Las dos piezas del caso Cooperación que todavía investiga el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) podrían dejar de ser tramitadas en esta sede judicial si el único imputado aforado, el exconseller Rafael Blasco, abandona su escaño en Les Corts tras su condena a 8 años de cárcel.
El exconseller de Solidaridad y actual diputado autonómico no adscrito, tras su abandono del grupo popular, fue condenado ayer por malversación, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad por desviar fondos públicos destinados a cooperación internacional.
La condena de Blasco y otras ocho personas es por la primera de las tres piezas en las que se dividió el conocido como caso Cooperación y juzgaba el desvío de 1,8 millones de euros de fondos de la Generalitat concedidos en 2008 para cooperación al desarrollo en Nicaragua.
El entorno del exconseller anunció ayer la renuncia inmediata de Blasco a acta de diputado, pero a las 14.30 horas de hoy, cuando se ha cerrado hasta las 16.30 horas el registro del parlamento autonómico, todavía no se había formalizado.
La pieza número dos investiga el supuesto fraude y malversación en la concesión de subvenciones para cooperación a un entramado de empresas sin medios ni experiencia en torno a la Fundación Hemisferio por varios millones de euros, y tiene veintitrés imputados, entre ellos el exconseller Blasco.
Las declaraciones testificales por esta segunda pieza, entre las que figuran las de la presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, o la exsecretaria autonómica de la desaparecida Conselleria de Solidaridad, Gotzone Mora, estaba previsto que comenzará el próximo lunes, si bien podrían suspenderse en caso de que Blasco finalmente presente su renuncia al escaño.
La pieza tercera se refiere a las acciones que impulsó la Generalitat para la reconstrucción de Haití, como una oficina técnica y tres proyectos para construir un hospital, reformar un dispensario y acciones complementarias en el municipio de Belle Anse, y tiene doce imputados, entre ellos también Blasco.
El caso Cooperación podría seguir así los pasos de la tercera pieza de la rama valenciana del caso Gürtel y del caso Brugal, tras renunciar al acta de diputados cuatro de los principales procesados en las mismas.
La pieza 3 de Gürtel investiga la posible prevaricación y cohecho en la contratación de la Generalitat con Orange Market por el pabellón valenciano en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid entre 2005 y 2009.
El juicio debería haber empezado el pasado 31 de marzo, pero las exconselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such, ambas imputadas, renunciaron a su acta de diputadas días antes del inicio de la vista oral.
Esta decisión propició la suspensión cautelar del juicio y finalmente que el TSJCV estimase su falta de competencia para juzgar la causa al no quedar aforados entre los trece procesados.
En consecuencia, consideró que, por criterio de territorialidad, le corresponde enjuiciar la causa a la Audiencia Provincial de Valencia, si bien esta resolución esta recurrida ante el Tribunal Supremo y no será ejecutiva hasta que sea firme.
Del mismo modo, el pasado 20 de mayo el magistrado del TSJCV instructor del caso Brugal, Juan Climent, preguntó a la sala de lo Civil y Penal de este mismo tribunal sobre cuál es el órgano jurisdiccional competente, tras la renuncia al acta de diputado de los imputados Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, exalcalde y alcaldesa de Alicante, respectivamente.
En consecuencia, serán la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, y los magistrados José Francisco Ceres y María Pía, como integrantes de la sala de lo Civil y Penal, quienes decidirán sobre la competencia del tribunal y, en su caso, sobre qué órgano debe hacerse cargo de la causa.