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El Congreso inicia por cuarta vez el proceso para limitar los secretos oficiales con una reforma frenada desde 2016 por PP y PSOE

Uno de los últimos plenos del Congreso de los Diputados.

Iñigo Aduriz / Aitor Riveiro

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El Congreso de los Diputados ha dado de nuevo este martes el primer paso para modificar la Ley de Secretos Oficiales de 1968, con el objetivo de limitar la vigencia de la clasificación de documentos y establecer que el Consejo de Ministros sea el único organismo con capacidad para declarar un asunto como secreto de Estado. Se trata de la cuarta vez que la Cámara Baja admite a trámite una proposición de ley presentada por el PNV para reformar la citada normativa franquista. Hasta ahora, PP y PSOE habían paralizado la tramitación prorrogando indefinidamente los plazos para presentar enmiendas o por los sucesivos adelantos electorales.

El Pleno del Congreso aprobó el inicio de la tramitación de una propuesta similar a la aprobada hoy en abril de 2016, pero la iniciativa decayó al convocarse las elecciones de junio de aquel año. El PNV la volvió a presentar en la legislatura siguiente, en noviembre de ese año, pero el plazo para la presentación de enmiendas a la misma se fue prorrogando hasta marzo de 2018 por parte de la mayoría que ostentaban entonces el PP y el PSOE en la Mesa del Congreso. Tras las elecciones de junio de 2019, el PNV volvió a registrar el texto, pero esta vez no llegó al Pleno y volvió a caducar con la convocatoria de nuevas elecciones en noviembre.

Este martes la propuesta del PNV ha contado con el respaldo de PSOE, Unidas Podemos, y todos los grupos nacionalistas e independentistas. PP y Ciudadanos se han abstenido y Vox ha votado en contra.

En su turno de intervención para defender la propuesta de ley, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha recordado que la norma actual incumple “las instrucciones institucionales e internacionales sobre documentación y acceso a documentos públicos e información”. “En la actual ley, el Gobierno o parte del Gobierno puede hacer lo que quiera, y como no hay criterios no hay obligaciones. Hay una auténtica desidia a la hora de desclasificarlos. Debemos acabar con esta práctica abusiva y generalizada”, ha recalcado.

Por ello ha propuesto “ir al modelo de los países que deberían ser”, a su juicio, “homólogos” de España “que fijan un criterio temporal como automatismo para desclasificar” documentos. En su iniciativa, el PNV propone “incorporar la obligación de que en toda clasificación de una materia se establezca el plazo de su vigencia, no pudiendo superar los veinticinco años para materias calificadas secretas y los diez años para las reservadas, salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada, en el exclusivo caso de las materias secretas, por un nuevo período máximo de diez años”.

“Hablar de temas que parecen tabú”

“Nuestra propuesta es coherente con la transparencia y la ley de transparencia, para que podamos hablar con normalidad de temas que parecen tabú o que investigadores e historiadores conozcan qué es lo que pasó”, ha insistido Esteban, que se ha mostrado en contra de quienes creen que blindando los secretos oficiales . “se trata de defender al Estado”. “Esto no es así. El Estado son los ciudadanos, son las personas, y son mayores de edad para poder juzgar por sí mismos. Si se pone la defensa del estado como excusa es porque algunos están defendiendo sus propios intereses”, ha denunciado.

Esteban ha protagonizado un bronco debate con el diputado de Vox Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, que ha acusado de “recogenueces” al PNV, en una referencia al supuesto aprovechamiento político de la violencia de ETA por parte del partido vasco. El diputado nacionalista le ha respondido con sorna que oír hablar de recogenueces le recuerda “a Chip y Chop” que “luchaban contra los Golfos Apandadores”, que ha asimilado con Vox. El parlamentario de la extrema derecha ha respondido hablando de las “vascongadas” y acusando al PNV de blanquear a ETA. Además, ha justificado su 'no' en que “los intereses de España son eternos y perpetuos”.

Tanto la CUP como EH Bildu han cuestionado el interés de PP y PSOE por desclasificar algunos asuntos como el 23F o temas referidos a la monarquía. “En lugar de secretos oficiales, deben de ser aberraciones inconfesables, porque seguro que tiene que ver con eso. ¿Qué tienen que esconder?”, se ha preguntado el portavoz de la izquierda abertzale, Oskar Matute. Por ello ha pedido que todo el Parlamento respaldara la proposición del PNV: “Háganlo por la gente que reclama verdad, justicia y reparación”.

“Me resulta imposible de entender cómo hay ciertas cosas que solo se esconden de la ciudadanía y de los diputados. Basta ya de opacidad”, ha añadido, por su parte, la diputada de ERC Carolina Telechea, que se ha preguntado “cómo se puede hablar de transparencia” sin que la jefatura de Estado deba dar cuentas “de los escándalos por los que está pasando la Casa Real”.

“Una democracia acomplejada”

La parlamentaria de Unidas Podemos Pilar Garrido, ha asegurado además que a su juicio es “extraño y difícil de entender que todavía esté vigente” la ley de 1968 de secretos oficiales “además cuando regula algo especialmente importante y sensible para un estado democrático”. “Debería dar qué pensar a las fuerzas que llevan sentados muchos años en esta Cámara. La ley evoca un país con una democracia acomplejada, asustada y temerosa. Por eso es urgente desechar este tipo de normas y transitar de forma definitiva e irreversible hacia un democracia avanzada que proclama el preámbulo de la Constitución”, ha zanjado.

También a favor se ha mostrado a favor de la iniciativa del PNV el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, que ha asegurado que “esto no es una discusión sobre el pasado, es sobre el futuro. Es decirles a los mandos que están por venir que los españoles conocerán lo que hagan”.

La diputada del PSOE Andrea Fernández Benéitez, ha reconocido que la actual ley “es preconstitucional”. “En su preámbulo está trufada de anacronismos. Fue retocada, pero es poco operativa. Surgen problemas en el ámbito internacional o datos cuya necesidad de protección excede en los plazos. Estas cuestiones serán cuestión de análisis en las enmiendas para no vaciar de contenido la ley de secretos oficiales. El parlamento está en obligación de dotar con leyes consonantes con la madurez democrática actual y conjugarlo con la seguridad y la defensa del estado, que son valores oficiales”, ha zanjado.

Ciudadanos ha anunciado su abstención, al considerar que “no es creíble un apoyo del PSOE a esta tramitación cuando este Gobierno ha usado los secretos oficiales como vasos comunicantes con el Portal de transparencia”. El PP también se ha abstenido. “Estamos preparados para una reforma, pero integral y madura, meditada, para atender los reclamos de la historia y de los historiadores y las exigencias de la democracia y los demócratas”, ha señalado el parlamentario popular Miquel Jerez.

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