El Congreso ha dejado un sabor agridulce en la votación de las propuestas para la reconstrucción económica y social ante la crisis que ha dejado la pandemia de la COVID-19 y que Moncloa planteó como un intento por forjar grandes consensos en torno a las soluciones que necesita España. El resultado de la comisión de reconstrucción en la que se han planteado las recetas económicas, sociales, sanitarias y de posición ante la UE –que no tienen ningún efecto legislativo ni jurídico vinculante– no ha reflejado ni mucho menos unanimidad. El Parlamento ha rechazado las propuestas de política social, mientras que el documento europeo y el de sistema sanitario han contado con una holgada mayoría y han sido los únicos que ha secundado el PP. El referente a la economía tendrá que volver al Pleno. Un error de una diputada de Unidas Podemos, que pidió votar de forma telemática y finalmente lo hizo desde el escaño, además del voto contrario de dos diputados socialistas, han deparado un empate, por lo que se tendrá que repetir la votación.
El planteamiento de Pedro Sánchez es impulsar las iniciativas aprobadas a través de los Presupuestos, aunque sus aliados de la investidura han vuelto a lanzarle avisos sobre su intención de entenderse con Ciudadanos. El presidente del Gobierno planteó en abril la idea de reeditar unos Pactos de la Moncloa, cuando España atravesaba los momentos más duros de la pandemia en cifras de fallecidos y contagiados y de confinamiento total. Las consecuencias económicas empezaban a notarse y las previsiones de los organismos internacionales eran muy desalentadoras.
Con el PP enfrente y los primeros recados de los aliados parlamentarios, el presidente clamaba por la unidad de las fuerzas políticas frente al virus: “La unidad salva vidas, la unidad salva empresas”. En ese marco, se reunió con todos los líderes parlamentarios -a excepción de Vox que declinó la invitación- y Pablo Casado aceptó negociar unas bases para la reconstrucción, pero en el ámbito parlamentario. De hecho, el líder del PP siempre presume de que la comisión se creó por iniciativa de su partido, aunque en realidad lo único que hizo Casado fue trasladar al Congreso la propuesta lanzada por Sánchez.
El Congreso puso en funcionamiento una comisión a principios de mayo que se dividió en cuatro grupos de trabajo y por el que desfilaron decenas de políticos y expertos para plantear sus recetas. Dos meses después los grupos presentaron unas conclusiones que sirvieron como base para la negociación de las medidas en materia económica, social, sanitaria y europea que se deben poner en marcha para reactivar o mejorar el funcionamiento del país. PSOE y Unidas Podemos plantearon un acuerdo de mínimos, que dejaba fuera algunas de las promesas programáticas de la coalición -como la derogación de la reforma laboral- para atraer a PP y Ciudadanos.
Pese a ese intento, los de Casado solo han apoyado las propuestas en materia sanitaria y de política europea, aunque ese respaldo supuso un giro en la política del líder del PP después de meses de ataques permanentes al Gobierno por la gestión de la pandemia, acusando a Sánchez de mentir o responsabilizándole directamente de los fallecidos. Al frente de la negociación el presidente de los populares colocó a la exministra Ana Pastor, del sector moderado, y muy alejada en el fondo y las formas de la portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo.
Ciudadanos, sin embargo, ha repetido como aliado del Gobierno y ha avalado tres de los cuatro documentos: el sanitario, el europeo y el de la reactivación económica. A pesar de que la bancada socialista enarbola la bandera de la “geometría variable” al haber logrado acuerdos con prácticamente todo el arco parlamentario, la actitud que han mantenido los de Sánchez no ha convencido a sus aliados de la investidura, que llevan meses advirtiéndole de que tiene que cuidarlos si aspira a aprobar unos presupuestos que son vitales para que el Gobierno pueda continuar y para la reconstrucción del país.
En el último debate sobre los dictámenes de la comisión de reconstrucción, Gabriel Rufián reiteró la incompatibilidad de ERC con Ciudadanos y avisó de que la connivencia con los de Inés Arrimadas para las cuentas públicas hace casi imposible que los republicanos catalanes entren en la ecuación. El mensaje que lanza el Ejecutivo en los últimos días es que pretende priorizar a las fuerzas progresistas, aunque Ciudadanos, que presume de haber “conseguido forzar esos consensos”, se ha ofrecido a negociar. Desde Unidas Podemos el planteamiento es mucho más claro. Este mismo miércoles, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, insistió en que un Gobierno en el que esté la formación que lidera es “incompatible” con un acuerdo con el PP o Ciudadanos en materia presupuestaria. “Creo que es evidente que rearmaremos la mayoría de la investidura”, zanjó.
Pero los socios de la investidura no terminan de fiarse. “El Gobierno se ha centrado en pactar con la derecha y en contentar sus planteamientos. Si esto es un preludio de lo que piensa hacer con los presupuestos, no le auguro ningún camino favorable a la mayoría social. Es muy preocupante el camino que está tomando”, advirtió la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, tras el Pleno de este miércoles.
Tampoco al PNV -por quien inevitablemente pasa cualquier camino que tome el Gobierno para los presupuestos- está conforme con cómo se ha llevado a cabo la comisión de reconstrucción. De hecho, los nacionalistas vascos votaron en contra de tres de los cuatro documentos. “No puede pensar que va a tener Presupuestos Generales mientras a los demás nos deja in albis y no podemos contar con los datos para ir preparar toda la senda presupuestaria -fue el recado que dejó Aitor Esteban a Sánchez en la sesión de control-. No se moleste en llamar a nuestra puerta para conseguir más acuerdos, cumplamos primero lo pactado”.
La negociación parlamentaria en las últimas semanas ha sido muy complicada y el PSOE se ha volcado en intentar un acuerdo transversal que parecía casi imposible desde el primer momento. Desde Unidas Podemos, que ha cedido en sus grandes aspiraciones como la propuesta de un impuesto a las grandes fortunas, también ha lamentado la actuación socialista en las últimas horas, sobre todo por su negativa a aceptar una enmienda de EH Bildu sobre la revalorización de las pensiones que habría supuesto su apoyo al documento social y, por tanto, evitado la derrota en el único dictamen que no ha salido adelante.
La votación de los dictámenes ha deparado, además, una sorpresa advertida por los servicios de la Cámara con posterioridad a que la presidenta, Meritxell Batet, levantara la sesión. Una diputada de UP, Marisa Saavedra, había pedido votar telemáticamente, pero finalmente ejerció su voto de forma presencial. El voto, por tanto, no se ha contabilizado. Dos diputados socialistas, Agustín Zamarrón y Noemí Villagrasa, han rechazo ese documento. Esas dos situaciones han provocado un empate en el dictamen sobre Reactivación Económica.
Desde el grupo confederal apuntan que el error “no es achacable a la diputada”, sino al propio grupo “que se equivocó al solicitar su voto telemático estando ella presente en el Hemiciclo, y a los servicios de la Cámara, que le avisaron de que tenía que votar telemáticamente apenas tres minutos antes de que finalizara el plazo y por tanto no le dio tiempo”. UP asegura que estudiará “la posibilidad de impugnar la anulación del voto” ya que solo ha votado una vez, no dos.
El artículo 88.1 del Reglamento del Congreso establece que, en caso de empate, la Presidencia del Congreso indicará un nuevo día para votar y, si la situación persiste, “se entenderá desechado el dictamen, artículo, enmienda, voto particular o proposición de que se trate”. Batet ha señalado que la repetición será en el próximo pleno extraordinario, previsto para el miércoles que viene. Si nada se tuerce, la votación debería ser favorable al dictamen, dado que no se ha duplicado el voto sino que se ha producido de forma inadecuada.
La concertada, el principal escollo
En todo caso, socialistas y grupo confederal sostienen que lograrán sacar adelante ese documento -por la mínima- la próxima semana sin que haya errores por su lado. En lo que no hay vuelta atrás y con lo que ya contaban tanto el PSOE como Unidas Podemos es en el rechazo a la propuesta de política social. El Congreso ha tumbado ese documento ante la falta de acuerdo que ha pivotado en torno a la educación concertada. Ciudadanos y JxCat rechazaron esas conclusiones porque no figuraba en los mismos términos que la pública respecto a la recepción de fondos extraordinarios. Inicialmente los partidos que sustentan al Gobierno plantearon que la “totalidad” de ese dinero fuera a parar a la escuela de gestión directa pública. Finalmente pactaron con ERC un planteamiento más genérico: “La totalidad del incremento de la inversión irá destinado a cerrar la brecha educativa, dando prioridad a todos aquellos centros que atiendan a alumnado en situación de vulnerabilidad”. Sin embargo, a juicio de Ciudadanos y JxCat esa redacción margina al alumnado de la concertada.
A pesar del varapalo en la votación, la derrota no tiene ningún efecto legislativo ni jurídico ya que tampoco lo tienen las recetas que sí se han aprobado. Lo que pretende el Gobierno es que esas medidas tengan su reflejo en los Presupuestos Generales del Estado y que sirva así como presión al resto de grupos para que los secunden. No obstante, no todos los grupos han avalado los mismos documentos por lo que la traslación directa a los apoyos de las cuentas no es tan sencilla.
¿Y qué es exactamente lo que se ha aprobado en el Congreso?
Los dictámenes aprobados recogen sendos planteamientos genéricos con directrices y declaraciones de intenciones en materia económica, sanitaria y dentro de la UE. En el ámbito económico, que en principio saldrá adelante la semana que viene, el documento contempla mantener en el corto plazo las medidas de apoyo a todos los sectores aprobadas durante la pandemia y adaptar a la desescalada el plan de choque ante los efectos económicos y sociales de la crisis sanitaria, con medidas para proteger el tejido productivo y el empleo, así como las rentas de las familias, tejer una red de seguridad para las personas más vulnerables y apoyar la recuperación de los sectores más afectados. El texto recoge, de manera específica, que se deberá trabajar con los agentes sociales y las instituciones europeas en la preparación de planes para los sectores más relevantes afectados por la crisis. No obstante, no tiene una gran concreción en materia fiscal.
Además, se acuerda luchar contra la precariedad y temporalidad excesiva en el mercado laboral mediante las reformas pertinentes, siempre en el marco del diálogo social, e impulsar la simplificación de las fórmulas contractuales. Sin embargo, el PSOE rechazó todas las propuestas que tenían que ver con el compromiso de derogar la reforma laboral. Dicha medida, recogida en el acuerdo del Gobierno de coalición, se mantiene plenamente vigente, según han explicado de forma habitual los ministros de Unidas Podemos. Especialmente, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, quien insistía este mismo martes en ello.
Fruto de la negociación en la Comisión para la Reconstrucción, se incluye el impulso de una Ley de Movilidad que recoja los aspectos relativos a la financiación del transporte público, así como la reforma del sistema de financiación autonómica para que todas las comunidades puedan prestar los servicios públicos que son de su competencia de manera equitativa.
En las últimas negociaciones, se incorporaron a este dictamen otras propuestas como “promover la contratación pública social y medioambientalmente responsable”, que en los planes de reactivación económica se contemplen la transición energética y la lucha contra la corrupción, establecer un mecanismo de evaluación y seguimiento de las políticas activas de empleo actualizando la Estrategia de Empleo Juvenil, facilitar la liquidez de pymes y autónomos, impulsar la construcción de ejes ferroviarios descentralizados como el del corredor mediterráneo o blindar la continuidad de las empresas culturales.
En cuanto a las conclusiones relacionadas con la UE, que son las que han contado con un mayor apoyo parlamentario, se trata de una declaración de intenciones que incluye un amplio abanico de asuntos, como garantizar que la Política Agraria Común (PAC) sigue contando con los fondos suficientes, la lucha contra los paraísos fiscales y el dumping fiscal en el seno de la UE o el avance hacia la Unión Sanitaria para hacer frente a rebrotes o nuevas pandemias así como el fortalecimiento de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y del Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC). También queda reflejada la apuesta por negociar unos fondos de reconstrucción europeos, que se aprobaron en Bruselas antes de la votación en el Congreso. El compromiso es encontrar ahora un mecanismo para que las comunidades autónomas sean partícipes en el reparto.
En materia de Sanidad, el principal acuerdo, alcanzado con el PP y Ciudadanos, consisten en la creación de un Centro Estatal de Salud Pública y Calidad Asistencial. El texto deja abierta la puerta a que la figura jurídica se la de una agencia estatal, es decir, un organismo autónomo que cuente con su propio presupuesto y tenga capacidad de gestión propia. La inclusión de esta medida ha echado para atrás, por ejemplo, al PNV, quien teme una “recentralización” de competencias desde las comunidades al Estado. El documento ha sido apoyado, además de por los partidos del Gobierno y los mencionados, por Más País, Compromís y Nueva Canarias. Por su parte, Vox, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y la CUP han votado en contra.
El texto también alude al cacareado Pacto Cajal, propuesto por Pablo Casado y que el PP ha convertido desde hace meses en su planteamiento estrella en la lucha contra el coronavirus. El dictamen asegura que el Sistema Nacional de Salud precisa de “reformas estructurales además de dotarlo con los recursos necesarios” que deberían articular las medidas recogidas en el propio documento a través de un pacto de estado que lleve el nombre del premio nobel español.
Pero el documento refleja a otras cuestiones, como la necesidad de revertir el desmantelamiento de la sanidad universal que llevó a cabo precisamente un Gobierno del PP. Además, apremia a eliminar los copagos farmacéuticos, que se generalizaron bajo el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
También se menciona un “pacto social en pro de la sanidad pública” que refuerce la “apuesta decidida por la sanidad pública”, así como la necesidad de “eliminar la tasa de reposición de efectivos para así terminar con la precariedad laboral” y “desarrollar una política retributiva que mejore los niveles actuales” y “garantizar el acceso a la información clínica de lo pacientes en todo el Estado”.
Al fracasar el apartado de políticas sociales, no formarán parte de las conclusiones para la reconstrucción propuestas encaminadas a la lucha contra la pobreza infantil, la desaparición de la brecha salarial, el fortalecimiento del sistema de cuidados, el combate contra la violencia machista o planes en materia de vivienda, como que al menos el 1% de los contratos de obras públicas se destinaran a trabajos de accesibilidad en edificios de viviendas. En cualquier caso, las propuestas de reconstrucción pretendían ser una guía básica para la elaboración de los presupuestos, que tendrán que contener los acuerdos programáticos suscritos por Sánchez y Pablo Iglesias en los que se encontraban ya muchas de esas iniciativas.