El Tribunal Constitucional ha decidido tramitar la recusación planteada por el Govern de Catalunya contra el magistrado Andrés Ollero. La petición planteada por el ejecutivo que lidera Quin Torra se apoya en el voto particular que Ollero redactó contra la sentencia sobre el código civil catalán y en el que calificó como “supremacistas” algunos planteamientos del Parlament de Catalunya.
La decisión de recusar al magistrado conservador fue comunicada a principios de diciembre por la consejera de presidencia, Meritxell Budó, en una comparecencia en la que aseguró que el escrito del magistrado del constitucional contenía “un sentido de descalificación ofensiva que revela una animadversión manifiesta contra el Govern de la Generalitat”.
La tramitación de la recusación es prácticamente obligada siempre y cuando la petición se presente sin defectos de forma y no esté planteada de manera arbitraria. Según fuentes del tribunal no se podrá resolver hasta después de navidades. El órgano encargado de decidir es el pleno del organismo sin la participación del magistrado afectado.
Como primera consecuencia, el Constitucional ha tenido que aplazar este martes el debate sobre la legalidad de la ley tributaria catalana, al quedar Ollero temporalmente limitado a participar en otras decisiones hasta que se resuelva sobre la recusación pedida contra él.