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elDiario.es desveló el caso Mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Has pensado cuántas noticias no hubieras conocido si no existiera elDiario.es? Si crees que nuestro trabajo importa, ayúdanos.
La investigación judicial de la presunta estafa cometida por los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño ha hecho que trascienda la noticia de un segundo engaño al Ayuntamiento de Madrid. Un tal Philippe Haim Solomon ofreció 500.000 mascarillas al Consistorio por 2,5 millones de euros casi al mismo tiempo que el hijo Naty Abascal empezaba a frotarse las manos tras hablar con el primo del alcalde. Cuando el equipo de Martínez-Almeida se dio cuenta de que las mascarillas de Solomon eran inservibles, ya habían volado 1.250.000 euros de dinero público en dirección a la cuenta bancaria del supuesto empresario radicado en Nueva York. Un juez de Madrid le busca ahora en Reino Unido.
Las dos presuntas estafas al Consistorio de la capital corren tan paralelas como que la oposición tiene noticia de ambos ofrecimientos en el mismo chat de whatsapp que se abrió la madrugada del 24 de marzo de 2020. La adquisición de material sanitario corría prisa ante las cientos de muertes diarias en Madrid y el Gobierno municipal pide a los grupos políticos que den su visto bueno a varias ofertas recibidas.
En el chat se habla de una empresa malaya, Leno, y de su oferta de mascarillas, las de Medina y Luceño. La portavoz municipal, Inmaculada Sanz, habla de un segundo ofrecimiento: “500.000 mascarillas FFP2 están en Londres apartadas para el Ayuntamiento”. Hay que adelantar el 50% de los 2,5 millones. Sin apenas más detalles, los grupos dan su visto bueno a todas las operaciones.
El titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid acaba de reabrir la investigación por la estafa de esas mascarillas que aguardaban en Londres para el personal del Ayuntamiento. Comenzó a investigar por la denuncia que el propio Consistorio presentó en Plaza de Castilla un año después, el 5 de marzo de 2021. La denuncia adjuntaba un atestado que la Policía Municipal había elaborado durante todo ese tiempo y que detalla el cúmulo de irregularidades del producto recibido, en resumen, un material inservible que, o no contaba con los certificados sanitarios establecidos, o directamente los había falsificado.
El juzgado se puso a buscar al consejero delegado de la firma con la que se había acordado la venta, una supuesta consultora con sede en Nueva York llamada Sinclair & Wilde, al frente de la cual estaría Philippe Haim Solomon. Pero en Nueva York no había ni rastro del empresario y el juez Jorge Israel Bartolomé se vió obligado a archivar provisionalmente el caso por falta de autor conocido.
Hasta que el pasado abril, las autoridades estadounidenses facilitaron la información necesaria para su reapertura: el presunto estafador, con antecedentes por robo de cheques y blanqueo, es de nacionalidad francesa, también se hace llamar Victor Chain Hababou y vive en Reino Unido.
El sumario de este segundo caso mascarillas, al que ha tenido acceso elDiario.es, permite establecer una cronología de la estafa a través de la correspondencia que los responsables del Ayuntamiento de Madrid, con su concejala de Hacienda a la cabeza, mantuvieron con Philippe Haim Solomon durante seis meses. El intercambio acaba con Elena Collado, la responsable de compras, solicitando impotente el reintegro de los 1,2 millones de euros adelantados en el mes de agosto de 2020.
23 de marzo de 2020. “Una larga y fructífera relación”
Un día antes de que se creara el chat de whatsapp con la oposición, Engracia Hidalgo, la delegada de Hacienda del Consitorio, escribe en inglés a Philippe Haim Solomon. Es 23 de marzo de 2020. Hidalgo le explica que “como agencia gubernamental” necesita de la aprobación ministerial para transferir el adelanto acordado, pero que ya tienen “luz verde para el precio y la cantidad”. También le anuncia que va a celebrarse una reunión del “gabinete de crisis” y que ya solo “es cuestión de tiempo”. “Esperamos cerrar este asunto esta tarde”, añade. Y se despide deseando entre ambos “una larga y fructífera relación”.
El Ayuntamiento de Madrid viene defendiendo que la compra de material a Luis Medina y Alberto Luceño tuvo el visto bueno de la oposición, en referencia a aquella reunión del consejo de administración de la empresa funeraria celebrada de madrugada por whatsapp. La oposición alega que la información fue muy escasa y que no hubo oportunidad de fiscalizar el proceso ante la extrema urgencia de adquirir material. El correo de Engracia Hidalgo a Solomon confirma con que el Ayuntamiento daba por hecho que obtendría el apoyo de los grupos políticos del Consistorio. El 27 de marzo, la Funeraria pública ordena el pago de 1.250.000 euros a la cuenta de Sinclair & Wilde en Bank of America.
El Ayuntamiento asegura que informó a los representantes de la oposición en el consejo de administración de la Funeraria de lo ocurrido con Medina y Luceño, así como con Philippe H. Solomon. Los grupos políticos lo niega. Ninguno de los casos trascendió, en el caso de los comisionistas españoles hasta que elDiario.es desveló el 31 de marzo de 2022 la existencia de una investigación secreta en Anticorrupción; y en el caso de Solomon cuando el juez admitió la querella de la Fiscalía y semanas después trascendió el contenido de la causa.
1 de abril de 2020. “Para beneficio del pueblo de Madrid”
El intercambio epistolar se recupera con una comunicación de Solomon en la que asegura que su empresa está “comprometida a cumplir, en cualquier circunstancia, el contrato con la Empresa Municipal de Servicios Funerarios para beneficio y seguridad de las poblaciones de Madrid y España”.
El presunto estafador recordaba a la Funeraria madrileña la obligación de pagar el 50% restante una vez llegase la mercancía a Madrid. Eso ocurrió el 23 de abril y ahí empezaron los problemas. En su informe, la Policía Municipal concluye que la documentación que acompañaba a las mascarillas “utilizaba indebidamente el marcado CE”, lo que constituiría un delito contra la propiedad industrial. También señala que faltaban certificaciones de la UE y del Estado español y que, sin embargo, aparecían otros documentos que se corresponden con productos tales como cosméticos, lo que los agentes calificaban como un posible delito de estafa.
7 de abril de 2020. “Incumplimiento de contrato: retrocesión de la transferencia”
Esta es la fecha que encabeza el correo electrónico que el director comercial y financiero de la Funeraria envía a Bankinter para la “retrocesión de la transferencia” enviada como adelanto a Philippe Haim Solomon debido a un “incumplimiento de contrato”.
Solo se puede deber a un error porque en ese momento todavía no habían llegado las mascarillas y el Ayuntamiento no había podido comprobar que eran inservibles. Ese correo puede aludir a la petición de anulación de la transferencia que se ordenó el 27 de marzo, el adelanto de 1,2 millones.
El Consistorio madrileño no responde a pregunta alguna acerca de documentación o cualquier otra cuestión que figure en el sumario “por estar judicializado”. En cualquier caso, el el auto de reapertura de la causa el juez establece en 1,2 millones de euros la cantidad estafada al Ayuntamiento de Madrid, con lo que el segundo pago no se hizo, o de completarse, pudo revertirse.
4 de agosto de 2020. “Estimado Philippe: llevamos días esperando”
La responsable de compras del Ayuntamiento, Elena Collado, escribe a la dirección corporativa de Philippe Haim Solomon: “Estimado Philippe; llevamos varios días esperando, tal y como estaba comprometido, el certificado de conformidad de las mascarillas FFP2. Al efecto te he enviado varios mensajes que no has contestado. Es por ello que, de no recibir la documentación adecuada a la mayor urgencia posible, debemos acordar la devolución del producto y del dinero”.
La fecha del correo significa que, entre abril y agosto, el Ayuntamiento estuvo reclamando a Solomon una certificación que nunca llegaría y que durante esos meses devastadores de la pandemia no pudo utilizar el medio millón de mascarillas recibidas. Restaban aún siete meses para la denuncia en el juzgado con el atestado de la Policía Municipal.