Corrupción a la madrileña en el campo de golf que soñó Esperanza Aguirre: el político, su hermano y hasta un cuñado

El caso del desaparecido campo de golf del Canal de Isabel II, en el distrito de Chamberí, representa un manual de la corrupción con tintes carpetovetónicos en aquel Madrid que gobernó Esperanza Aguirre. El juez del caso Lezo acaba de dictar el auto que muestra el camino del banquillo al entonces número dos del Ejecutivo autonómico del PP y presidente de la empresa pública de aguas, Ignacio González, en una trama en la que el político se acompaña de su hermano, un cuñado, otro socio y un alto cargo de la cuerda ideológica. 

Del auto de Manuel García-Castellón y del escrito de la fiscal Anticorrupción Ana Cuenca se desprende una historia que se resume así: la presidenta del Gobierno autonómico, Esperanza Aguirre, destinó 58 millones de euros del erario público para hacer realidad el capricho de que un deporte minoritario como el golf, su preferido, pudiera expandirse teniendo un campo en pleno centro de Madrid. Su número dos aprovechó la idea para sacar tajada, con la colaboración del gerente del Canal, Ildefonso de Miguel, y la ayuda determinante de dos familiares, que ocultaron estar detrás de una empresa adjudicataria. 

A continuación, la conclusión de la investigación judicial: “La actuación conjunta de estos cinco investigados permitió la subcontratación impuesta, innecesaria e irregular de TCT (la empresa del hermano, el cuñado y el tercer socio) en dos concursos públicos promovidos por Canal de Isabel II pese a carecer de toda capacidad para ejecutar los trabajos subcontratados, consiguiendo así entre los años 2012 la obtención de un beneficio total cercano a los 505.000 euros, financiado con los fondos públicos dedicados a ambos concursos”. 

Y la consecuencia: el juez propone sentarles en el banquillo. Solo restan los escritos de las acusaciones y los recursos de las defensas, y a continuación el previsible auto de apertura de juicio oral contra Ignacio González, Ildefonso de Miguel, Pablo González, Juan José Caballero (cuñado y socio del anterior) y José Antonio Clemente (socio sin vínculos familiares conocidos con el resto).

La instrucción del caso Lezo ha permitido que afloren otros detalles que vienen a redondear el citado manual de corrupción, como la colaboración inestimable de una gran constructora. Describe el juez cómo en 2003, la empresa pública del Canal sacó a concurso la ejecución de las obras del proyecto sobre la cubierta del denominado “tercer depósito” de la compañía de aguas y cómo fue adjudicado a ACS Proyectos, Obras y Construcciones SA, que a partir de junio de 2004, pasó a llamarse Dragados SA.

Todo normal hasta que los imputados vieron aquí la oportunidad de negocio. Continúa el auto: “Con el fin de beneficiar a familiares de éste último, se impulsó y facilitó la tramitación de un modificado del anterior concurso, a pesar de que, atendiendo a las variaciones sustanciales que se iban a introducir, debería haberse convocado una nueva licitación”. 

“Convinieron con Dragados”

Para materializar el plan –“guiados por dicho fin”, según los términos de la resolución judicial–, los imputados “convinieron con Dragados” que la constructora también sería adjudicataria del modificado siempre que “subcontratara para determinados trabajosa la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería SL (TCT)” que tenía por socios a José Antonio Clemente Marín, Pablo Manuel González González y Juan José Caballero Escudier. Como pudiera parecer muy descarado, el hermano de González y el cuñado de éste se cuidaron de que su participación en TCT fuera a través, dice el juez, “de personas interpuestas”. 

Faltaba un detalle: la modificación debía ser aprobada por el Consejo de Administración del Canal de Isabel II, hecho que ocurrió el 19 de julio de 2006. Por este motivo han estado imputados durante años los miembros del mismo, si bien la Fiscalía ha propuesto el archivo de la causa contra ellos y el juez ha aceptado. Destaca en el auto García-Castellón que la aprobación de la modificación se produjo “merced a la intervención” en dicho sesión de Ignacio González y su gerente, Ildefonso de Miguel. 

Aprobado y hecho. Antes incluso de que se adjudicara formalmente el modificado a Dragados, ésta ya había contratado a TCT “a pesar de conocer que esta sociedad carecía de toda capacidad” para ejecutar los trabajos. Y no solo eso sino que le amplió los contratos en cuatro ocasiones. En total, la pequeña compañía obtuvo 3.067.864,83 euros.

Ahí podría haber acabado la trama de corrupción, pero TCT necesitaba a alguien que hiciera verdaderamente los trabajos. Así que subcontrató a su vez a Onlygolf y a Fieldturf España. Pero tampoco en este caso se hizo sin irregularidades: el hermano de Ignacio González y sus socios acordaron con éstas llevarse un 8% por su intermediación, “consiguiendo así un beneficio aproximado para TCT de 381.000 euros de los fondos públicos destinados a este modificado”, resume el auto. Los tres socios decidieron repartirse 267.000 euros que habían recibido en 49 entregas de dinero en efectivo metido en sobres. 

Tampoco ahí acabó la historia de corrupción en torno al sueño deportivo de Esperanza Aguirre. Una vez construido había que gestionar el campo. De las diez empresas que se presentaron, el Consejo del Canal eligió el 27 de diciembre de 2006 una UTE formada por tres empresas. Una de ellas era TCT y otra una filial de Dragados. Tras la adjudicación, las tres empresas formaron Green Canal Golf, el nombre que ha destacado durante estos años en el complejo de golf próximo a la parada de metro de Ríos Rosas. 

Y ya en un bucle infinito de subcontrataciones, Green Canal Golf subcontrató a TCT para el mantenimiento del césped durante cinco años a casi 10.000 euros al mes. Y TCT, a su vez, subcontrató a Onlygolf. Resultado, otros 124.000 euros de dinero público para los investigados. Todo sumado dan la cifra del medio millón de euros que ha calculado Anticorrupción. 

Aguirre: “Mátenme, pero fue idea mía”

El campo de golf fue derribado porque el Tribunal Supremo falló, a instancias de una asociación vecinal, que la “utilidad pública” con la que Esperanza Aguirre sacó adelante el proyecto cuando se opuso el Ayuntamiento de Alberto Ruiz-Gallardón nunca fue tal. “Mátenme, pero la idea fue mía. Lo vi en Tokio y en algunas películas”, soltó Esperanza Aguirre ante la comisión de investigación de la corrupción del PP que celebró la Asamblea Madrileña en 2018. La acusación popular que ejerce el PSOE pidió su imputación, pero ni la Fiscalía ni el juez apreciaron indicios de delito en la actuación de la expresidenta. La actual jefa del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, tiene previsto inaugurar el gran parque del Canal, sobre los terrenos del campo de golf, en el verano de 2023, antes de las próximas elecciones autonómicas. 

Esta es la tercera causa por la que previsiblemente será juzgado Ignacio González, para el que la Fiscalía pide 10 años de cárcel por el caso del tren a Navalcarnero y otros ocho por otras operativas de saqueo de la empresa pública del Canal de Isabel II. Su hermano Pablo se libró recientemente de la acusación por blanqueo de capitales de la corrupción liderada por González cuando era vicepresidente autonómico, cargo que ocupó entre 2003 y 2012. Después llegó a presidir durante tres años la Comunidad de Madrid. Ignacio González fue detenido por la Guardia Civil el 18 de abril de 2017. Pasó siete meses en prisión provisional. En octubre de 2018 se reincorporó a su plaza de funcionario en el Ayuntamiento de Madrid.