura. Entre ellas, la reforma Constitucional para la que el propio Rivera ya ha advertido de que no podrá cerrase sin el consenso de las tres principales partidos que “defienden la unidad de España”. Es decir, PP, PSOE y ellos mismos.
El PP no se ha querido quedar atrás y, entre otras cosas, ha presentado medidas encaminadas a revisar la actual Ley de Violencia de Género para proponer nuevas medidas.También han propuesto la creación de una Comisión permanente, con carácter legislativo, para la lucha contra el cambio climático, un tema que ha sido denostado durante años por los populares y al que ahora parecen decididos a darle importancia.
Los populares también quieren que cuanto antes se debatan el paquete de medidas que han ido presentando, muchas de ellas centradas en la creación de empleo. Una de las primeras iniciativa que presentaron es la que llaman a adherirse al pacto contra el terrorismo yihadista a quienes aún no lo han hecho, en alusión especialmente a Podemos.