Los casos de corrupción salpican las negociaciones de Rajoy para la investidura

Mariano Rajoy ha asumido este jueves el encargo del rey de intentar formar gobierno. Y lo ha hecho 24 horas después de que se conociera el procesamiento del PP y su actual tesorera por la “destrucción a conciencia” de los ordenadores de Luis Bárcenas. Y 24 horas antes de que la plana mayor del PP haya sido llamada a declarar como testigos en el primer gran juicio de Gürtel; y 24 horas antes de la la Fiscalía del Supremo haya pedido que se investigue a la ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá por el blanqueo en el PP de Valencia.

Los casos de corrupción salpican, así, las negociaciones para la investidura de Rajoy, que arrancan la próxima semana con reuniones con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Y sitúan al propio Rajoy como el principal impedimento para desbloquear la situación política: Ciudadanos ha insistido en que no dará el sí a un Gobierno si lo encabeza Rajoy.

Cúpula del PP de Aznar

El tribunal del caso Gürtel ha aceptado que declaren como testigos en el juicio seis integrantes de la cúpula del PP en tiempos de José María Aznar, como había solicitado Bárcenas. El primer gran juicio a la trama de corrupción arrancará en octubre y por él desfilarán los exsecretarios generales del PP Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y Ángel Acebes; los vicesecretarios generales Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato, así como el exportavoz en el Parlamento europeo Gerardo Galeote.

La Fiscalía Anticorrupción pide 42 años de cárcel para Bárcenas en esta causa, donde hay 40 acusados, de los que la mitad fueron cargos del PP. En su escrito de defensa, Bárcenas no solicitó las declaraciones como testigos, pero la ley le permite hacerlo en este momento procesal. 

Púnica

Muy probablemente, antes de que arranque ese juicio, el magistrado Eloy Velasco habrá decidido si se inhibe en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o cierra la investigación a dos diputados del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid en el marco de la Operación Púnica, según fuentes del caso.

Velasco mantiene a la Fiscalía Anticorrupción y a la Guardia Civil comprobando la veracidad de las acusaciones que el constructor David Marjaliza lanzó contra el número 3 del Gobierno de Cristina Cifuentes, Jaime González Taboada, y el diputado, próximo a Esperanza Aguirre,  Bartolomé González.

Procesamiento al PP

El martes pasado, la jueza Rosa María Freire dictó un auto que convierte al Partido Popular en el primer partido procesado en la historia de España. Lo es por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que Luis Bárcenas utilizó mientras trabajaba como tesorero en el partido. La magistrada sospecha que el PP quiso borrar pruebas de su financiación irregular y da cinco días a la formación de Rajoy para que recurra. Con agosto inhábil, el plazo culmina el 2 de septiembre. Una semana después, el 9 de septiembre, concluye el plazo para la presentación de los escritos de acusación.

Otro caso en total plenitud, pero al que han sorprendido las vacaciones estivales, es la pieza separada del caso del Pequeño Nicolás que mantiene en vilo al Ministerio del Interior y a su titular en funciones, Jorge Fernández Díaz. El juez investiga la autoría de una grabación ilegal a un grupo de policías y agentes del CNI, pero sus pesquisas son un verdadero frente en la polémica de la policía política que el Gobierno del PP ha utilizado para atacar a la oposición, ya fuera el proceso soberanista en Cataluña o Podemos, partido que acaba de personarse en la causa.

El juez debe resolver el intento de la Fiscalía por apartar a los policías que pidieron imputar al comisario en el que Fernández Díaz hizo recaer toda la estrategia de la policía política, Eugenio Pino. Esos mismos investigadores destacan en un extenso informe la intensa relación telefónica que mantenía el número dos de Interior, Francisco Martínez, con el comisario José Manuel Villarejo, imputado en el caso, y pieza clave de las maniobras contra la oposición. Martínez, por otra parte, aspira a suceder a Fernández Díaz al frente de Interior si Rajoy logra formar gobierno. En uno de los últimos episodios del caso, Villarejo comenzó a ofrecer detalles ante el juez de la denominada  Operación Cataluña.

Además, la Guardia Civil seguirá indagando en la abundante documentación hallada en los registros del caso Acuamed, que salpica al exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete, actual comisario de Energía de la Comisión Europea. Por su parte, el juez José de la Mata aguarda el resultado de las comisiones rogatorias enviadas a seis países en el marco del caso de las comisiones ilegales presuntamente cobradas por Gustavo de Arístiegui y Pedro de la Serna.

También después de agosto, el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia intentará desatascar el caso del 3% valenciano, sepultado por un volumen ingente de información al que los medios con los que cuenta el magistrado no pueden hacer frente, según publicó El País. Recientemente fueron halladas 100 nuevas cajas con documentación en un almacén de la Diputación de Valencia ubicado en los bajos de un psiquiátrico.

Acumulación de casos

Desde los comicios de diciembre, el rosario de sumarios sobre prácticas corruptas no solo no ha parado sino que han aflorado nuevos casos. Uno de ellos alcanzó al mismo Consejo de Ministros donde se sentaba como responsable de Industria José Manuel Soria hasta que su nombre apareció en los Papeles de Panamá y sus controvertidas explicaciones forzaron su salida del Gobierno. 

En Valencia el 26 de enero estalló la Operación Taula, con arrestos en el grupo municipal del PP, acusados de blanquear dinero negro de la campaña, y obligó al partido a improvisar una gestora. Rita Barberá no está aún imputada porque se refugió en la Diputación Permanente del Senado para que no puedan decidir sobre ella los tribunales ordinarios. Algunos dirigentes populares se apresuraron durante semanas a enseñarle la salida del partido y sus cargos.

Unos kilómetros más al sur, en Murcia, la Guardia Civil pidió a finales de mayo imputar al presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, por sus negocios con la red Púnica, que investiga el juez Velasco en la Audiencia Nacional. Una trama que pagaba mordidas a cambio de adjudicaciones públicas -la mayoría en instituciones del PP- y de la que se conocieron los detalles más obscenos cuando se levantó el secreto de sumario el pasado mayo y el cabecilla, David Marjaliza, contó con pelos y señales las cuentas en Suiza, los sobornos a dirigentes del PP y los cambios de ofertas en los concursos públicos que amañaba su amigo y mano derecha de Esperanza Aguirre, Francisco Granados.

En Granada agentes de la Unidad contra la Delincuencia Fiscal y Financiera entraron a mediados de abril en el Ayuntamiento de la ciudad para llevarse expedientes dudosos de importantes constructores locales. El alcalde entonces, José Torres Hurtado, fue detenido, como su concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, junto a 15 personas más. Los investigadores relacionan a los imputados con una decena de delitos asociados a la corrupción.

A 72 horas de la jornada de reflexión del 26J, al PP le estalló otra bomba: la prueba definitiva de que la cúpula de Interior había fabricado informes contra sus enemigos políticos. Fue la voz del ministro Jorge Fernández Díaz, en su propio despacho, conspirando contra el independentismo con el director de la Agencia Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. Cuando el diario Público lo desveló, el resto de partidos reclamó el cese inmediato de Fernández Díaz mientras el Gobierno y el PP decidieron colocarse en el papel de víctimas de una “grabación ilegal”.

Las desventuras judiciales del presidente provincial en Ourense, Xosé Manuel Baltar, imputado tras la denuncia de una mujer que lo acusa de solicitar sexo a cambio de un puesto en la Diputación tampoco ha frenado la imponente maquinaria electoral de la provincia. El PP obtiene en uno de sus feudos más fieles el 49% de los sufragios y mejora en casi 5.000 votos los resultados del 20-D en la provincia.