Partido Popular, Vox y Ciudadanos, las derechas españolas divididas en tres, mantienen desde años una dura batalla por el mismo electorado conservador pero, a la vez, se han convertido en socios imprescindibles para poder formar gobiernos alternativos a los de la izquierda en comunidades y ayuntamientos. Esta compleja convivencia ha provocado que mientras las tres fuerzas políticas mantienen sus alianzas –con distintas fórmulas– en Andalucía, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia y Castilla y León, además de en consistorios tan importantes como el de Madrid o Zaragoza, hayan aireado a la vez, públicamente, sus malas relaciones.
En los últimos meses se han producido duros cruces de acusaciones entre las derechas, mientras en sus inevitables contactos sobrevuela permanentemente la amenaza del PP de absorber a los dos partidos bajo sus siglas en la ansiada “reunificación” del centro derecha que obsesiona a Casado desde su triunfo en las primarias, en 2018.
Génova 13 dice haberlo logrado con Ciudadanos, hundido en las últimas citas con las urnas y en las encuestas. Algunos de estos sondeos apuntan ya a que el PP sería la primera fuerza de España en el caso de celebrarse unas elecciones generales, principalmente a costa del voto que pierde el partido de Inés Arrimadas, aunque Vox resiste y complica esa integración total que busca Casado desde hace tres años.
La última evidencia de la complicada relación de las derechas se dio esta última semana con la agria polémica que protagonizaron PP y Vox a costa de la declaración del líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, como persona 'non grata' por parte de la Asamblea de Ceuta, gracias a la abstención de los populares, el pasado día 23.
Una “ruptura” de menos de 24 horas
El lunes, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del PP, justificó dicha abstención asegurando que un voto en contra no hubiera sido “coherente” al considerar que, el pasado 24 de mayo, el día en el que se produjo la inédita crisis con Marruecos que supuso la entrada masiva de miles de personas en la ciudad autónoma, el líder de Vox se desplazó a Ceuta “a decir que en la Asamblea de Ceuta hay partidos políticos que sirven a los intereses de Marruecos, que son quintacolumnistas de Mohamed VI”.
“Es decir, vino a perturbar la convivencia, a quebrar la unidad de acción y a coincidir con el discurso de Marruecos, que dice que la sociedad ceutí está dividida en dos partes: los españoles y los marroquíes”, sentenció el lunes el veterano presidente ceutí.
Pocos minutos después, el portavoz de Vox, Jorge Buxadé, declaró: “Consideramos que el PP, con su abstención, y con las declaraciones de Vivas ha roto relaciones con Vox, tomamos nota y damos las relaciones rotas”. El portavoz de la extrema derecha exigió a Casado una desautorización a Vivas, –que nunca se produjo–, porque, de lo contrario, dijo el lunes, no iba “a poder seguir reclamando ayuda a Vox para sus propuestas en ayuntamientos o asambleas autonómicas”.
Esta posibilidad fue rectificada por el mismo dirigente de Vox el martes, menos de 24 horas después, después de que la dirección de Pablo Casado ignorara el órdago lanzado por Vox, el enésimo en los últimos tres años de convulsa relación política entre los dos partidos, y optara por despreciar con su silencio la advertencia lanzada por uno de sus apoyos necesarios en administraciones como la andaluza o la madrileña –aunque ambos partidos rivalizan por el mismo electorado–, forzando a la extrema derecha a suavizar su mensaje y dejar claro que no va a romper ningún Ejecutivo autonómico o municipal en manos del PP.
El PP desprecia el órdago de Vox
“Vox se ha caracterizado por el sentido común y por tomar decisiones teniendo en cuenta el bien de los madrileños, los andaluces y los murcianos”, apuntó el martes Buxadé durante una entrevista en EsRadio, tratando de dejar claro que no iba a producirse esa supuesta ruptura con los gobiernos en la Comunidad de Madrid, Murcia y Andalucía, donde el apoyo de la extrema derecha es imprescindible para mantener los ejecutivos del PP –en las dos primeras, la segunda con tránsfugas de Ciudadanos y Vox– y de coalición entre los populares y el partido de Inés Arrimadas en la última.
El portavoz de Vox quiso explicarse con las siguientes palabras: “Hay una agresión personal a Abascal [en alusión a la declaración de persona 'non grata' por parte de la Asamblea de Ceuta] y a lo que representa. Y lo más normal, humano, de honra y de honor es que el partido solicite una reparación. Y si no se produce, las relaciones están rotas. Yo no me puedo ir a comer y cenar contigo y jiji jaja. Repara el daño y sigamos trabajando por el bien común”.
“Una cosa es exigir una reparación del daño y otra hacer algo en contra de los intereses generales, que es algo que no va a hacer Vox”, insistía el dirigente de la extrema derecha, descartando que vaya a dejar caer los gobiernos del PP en autonomías y ayuntamientos. Y sobre el anuncio de “ruptura” verbalizado por él mismo menos de 24 horas antes, matizaba: “¿Quiere decir que vamos a votar en contra sistemáticamente? No, nunca Vox ha hecho eso”.
En la dirección de Casado nunca se creyeron las palabras de Buxadé anunciando la “ruptura” de sus relaciones con el PP. “Ya han amagado con romper otras veces”, explicaron el mismo lunes fuentes oficiales de la cúpula de los populares. Génova 13 sostiene, además, que a la extrema derecha no le queda más remedio que apoyar sus gobiernos en comunidades autónomas y ayuntamientos porque, de lo contrario, el partido de Abascal sería el responsable de que en esos territorios pudiera gobernar la izquierda.
Más amenazas de división
Desde que en 2018 los populares lograran su primer acuerdo con la extrema derecha para gobernar en Andalucía, han sido constantes los ultimátum del partido de Abascal, tanto en la comunidad andaluza como en Madrid o Murcia, las otras dos plazas en las que el partido de Abascal es clave para poder mantener los gobiernos de derechas.
En las dos primeras, Vox lleva meses asegurando que no sostendría a sus respectivos ejecutivos si no se aprobaba el conocido como 'pin parental', el derecho de veto de los padres a que sus hijos reciban charlas o formación en materia de igualdad o diversidad. Aunque tras la fallida moción de censura de PSOE y Ciudadanos en Murcia, el presidente regional, el popular Fernando López Miras, introdujo en su gobierno a dos consejeros de la extrema derecha alejados de la dirección de Abascal –una de ellas precisamente en Educación–, el Ejecutivo autonómico no ha puesto aún en práctica ese veto parental. Tampoco se ha instaurado en Andalucía. Y Vox sigue sosteniendo a ambos gobiernos.
Una amenaza similar se dio en la Comunidad de Madrid, donde la extrema derecha aseguró en la legislatura pasada que no apoyaría los Presupuestos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso –que entonces gobernaba en coalición con Ciudadanos–, si no introducía el citado 'pin parental' en la región. La presidenta madrileña adelantó las elecciones al pasado mayo sin haber aprobado esas cuentas y, aunque arrasó absorbiendo todo el voto del que fue su socio, Ciudadanos, volvió a necesitar del apoyo de Vox para ser investida.
El partido liderado en Madrid por Rocío Monasterio dio sin problema sus votos para reelegir a Ayuso, y no se planteó tumbar la investidura a pesar de que la dirigente del PP no les ha prometido implantar ese veto de los padres.
A nivel estatal, Casado estuvo meses tratando de diferenciarse de la extrema derecha y escenificó el pasado octubre una teórica ruptura con Santiago Abascal durante la fallida moción de censura registrada por Vox contra Pedro Sánchez. Pero la dependencia del partido ultra para mantener gobiernos autonómicos y municipales y la batalla por la hegemonía de la derecha –y por el mismo electorado– que mantienen ambas formaciones desde hace tres años han forzado al jefe de la oposición a adaptar de nuevo su agenda al paso que le marca Abascal. Ahora el líder del PP contemporiza con algunos de los postulados de la extrema derecha, sobre todo en materia de inmigración, en contra de avances sociales como la eutanasia o la ley trans y, más recientemente, con su connivencia con el revisionismo histórico con la Guerra Civil y la dictadura.
Las diferencias con Ciudadanos
Esos rifirrafes con Vox también se han producido por parte del PP con su otro socio prioritario, Ciudadanos, principalmente a raíz de que el partido de Inés Arrimadas promulgara junto al PSOE la fallida moción de censura en la Región de Murcia que desembocó en la ruptura entre ambas fuerzas allí y en la Comunidad de Madrid, y el adelanto de las elecciones en esta última, en las que Isabel Díaz Ayuso arrasó a costa del voto de Ciudadanos, que perdió toda su representación en la Asamblea regional.
Casado da por amortizada a la formación de Inés Arrimadas, lastrada por sus continuos virajes, y que ha sido absorbida ya en parte por el PP no solo a nivel electoral sino también en el caso de algunos de sus dirigentes más destacados, como Fran Hervías o Toni Cantó, que se han pasado a las filas populares.
El jefe de la oposición ha conseguido incluso la connivencia del expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que desde su despacho de abogados ha asesorado al PP en los últimos meses para varios de sus recursos en los tribunales y al que Génova 13 busca en encaje, con la vista puesta en la Convención Nacional del próximo otoño con la que Casado pretende consolidarse como “alternativa” a Sánchez.
Pese a esta guerra abierta entre PP y Ciudadanos, ambas formaciones mantienen sus alianzas de gobierno en Andalucía y Castilla y León, cuyas administraciones insisten en la solidez de sus acuerdos y descartan la ruptura que propiciaría allí sendos adelantos electorales. También comparten grupo parlamentario en el Parlamento Vasco, después de que los dos partidos se presentaran en coalición en las últimas elecciones en Euskadi, su único intento de alianza en las urnas que no salió como esperaban ambas partes ya que juntas lograron menos escaños que los obtenidos por el PP en solitario en los comicios anteriores.
Aglutinar a las derechas
Casado insistía esta semana en que la única solución frente a la izquierda pasa por aglutinar en el PP “los votos de todo el centroderecha e incluso de socialdemócratas traicionados por los pactos de Sánchez con Bildu y ERC”. “Nuestra posición es que cuando haya que ir a las elecciones, ir con nuestro programa y plantear una amplia mayoría que nos permita desarrollarlo sin ningún tipo de cortapisas y eso se hace ganando a Sánchez, echándolo del Gobierno y aglutinando una mayoría suficiente para no depender de otros partidos”, sentenció el jueves.