Vox sigue con su particular cruzada contra las subvenciones que reciben los sindicatos, la patronal y diversas organizaciones de mujeres u ONG que no son de su cuerda. El partido de extrema derecha clama contra los “comegambas”, como se refiere despectivamente a los sindicalistas, e insiste en que hay que luchar contra “el gasto superfluo”. También apoya que el nuevo presidente argentino, Javier Milei, suprima las ayudas a los partidos. Pero la formación de extrema derecha no se aplica la misma medicina que reclama para los demás.
La formación no ha renunciado a ninguna de las partidas de dinero público a las que tiene derecho y, que se sepa, ninguno de sus cargos públicos ha rechazado el cobro de dietas que, además de sus sueldos, conceden el Congreso y el Senado y los parlamentos autonómicos por conceptos de diversa índole, como partidas extras para desplazamientos y otros complementos para vivir y pernoctar en Madrid –que no tributan a Hacienda–, pese a que muchos diputados tienen en la capital vivienda, como el mismo Abascal.
Durante la pandemia, Vox no apoyó la idea del resto de los grupos de dejar de cobrar ese complemento, que supone para los diputados electos por Madrid cerca de 1.000 euros mensuales (963,43) y para los del resto de las provincias casi el doble (2.018,41). Abascal anunció entonces que su partido estaba dispuesto a donar íntegramente esa subvención institucional de su grupo parlamentario correspondiente a los meses más duros del confinamiento. Pero tampoco concretó a dónde iría a parar ese dinero.
En julio del año pasado, al finalizar la anterior legislatura, 30 de los diputados de Vox que o bien no repitieron en las listas o bien no salieron elegidos de nuevo, se acogieron a la llamada “indemnización por cese”, que supone 52 días del salario que estuviera percibiendo cada uno en un único pago. Solo dos renunciaron a ella, según desveló Newtral.
El partido también dice estar en contra de los sindicatos a los que considera “parásitos”, pero en 2020 apadrinó el suyo propio, Solidaridad, que se jacta de que se financia, “única y exclusivamente” con las aportaciones de las cuotas de sus afiliados, cifrados en unos 15.000, una cantidad ridícula comparada con el resto de este tipo de organizaciones.
No obstante, sus estatutos permiten recibir donaciones, subvenciones y otras formas de financiación que no desvelan y que sirven de ayuda para que sus cargos puedan desarrollar su actividad, como los viajes a Bruselas que han realizado para mantener reuniones con partidos de extrema derecha integrados en el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) –en el que está Vox– , y con otros sindicatos europeos afines.
Solidaridad ha estado dirigido por Rodrigo Alonso, diputado de este partido en el parlamento andaluz por Almería, que al año de ser elegido eliminó las votaciones internas. Pese a su escaso poder, a finales del año pasado convocó una huelga general “en defensa de la unidad de España y los derechos de los trabajadores”, que no tuvo ningún eco.
Como desveló elDiario.es, Vox también ha transferido a la Fundación Disenso, que preside el propio Abascal, más de siete millones de euros en los últimos siete años, dinero procedente del partido, cuyos ingresos principales son las subvenciones de dinero público. Tras conocerse además un informe del Tribunal de Cuentas que alertaba de irregularidades en las donaciones, la cúpula del partido sustituyó al gerente, presentando el cambio como “una renuncia por voluntad propia”.
Felicitan a Milei por suprimir las subvenciones a los sindicatos
La semana pasada, los dirigentes de Vox aplaudían la decisión del presidente Javier Milei de suprimir las subvenciones a los partidos políticos. La noticia la recogía el medio de cabecera del partido de Abascal, La Gaceta de la Biosfera, destacando “las similitudes entre las propuestas” del mandatario argentino y las de su formación. Según recuerdan, “el programa electoral de Vox para las elecciones del 23 de julio del año pasado recogió la promesa de suprimir todos los organismos ideológicos y subvenciones a partidos, sindicatos, patronales y otros entes políticos”. “No habrá igualdad real entre españoles mientras una casta privilegiada viva del esfuerzo del español de a pie”, sentencian.
Ellos en España se jactan de hacer igual. Hace apenas unos días, el partido de extrema derecha destacaba en sus redes sociales la noticia de que el Gobierno de coalición de Castilla y León –presidido por el PP– había vuelto a aprobar otro “recorte” de cerca de 250.000 euros en subvenciones a los “comegambas”, como llama Vox a los sindicalistas.
Según explican, el consejero de Industria, Empleo y Comercio del Gobierno, Mariano Veganzones, de Vox, ha avanzado que “en 2024 se eliminará la ayuda destinada a patronal y a UGT y CCOO por asesorar al Serla”, que ascendía a 232.000 euros cada año. El consejero ha tildado de “pataleta infantosindicalista” la petición de los sindicatos de aplicar el artículo 155 a la región.
No es la primera vez que meten 'la tijera' a estas subvenciones en Castilla y León. En junio de 2022 Vox y PP ya ejecutaron un recorte de 20 millones de euros en las subvenciones que reciben los sindicatos y patronal. La contradicción es que pese a no parar de denunciar el “gasto político” que hubo en la etapa de los socialistas, el Ejecutivo de coalición actual cuenta ahora con 99 altos cargos, seis más que en la anterior legislatura, y ha cubierto todo el cupo de eventuales, los cargos a dedo que ocupan puestos de jefes de prensa en las consejerías, de asesores o incluso de responsables de redes sociales.
En Murcia y Valencia, más recortes
También en la Región de Murcia, PP y Vox han recortado un 45% las subvenciones nominativas que concede cada año a la patronal Croem y a los sindicatos UGT y CCOO para desarrollar estudios y trabajos de colaboración en materia de planificación económica y prevención de riesgos. La decisión se tomó a finales de 2023, un año en el que habían fallecido un total de 32 trabajadores por accidente laboral y mientras el Ejecutivo de López Miras decidía acordar con Vox destinar 100.000 euros en la “defensa de la unidad de España” en los Presupuestos regionales para 2024.
La formación de Abascal también tiene previsto modificar allí la Ley de Participación Social, para hacer que la concesión de subvenciones se haga de forma competitiva -a concurso- en lugar de directa como se hacía hasta ahora.
El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) en la Región de Murcia advirtió en este diario que la medida podía suponer que el sindicato de Vox podría acceder a subvenciones hasta ahora reservadas a formaciones que habían negociado convenios con la Administración: “[Vox] Están cobrando y están recibiendo también compensaciones por los votos que tienen, por la representación con la que cuentan en la Asamblea Regional o por la representación que tienen en el Parlamento nacional. Si quieren dar ejemplo podrían renunciar ellos primero a esas compensaciones”, reflexionó el sindicalista.
En Extremadura, sus intenciones han chocado con el PP. A finales de septiembre del año pasado, el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, aseguraba que la Junta de Extremadura no recortará subvenciones a sindicatos y patronal, pese a que su partido firmó con Vox lo contrario en el acuerdo de gobierno que hizo presidenta a María Guardiola. Según le recordó el diputado de Vox en la Asamblea regional, Javier Bravo Arrobas, ese recorte de ayudas “evidentemente sí está en el acuerdo”.
Poco después, durante la tramitación del proyecto de presupuestos que la Junta de Extremadura presentaba para 2024, los primeros del Gobierno conjunto, el partido de Abascal exigía la “eliminación del gasto superfluo”, es decir, la reducción de un 10% de las partidas dedicadas el año que viene como apoyo institucional a la patronal CREEX y a los sindicatos UGT y CCOO, y de un 26% del dinero para cooperación internacional al desarrollo. Finalmente, los dos partidos alcanzaron un acuerdo y las cuentas de 2024 salieron adelante.
En la Comunitat Valenciana, Vox ha exigido que los sindicatos muestren sus cuentas anuales, partidas presupuestarias, subvenciones y salarios de forma periódica. El partido presentó en septiembre del año pasado una proposición no de ley urgente en las Corts Valencianes, que también afecta a asociaciones empresariales, para que “tengan la obligación de hacer pública toda información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria”.
Un mes después, en el Ayuntamiento de València, que encabeza al dirigente del PP María José Català, la formación de extrema derecha exigió también eliminar 243.000 euros de subvenciones a los sindicatos porque “no tenían demasiado sentido”. “Hemos conseguido poniéndonos de acuerdo eliminar algunas subvenciones nominativas que no tenían demasiado sentido como, por ejemplo, las que se producen hacia los sindicatos, de manera que se potencian algunas subvenciones culturales que tienen que ver con la tradición y la historia de la cultura valenciana y prescindimos de algunas otras que no representan tanto al sentir de la mayoría de los valencianos”, señaló el segundo teniente de alcalde y portavoz municipal de Vox durante la presentación de los presupuestos municipales junto a la alcaldesa.
En Baleares UGT y CCOO obligados a cerrar oficinas de Igualdad
En Balears, en donde Vox no ha entrado en el Govern de Marga Prohens (PP) y ha sufrido una reciente fuerte crisis interna que al final controlaron, los dos socios de legislatura aprobaron suprimir las ayudas públicas a sindicatos y patronales. Las subvenciones se elevaban a 400.000 euros, repartidas de este modo: 100.000 euros a CCOO, 100.000 euros a UGT, 50.000 euros a la Pequeña y Mediana Empresa (Pimem) y 150.000 euros a la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB). Fue una de las condiciones que puso el partido de extrema derecha a cambio de dar su apoyo a los Presupuestos de este año.
La eliminación ha abocado tanto UGT como CCOO a cerrar sus oficinas técnicas de Igualdad, cuyo objetivo pasaba, principalmente, por mejorar la equidad entre mujeres y hombres en las empresas de las islas y favorecer la no discriminación de género en el ámbito de las relaciones en el trabajo y la salud laboral.
En el Ajuntament de Palma, el líder de Vox, Fulgencio Coll, renunció a inicios de legislatura a percibir un sueldo como regidor por estar ya jubilado y cobrar su propia pensión. El exjefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra rechazó así a percibir remuneración alguna del Consistorio, como tampoco las asignaciones a las que tendría derecho por asistir a las sesiones plenarias.