Diputados que fotografían a otros diputados en zonas restringidas: una situación no regulada por el Congreso
La imagen que capta el momento en el que Pablo Iglesias y Albert Rivera comparten un café pocos minutos después de que el rey anunciase que no propondrá a ningún candidato para la investidura escapa a la estricta regulación que el Congreso aplica en materia de información gráfica. La cafetería donde se tomó la instantánea es una zona exclusiva para los diputados a la que durante los plenos solo se puede acceder desde el hemiciclo. El alcalde de Valladolid y portavoz de la ejecutiva socialista, Óscar Puente, difundió la fotografía a través de Twitter acompañada del mensaje “les va a ir bien a estos”, pero no pudo ser el autor de la foto: no es diputado y no tiene acceso al lugar en el que Iglesias y Rivera conversaban en privado.
La cafetería donde se tomó la foto es un lugar donde los parlamentarios acuden para conversar alejados de los focos. Se trata de una zona restringida, nunca antes fotografiada. La difusión de la instantánea ha provocado la reprimenda de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet que el pasado martes tuvo que recordar a los parlamentarios la prohibición de difundir imágenes de las sesiones y desde los espacios previstos para el uso exclusivo de sus señorías.
El Congreso es particularmente estricto con la difusión de imágenes y tiene muy tasado el trabajo de los reporteros gráficos. Solo aquellos con acreditación específica tienen autorización para realizar fotografías. Cualquier otro periodista, redactor o locutor que realice coberturas parlamentarias tiene prohibido el uso de cámaras o teléfonos móviles para la toma de imágenes en el interior del Congreso.
Durante los plenos solo dos cámaras de vídeo están autorizadas para la grabación de declaraciones en los pasillos que rodean el hemiciclo: una del propio Congreso y otra que se van rotando en un estricto turno pactado por las televisiones que informan sobre la actividad parlamentaria.
El celo con el que el Parlamento ha tratado el asunto de la toma de imágenes provocó en 2011 la redacción de una instrucción específica prohibiendo a los informadores gráficos la toma de imágenes que puedan vulnerar la privacidad de sus señorías. En aquella instrucción se decía que “los redactores gráficos deberán respetar los derechos fundamentales de los diputados y demás personas que prestan sus servicios en la cámara” y se amenazaba con retirar la acreditación a quienes vulnerasen esa norma.
La instrucción fue provocada por una fotografía en la que se podía leer un mensaje de texto en el teléfono móvil de Alfredo Pérez Rubalcaba intercambiando impresiones sobre los nombramientos que Rajoy preparaba para su consejo de ministros. El diario El Mundo acabaría publicando aquella fotografía, realizada por Alberto Cuellar, y en la que se podía leer lo siguiente sobre la pantalla del móvil de Rubalcaba: “Me dice nuestra informadora en el ayuntamiento de Madrid que Gallardón va a Defensa”.
En 2013, durante una comparecencia del presidente del Banco Central Europeo ante los grupos parlamentarios, se vetó la entrada de fotógráfos e incluso se cerró la puerta a las taquígrafas. La opacidad de aquella reunión fue desarticulada por varios parlamentarios de Iniciativa Per Catalunya que grabaron el encuentro. Finalmente la comparecencia de Draghi vio la luz pero con retardo ya que el Congreso había instalado inhibidores de frecuencia para evitar que sus señorías pudieran usar sus teléfonos móviles y contactar con el exterior del recinto.
En 2015 otra imagen estuvo a punto de costarle su acreditación de prensa al periodista Antonio Maestre: se trataba de un vídeo en el que se veía a la vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, jugando a un videojuego durante el desarrollo del debate sobre el estado de la nación. Finalmente no hubo sanción pero desde entonces el personal del Congreso reforzó su control sobre el uso de teléfonos por parte de los periodistas que cubren los plenos desde la tribuna.
Más reciente es el caso de un trabajador de OK diario que se coló en el despacho de la portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, para grabar un vídeo con el objeto de criticar el supuesto lujo de la estancia en la que desarrolla su trabajo la portavoz del cuarto partido en el Congreso. Tras la difusión de las imágenes, el Parlamento retiró la acreditación del periodista por espacio de un año.
Todos los límites impuestos a los informadores han saltado por los aires con la imagen distribuida por Óscar Puente. Mientras el Congreso limita la labor de los fotógrafos, no tiene prevista una respuesta para cuando los diputados deciden grabarse entre ellos.
La difusión de la fotografía publicada por el portavoz de la ejecutiva socialista ha generado una respuesta de indignación con críticas públicas como la publicada por el propio Pablo Iglesias o el diputado de ERC, Gabriel Rufián. Lejos de pedir disculpas, Óscar Puente se enzarzaba con ellos a través de la misma red social desde la que se difundió la instantánea.