La gestión del plan de vacunación de la COVID-19 por parte de las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias en Sanidad, ha propiciado el comienzo de una suerte de carrera entre los 17 ejecutivos autonómicos desde la llegada del primer lote de vacunas, el pasado 26 de diciembre. Cada territorio aplica sus propios criterios, que han generado importantes diferencias en el porcentaje de vacunas utilizadas, al oscilar del 100% inyectadas en Melilla o el 92,1% administradas en la Comunitat Valenciana, al 46,1% suministradas por el País Vasco o el 51,1% puestas por Navarra y el 51,2% de la Comunidad de Madrid, que son las tres autonomías que se sitúan a la cola según los datos actualizados el viernes.
Tratando de explicar su posición de cola en el ránking, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que hace tan solo dos semanas denunció que el Gobierno “discriminaba” a Madrid por el número de vacunas adjudicadas –aunque hasta el jueves había suministrado menos de la mitad de las dosis que recibió desde finales de diciembre–, aseguró este viernes que “la estrategia de la Comunidad es vacunar bien, no a cualquier velocidad”. “Por eso hemos guardado la segunda dosis y que todo el proceso sea efectivo. Vemos que es lo mejor ante noticias como esta”, tuiteó, haciendo mención a una noticia que recogía la pretensión de Pfizer de reducir las entregas de vacunas a Europa.
Un argumento similar fue el que esgrimió el miércoles la consejera de Salud vasca, Gotzone Sagardui, durante una comparecencia ante el Parlamento vasco y que previamente había aducido Extremadura. Ella explicó que, “según lo previsto”, el Gobierno de Iñigo Urkullu estaba guardando la mitad de las vacunas recibidas para garantizar la segunda vacunación al cabo de 21 días. El día 20, añadió Sagardui, se empezarán a suministrar las segundas dosis a los ciudadanos a los que ya se les inyectó la primera desde el pasado 27 de diciembre, y a partir de ahí se suministrarán tantas como se reciban.
La aparente prudencia de estas dos comunidades autónomas choca en cambio con la actitud del PP gallego, el partido del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que gobierna Galicia con mayoría absoluta. Los populares gallegos solicitaron el viernes que la “diligencia” con la que las comunidades están administrando la vacuna fuera un criterio para distribuir las dosis. “Que en el reparto de vacunas entre comunidades autónomas se prime y premie a las que están siendo más diligentes, como es el caso de Galicia”, pidió el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado.
En rueda de prensa, Tellado no ahorró en elogios al sistema sanitario gallego, que hasta el viernes había administrado el 86% de las dosis recibidas, situándose en el grupo de las comunidades que más han vacunado, solo por detrás de Melilla (100%), Comunitat Valenciana (92,1%) y Asturias (85,1%). El número dos del PP gallego señaló incluso que Galicia está “vacunando a un ritmo superior a la llegada de vacunas”. La cantidad que llega cada semana se podría administrar, según el secretario general de los populares gallegos, “en una sola mañana”. En esta afirmación concuerda con las declaraciones de Feijóo, que el jueves dijo que el sistema sanitario gallego podría dispensar en una sola jornada las en torno a 20.000 dosis que va a recibir semanalmente.
El Gobierno tiene en cuenta a las que más han vacunado
Una tesis similar a la del PP gallego es la que defendió el jueves el presidente de la Generalitat valenciana, el socialista Ximo Puig, que también proponía que a partir de próximos repartos se primara a quienes vacunen más rápido para evitar acumular “un stock más allá de lo razonable” para la segunda dosis. Puig descartó que su propuesta tenga que ver con una cuestión de “insolidaridad” sino que su objetivo es que el reparto sea más flexible: “No significa que no se mantenga el estatus de las vacunas que corresponden a cada comunidad, por supuesto”.
El Gobierno respondía este viernes, a última hora, enviando una nota a las comunidades autónomas en la que aceptaba parte de lo que le solicitaban Galicia y la Comunitat Valenciana. En el reparto de dosis de la próxima semana tendrá en cuenta a los territorios que más hayan vacunado, con el fin de garantizar que a todos aquellos ciudadanos que ya les fue inyectada la primera dosis de la vacuna, se les pueda administrar la segunda. La decisión se toma al tener en cuenta que la semana que viene España solo recibirá el 56% de las vacunas de Pfizer que estaban previstas, aunque según explicó el sábado el ministro Salvador Illa, el ritmo se recuperará la semana siguiente. Desde el Ejecutivo central insisten en que ya han empezado a llegar las vacunas de Moderna, que se suman a las de Pfizer, y la previsión de Moderna es que en las próximas semanas lleguen a España 600.000 dosis de esta vacuna.
El presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, mostró el viernes su rechazo a que se altere la forma de reparto de las dosis de vacunas contra la COVID-19, tal y como pidieron desde Galicia y la Comunitat Valenciana. Lambán consideró que el criterio de reparto fijado ya por el ministerio y las autonomías es “muy atinado”, basado en que las comunidades con más población envejecida reciban más dosis. Un criterio “homogéneo” y que no habría que alterar, estimó el presidente aragonés, quien está “razonablemente satisfecho” con el ritmo de administración de las vacunas en la comunidad –hasta el viernes, un 64,5% de las recibidas–, donde, según dijo, se inoculan las dosis “casi al mismo ritmo que se suministran”.
Las comunidades rezagadas
Otra comunidad gobernada por el PP y Ciudadanos, la Región de Murcia, se sitúa en los puestos de cola del ranking de las autonomías la administración de las dosis recibidas. Según los datos conocidos el viernes, la comunidad solo había inyectado el 68,5% del total.
Andalucía –donde, como en Madrid y Murcia, el PP gobierna en coalición con Ciudadanos– centraba este viernes su discurso en criticar el reparto de dosis, y eso que, hasta el viernes, la autonomía tan solo había inyectado el 64,6% de las vacunas recibidas, apenas una décima más que Catalunya, que se situó en el 66%. Según explicaba el vicepresidente andaluz, Juan Marín, en una entrevista en Telecinco, Andalucía tiene capacidad para vacunar cada semana a 400.000 personas al contar con “recursos humanos y materiales suficientes”, pero llegan 70.000 vacunas semanales.
“No le echamos la culpa al Gobierno. Pedimos que haya un esfuerzo de los laboratorios y la industria farmacéutica para que haya una mayor producción y que llegue a los países miembros de la Unión Europea (UE). El ritmo es lento porque no hay dosis suficientes”, defendía Marín, quien también advertía de que con las dosis previstas va a ser “muy difícil llegar a mayo y junio con la población de riesgo inmunizada por la vacuna”.
Desde Extremadura, otra de las comunidades que se sitúa a la cola en el número de vacunas recibidas que ya han sido inyectadas entre la población –el viernes eran el 66,7%–, su presidente, Guillermo Fernández Vara, se vio obligado a desdecirse el jueves a raíz una polémica declaración realizada un día antes con la que trataba de explicar el retraso en la vacunación en su territorio. “Esta vacuna se ha aprobado en un tiempo excepcionalmente corto y era necesario mantener la prudencia para ver cómo reaccionaban los primeros vacunados”, aseguró en un primer momento.
Después rectificó, a su manera: “Cuando casi nadie me ha entendido es que lo he hecho muy mal. No tengo ni he tenido nunca duda alguna sobre las vacunas. Me confieso de haber pecado de prudencia. Acudo humildemente a pedir disculpas al juez supremo de las redes sociales”, dijo en un tuit.