Las comunidades autónomas gobernadas por el PP en solitario o en coalición con Ciudadanos (Galicia, Castilla y León, Andalucía, Madrid y Región de Murcia) adelantarán el plazo de inscripción para el próximo curso escolar para sortear las “limitaciones” en la elección de centro contempladas en la ley Celaá.
Así lo ha asegurado Pablo Casado durante su visita a una cooperativa de distribución mayorista farmacéutica de Murcia, justificando esta decisión en que las familias puedan seguir “eligiendo libremente” el centro educativo para sus hijos.
Tras repetir que el PP derogará esta “injusta” norma cuando vuelva a gobernar y que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional y la UE, Casado ha enfatizado que su partido hará “todo lo posible” dentro del marco competencial autonómico para que la “mala” Ley Celaá “no afecte a la libertad de las familias, la calidad educativa y la vertebración del sistema nacional de educación”.
En el caso de Galicia, la única comunidad gobernada por el PP con dos lenguas cooficiales, el presidente de los “populares” ha apuntado que se mantendrá el castellano como “vehicular, al igual que el gallego”, y se añadirá el inglés para pasar del “bilingüismo al trilingüismo cordial”.
Casado ha indicado que estas cinco autonomías van a seguir “fomentando la cultura del esfuerzo y la competitividad” frente a la posibilidad introducida por la nueva ley educativa, que se está tramitando actualmente en el Senado, que permite pasar de curso con asignaturas suspensas.
Por otra parte, el presidente del PP ha propuesto al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, un pacto de Estado por la investigación para dedicar inmediatamente al sector un dos por ciento del PIB español, además de reclamar recursos públicos y privados para combatir enfermedades y mejorar la salud de “muchos” enfermos.
Casado también ha mostrado su “plena colaboración” al Gobierno para que comience lo antes posible el calendario de vacunación contra el coronavirus. Finalmente, ha abogado por la “transparencia, la rendición de cuentas y la honestidad” en la gestión de los fondos europeos y ha mostrado su temor a que el ejecutivo español favorezca a los ejecutivos autonómicos socialistas y a empresas mediante una gestión “clientelar”.