El giro del PP en su discurso sobre la inmigración ha provocado en las últimas semanas contradicciones con las autonomías donde gobierna. Mientras Alberto Núñez Feijóo ha endurecido sus posiciones, ante el aguante de Vox en las encuestas y la irrupción de Alvise Pérez en la política nacional, algunos de sus barones han pedido mayores facilidades al Gobierno central para poder contratar migrantes ante la falta de trabajadores en algunos sectores.
Hacia finales del verano, el líder de la oposición acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de alentar un “efecto llamada” con su gira por varios países africanos para establecer medidas de control de la inmigración. Feijóo ya había estrenado un duro discurso contra la inmigración en la campaña de las catalanas, cuando relacionó ese fenómeno con la okupación de casas y a finales de julio su partido tumbó la reforma de la Ley de Extranjería que buscaba establecer un mecanismo de reparto de menores migrantes desde Canarias, Ceuta y Melilla a otras comunidades.
El PP, como en otros asuntos, incurre en el tema de la inmigración en continuas contradicciones. Hace apenas unos meses, el partido votó a favor de que el Congreso comenzase la tramitación de una iniciativa legislativa popular para la regularización de casi medio millón de migrantes, aunque en ese mismo debate aclaró que enmendaría el texto.
Hace unos días el PP dio detalles sobre esa modificación para introducir, como suele hacer la extrema derecha cuando habla sobre este tema, vínculos con la delincuencia.
“Uno por uno, caso por caso, conociendo sus circunstancias. Los que están trabajando, los que vienen a emprender un proyecto de vida en España tendrán, será su realidad recogida por ese proyecto de ley. Los que, en otras circunstancias, ya sea con antecedentes penales o que vengan a este país a otras cosas, evidentemente no deberán de ser recogidos”, dijo el portavoz del partido, Borja Sémper, en una rueda de prensa a principios de septiembre.
En su gira por Mauritania, Senegal y Gambia, el presidente del Gobierno anunció un programa de “migración circular”, un mecanismo para la contratación de trabajadores en sus países de origen en sectores con más dificultades de cobertura de vacantes, como la agricultura y la construcción. Una vez finaliza su contrato -fijo discontinuo-, que no puede durar más de nueves meses cada año, el empleado debe volver a su hogar.
Un programa nada novedoso que los Gobiernos del PP han utilizado en el pasado y que incluso el propio Feijóo defendía hasta ese viaje de Sánchez. Pese a ello, el partido salió en tromba tras las palabras del presidente. “Es un llamamiento claro a la inmigración ilegal” que provoca “cientos de muertes” de las que Sánchez es “corresponsable”, dijo el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, en una entrevista en esRadio. “Un disparate en toda regla”, añadió.
Gobiernos del PP piden facilidades para contratar migrantes
Pero como ocurre en otros asuntos como la financiación autonómica, una cosa es la posición del partido a nivel estatal y otra las necesidades de los gobiernos en los territorios. Y en esa brecha surgen también contradicciones. Autonomías como Galicia, La Rioja, Extremadura o Castilla y León han pedido en las últimas semanas mayor flexibilidad para regularizar a migrantes que puedan cubrir empleos con un mayor nivel de vacantes.
El número de puestos de trabajo sin cubrir ha ido al alza en España en los últimos años y se sitúa en niveles récord en al menos una década. Según el Instituto Nacional de Estadística, con datos del primer trimestre de este año, quedaban en España 149.962 empleos libres. A finales de 2023, los mayores agujeros estaban en la administración pública y en el “comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas”.
Para tratar de completar estos huecos en el mercado laboral –un fenómeno que incrementa a medida que crece la actividad económica y mejoran los salarios–, algunas autonomías están pidiendo al Gobierno central mayores facilidades para contratar migrantes o aplicando programas propios en esta línea.
El Ministerio de Seguridad Social e Inclusión, durante la etapa de José Luis Escrivá, impulsó una reforma del reglamento de la Ley de Extranjería que buscaba facilitar el acceso al mercado laboral a miles de extranjeros en España, a través de la disminución de los trámites y la creación de nuevos canales para solicitar permisos de empleo. El cambio normativo se aprobó con el objetivo de ampliar la contratación en origen, permitir trabajar a los estudiantes extranjeros, flexibilizar el impulso de negocios por parte de pequeños emprendedores extranjeros y, finalmente, crear una nueva vía para que las personas en situación irregular logren los papeles a través de la realización de cursos de formación en sectores que necesiten personal.
El Ministerio, dirigido ahora por Elma Saiz, trabaja desde hace meses en una nueva modificación del reglamento. El plazo de audiencia pública para la presentación de alegaciones terminó el 10 de septiembre. El nuevo texto busca entre otras cosas flexibilizar las trabas burocráticas que enfrentan los inmigrantes para acceder a una residencia o a un contrato de trabajo.
Galicia
Esta es una de las vías en las que ha insistido recientemente el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al presentar una ampliación del programa gallego de formación. La nueva edición estará dotada con un millón de euros y prevé llegar a unas 150 personas. Rueda, que calificó la llegada de migrantes a Galicia dentro del reparto entre territorios de “aluvión sin criterio”, sostiene que la fórmula de la formación para el empleo “funciona” y “tiene que ir en la solución” que defiende su gobierno.
“El programa tuvo muy buena acogida y más de un centenar de migrantes participaron en esta primera edición y tuvieron formación en hostelería, atención sociosanitaria, construcción o trabajos en el medio rural, que son los sectores en los que pueden tener más empleabilidad. El 100% obtuvieron permiso de residencia gracias a este programa de formación por arraigo. Y el 70% tiene a día de hoy un trabajo con carácter indefinido”, dijo Rueda el pasado 2 de septiembre al anunciar la ampliación del programa.
La Xunta ve necesario flexibilizar la formación como vía para regularizar a las personas migrantes, pero “siempre que este proceso esté vinculado a la capacitación para el empleo y con un acompañamiento integral” para buscar “la completa inserción de la persona en el territorio”.
En las alegaciones que ha presentado el Gobierno gallego al nuevo reglamento figuran requisitos más flexibles para que las personas migrantes entren al mercado laboral en sectores en los que hay dificultades para encontrar mano de obra, como la pesca o la agricultura. Pide también “plazos más razonables” en la tramitación de los expedientes por parte del Gobierno central.
Extremadura
La Junta de Extremadura tiene en sus planes solicitar formalmente al Gobierno central mayores facilidades para la contratación de mano de obra extranjera. Se trata de una demanda que las principales organizaciones agrarias han trasladado al consejero de Economía, Guillermo Santamaría, que se ha comprometido a defenderla en Madrid al tratarse de una competencia estatal.
No obstante, entre los empresarios hay discrepancias. Aunque todas abogan por suplir la falta de trabajadores con personas migrantes, Apag Asaja y Asaja Cáceres ponen el foco en las ayudas al desempleo que, a su juicio, desincentivan las contrataciones, y UPA-UCE propone la contratación de migrantes ya arraigados.
Pero el campo no es el único que ve en la inmigración una solución a la falta de mano de obra. La patronal de la construcción en Extremadura también ha reclamado la incorporación de trabajadores migrantes. Según el sector, hacen falta 9.000 profesionales en esa comunidad, lo que está provocando una ralentización de obras que ya están en marcha y una minoración de las promociones previstas.
El presidente de la Confederación Extremeña de la Construcción, Carlos Izquierdo de Tapia, abogó en una reunión de este verano con el delegado del Gobierno por “legalizar la situación de estas personas” para poder contratarlas y agregó que, aunque “hay quienes critican que vengan [las personas migrantes] otros buscan integrarlos en la sociedad y el sector tiene claro que precisa mano de obra, pues es un problema serio”.
La Rioja
En el Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ven evidente que hay una falta de mano de obra en algunos sectores, especialmente en los relacionados con las campañas agrícolas importantes para La Rioja como la recolección de fruta, el pimiento o la vendimia, por lo que ven necesario revisar la actual normativa.
Una vez analizado el borrador de la reforma que impulsa el Ministerio, trasladan desde el Gobierno local, la Consejería de Educación y Empleo se reunirá con el sector para consensuar una serie de aportaciones a fin de que se faciliten las contrataciones y se asegure la necesaria presencia de mano de obra.
“El sector agrario es especial, y, por ello, el tratamiento debe ser de la misma forma especial y adaptado a las circunstancias de las campañas agrícolas”, trasladan esas fuentes.
Castilla y León
Castilla y León también ha abordado el asunto de la inmigración recientemente, en unos términos similares a los de sus colegas de Extremadura y Galicia. “Nosotros somos claramente partidarios de que las personas que vengan desde fuera de España a España estén asociadas al mundo del empleo”, dijo esta misma semana el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, para abogar por “una inmigración ordenada” con personas que lleguen con “un contrato de trabajo” y permita que “se integren socialmente”, con el objetivo de cubrir la demanda de trabajadores en empleos de difícil cobertura.
El consejero explicó que la “realidad” es que hay “miles de puestos de trabajo” en Castilla y Léon que están vacantes y que las propias empresas dan parte de esa carencia a la administración autonómica. Es por eso que, para cubrir esta demanda, ha reclamado un “esfuerzo” tanto de Castilla y León como a nivel nacional para “mejorar la formación y cualificación de trabajadores para ocupar ese puesto de trabajo”. “Ese tema es un debate nacional que tendrá que debatirse donde corresponda”, señalan fuentes de la Vicepresidencia de Castilla y León.
Con información de Santiago Manchado, Olivia García, Alba Camazón, Erena Calvo, Javier Ramajo y la edición de Galicia.