La empresaria alemana Corinna Larsen, antigua pareja de Juan Carlos I, y el millonario Allen Sanginés-Krause, que está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo por pagar gastos opacos al rey emérito y algunos miembros de su familia, compartieron una sociedad en las islas Seychelles —archipiélago considerado paraíso fiscal para la UE hasta este mismo martes— según ha revelado El País en el marco de la investigación de Pandora Papers que coordina el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Se trata de una sociedad llamada Fortuna Ventures Ltd, incorporada al registro de Seychelles el 1 de octubre de 2009, y de la que Larsen es accionista a través de la instrumental Apollonia Holdings y Sanginés-Krause mediante Montpascal Holdings. El 2 de junio de 2010, Apollonia Holdings GMBH emitió una factura de 30.000 euros para Montpascal Advisory Services, empresa del millonario mexicano, sin especificar el motivo. La factura se envió a la dirección de Montpascal Advisory Services, en Killua Castle, un castillo que el empresario posee en Irlanda, donde el emérito se ha refugiado en algunas ocasiones.
Larsen, que trabaja desde hace años como comisionista a través de sus sociedades, está siendo investigada por el fiscal suizo Yves Bertossa por un presunto delito de blanqueo agravado de capitales por haber recibido en una cuenta en Bahamas 64,8 millones de una cuenta suiza del rey emérito, “un obsequio” tras cinco años de relación extramatrimonial con el monarca, según los abogados de la empresaria alemana.
De origen mexicano y afincado en Londres, Sanginés-Krause ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el banco de inversión Goldman Sachs, donde fue su máximo responsable en México y Rusia. Es dueño del castillo de Killua, en Irlanda, donde el emérito se ha refugiado en algunas ocasiones. También fue presidente de la compañía de telecomunicaciones Millicom y controla varias empresas inmobiliarias. Está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo por los pagos a Juan Carlos I y a otros miembros de su familia, entre los que no están los actuales reyes ni sus hijas.
Hacia el cierre de las investigaciones contra el emérito
La Fiscalía tiene intención de cerrar la triple investigación en torno a la fortuna de Juan Carlos I sin denunciarle por ninguna de las causas que mantiene abiertas a día de hoy. Un movimiento que, según adelanta este miércoles El Confidencial, pondrá en marcha el Ministerio Público después de más de un año de investigación por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo y Anticorrupción con tres líneas abiertas: las comisiones por la adjudicación del AVE a La Meca, el uso de tarjetas opacas desvelado por elDiario.es y los millones que supuestamente ocultó en el paraíso fiscal de Jersey.
La decisión, apunta ese medio, se materializará en las próximas semanas. Según esta información, los fiscales del caso han llegado a la conclusión de que Juan Carlos I no puede ser denunciado en ninguna de las tres causas por la acción cruzada de su inmunidad como monarca hasta 2014, la prescripción y la validez de las regularizaciones que ha hecho para quedar en paz con Hacienda. Los argumentos todavía no han sido puestos por escrito y distintas fuentes del caso insisten a elDiario.es que siguen trabajando en el caso pero la decisión, apunta esta información, ha sido tomada y se dará a conocer en las próximas semanas.