Una década de corrupción y despilfarro en la Comunidad de Madrid bajo los gobiernos del PP
Los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid pusieron las instituciones y empresas públicas regionales al servicio de sus intereses. Despilfarraron dinero público, beneficiaron a empresas amigas y desviaron fondos a las cuentas del partido. Esa es la contundente conclusión que han alcanzado los grupos de la oposición de la Asamblea de Madrid tras cuatro años de investigación en la Comisión de Investigación de la Corrupción Política.
El resultado de esa investigación ha quedado plasmado en un dictamen de 160 páginas que ahora tendrá que ser votado por el pleno de la Asamblea de Madrid. Pueden producirse aún algunas modificaciones en su contenido, pero el grueso se mantendrá porque es fruto del acuerdo entre Ciudadanos, PSOE y Unidos Podemos. Los tres partidos suman diputados suficientes como para sortear el voto en contra del PP, que durante todo este tiempo ha tratado de entorpecer los trabajos de la comisión.
El informe divide en diferentes epígrafes los distintos casos de corrupción y despilfarro que ha investigado, aunque apenas se adentra en ellos. El documento resumen en 160 páginas decenas de casos, algunos de los cuales ocupan miles de páginas en los sumarios que instruye la justicia.
Las conclusiones, que ocupan tres páginas del informe, señalan que el PP usó las instituciones “para obtener beneficios ilegítimos en favor de intereses partidistas, personales o empresariales”. Entre los intereses partidistas se cita uno en concreto que hace unos días se desarrolló en un informe de la Guardia Civil: el desvío de dinero para financiar las campañas electorales.
Aguirre, González y Granados
El documento atribuye responsabilidades políticas a multitud de cargos que han pasado por la administración madrileña, pero tres de ellos se erigen como figuras constantes de todos los casos investigados: Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados. De la presidenta dice el informe que no ejerció “un control sobre las actividades irregulares de miembros de su gobierno” y le acusa de usar “su poder para satisfacer caprichos personales”.
Aguirre gobernó la Comunidad de Madrid primero con Granados como mano derecha y luego con González como hombre de confianza. Fue este último quien heredó el Gobierno regional en 2012 y quien provocó la retirada definitiva de la expresidenta cuando fue detenido en abril de 2017 por el caso Lezo. Los tres aparecen, con mayor o menor responsabilidad, en casi todos los casos analizados por la comisión de corrupción.
Lo que muestra el relato del informe es una administración puesta al servicio de intereses particulares mediante una colonización de instituciones y empresa públicas. Toda una maquinaria controlada por Aguirre y sus colaboradores más estrechos, que mediante sus vínculos con cargos intermedios de la Comunidad de Madrid extendieron sus tentáculos por toda la región.
El informe se remonta a hace una década para ahondar en el caso del espionaje político, que se juzga ahora en la Audiencia Provincial de Madrid y que estalló antes que el resto de tramas corruptas. La oposición ha concluido que las personas que fueron objeto de seguimientos -el exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo y exconsejero Alfredo Prada según el sumario del caso- “estaban claramente posicionadas políticamente” contra Aguirre.
Según el documento, Aguirre creó una Dirección General de Seguridad únicamente para ese fin. Al frente se colocó al que había sido su escolta, Sergio Gamón. Los agentes a su cargo, según declararon dos de ellos, recibieron el encargo de hacer los seguimientos por el “especia interés” que tenía González. Se lo confesaron a Granados en una reunión privada.
El dictamen señala directamente a estos tres responsables políticos porque ellos nombraron “a dedo” a los encargados de hacer los seguimientos: “Desde la presidencia y las vicepresidencias, se hacía y deshacía (nombramientos, ceses, creación de supraestructura administrativa, etc.) al antojo de los intereses personales y partidistas y no del interés general”.
De la trama Lezo al caso Púnica
Los protagonistas de este escándalo lo sortearon sin mayores dificultades. No ocurrió lo mismo con los otros casos en los que se adentra la comisión y que desmontaron durante años la estructura de poder creada por Aguirre. Es el caso de la trama Púnica, que la comisión ha abordado a través de distintas sesiones.
Por ejemplo, en lo referente a la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad (ICM), cuyos responsables “llevaron a cabo determinadas actuaciones que pudieron favorecer a determinadas empresas en base a los intereses del Partido Popular o de familiares y amigos de altos cargos de la Comunidad de Madrid”.
El informe menciona la implicación de ICM en la supuesta financiación irregular del PP Madrid, sus vínculos con empresarios de Púnica y concluye que esta empresa pública pudo valerse de contratos públicos para favorecer “a determinadas empresas con el fin de satisfacer los intereses del Gobierno de la Comunidad y del Partido Popular”.
La comisión también denuncia el uso fraudulento de la empresa pública Arpegio, que gestionaba el suelo público de la Comunidad de Madrid. Según el informe, esta sociedad usaba dinero público para comprar terrenos en municipios gobernados por alcaldes afines a Aguirre para “salvar determinadas economías municipales” en detrimento de las arcas del Gobierno regional.
Según ese documento, Arpegio compraba terrenos sin tener en cuenta los informes que desaconsejaban esas operaciones y usando dinero público “de forma abusiva e incontrolada”. “Utilizaron la empresa como instrumento al servicio de los intereses partidistas del Gobierno regional y del Partido Popular” para beneficiar a “Ayuntamientos ideológicamente afines”, sostiene la oposición.
Lo mismo ocurrió con la fundación asociada a la empresa pública, cuyos convenios “en la mayoría de los casos favorecían a Ayuntamientos, Asociaciones y otras empresas afines ideológicamente al PP o relacionadas con él”. Los diputados que han redactado el informe definen esas prácticas como “amiguismo y clientelismo”.
Los diputados han tenido tiempo también de adentrarse en otro de los flecos de Púnica, el contrato de la cafetería cuando Cristina Cifuentes era la presidenta de la Asamblea de Madrid. El informe no va mucho más allá de los indicios que ya investiga la Audiencia Nacional: que la empresa de Arturo Fernández, donante del PP y amigo de Aguirre, se vio beneficiada por las condiciones del contrato que acabó ganando.
Este es uno de los casos en los que la Asamblea no ha podido ir más allá al existir una investigación judicial en marcha. Lo mismo pasa con la trama Lezo, el otro gran caso de corrupción de Madrid y que tiene en su cúspide a Ignacio González. El documento apenas desciende al detalle de la compra de Emissao por parte del Canal de Isabel II, que según los investigadores del caso sirvió para que el expresidente madrileño y sus socios desviarán parte del sobreprecio pagado a sus cuentas en Suiza. Lo mismo ocurre con la compra de Inassa, la que inauguró la expansión por Latinoamérica del Canal bajo la presidencia regional de Alberto Ruiz Gallardón.
Dentro de este mismo caso de corrupción, el documento reserva alguna de sus páginas para hablar del campo de golf que se construyó en los terrenos del Canal de Isabel II. Los contratos de ese proyecto, luego anulado por la justicia, beneficiaron a los familiares de González, sostiene la oposición, gracias en parte a las decisiones de Aguirre que allanaron su construcción.
Despilfarro y menoscabo para las cuentas públicas
Pero el informe no habla solo de los casos de corrupción, también cita algunos episodios de despilfarro de dinero público y operaciones perjudiciales para las cuentas bajo los gobiernos del PP. Por ejemplo, con la venta de pisos a fondos buitre por debajo de su precio de mercado y con “una intención clara de favorecer a dos licitadores concretos”.
Otro ejemplo es lo ocurrido con los derechos del fútbol para que Telemadrid emitiese partidos del Atlético de Madrid y el Getafe. Debido a su “precaria situación financiera y su sintonía política con los líderes del Gobierno regional”, pudieron acceder anticipos de pagos de los derechos de emisión de partidos que nunca se emitieron. Según la Cámara de Cuentas, Telemadrid y Caja Madrid perdieron 60 millones de euros con esa aventura.
El informe ha salido adelante a pesar de que muchos comparecientes no han contestado a los diputados, que la administración regional no ha entregado algunos documentos requeridos, que los juzgados han frenado el intento de conseguir otros tantos y que el PP ha entorpecido, cuando no saboteado, los trabajos de la comisión. Sus diputados, de hecho, abandonaron la comisión que ahondaba en su pasado al frente del Gobierno en enero de 2018.
