Los tribunales no darán un respiro al PP a la vuelta de las vacaciones
Haya logrado Mariano Rajoy apoyos para investirse presidente del Gobierno o lo siga siendo en funciones, las investigaciones judiciales que afectan a su partido no se detendrán en septiembre. Es más, algunas de ellas adelantan importantes novedades en la antesala del otoño. Son las mismas que, como el caso de los ‘ordenadores de Bárcenas’, se han visto interrumpidas por la casi nula actividad de los juzgados en agosto.
Este martes, la jueza Rosa María Freire ha dictado un auto que convierte al Partido Popular en el primer partido procesado en la historia de España. Lo es por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que Luis Bárcenas utilizó mientras trabajaba como tesorero en el partido. La magistrada sospecha que el PP quiso borrar pruebas de su financiación irregular y da cinco días a la formación de Rajoy para que recurra. Con agosto inhábil, el plazo culmina el 2 de septiembre. Una semana después, el 9 de septiembre, concluye el plazo para la presentación de los escritos de acusación.
También recurrirán el auto su director jurídico, Alberto Durán -muy próximo a María Dolores de Cospedal- y la tesorera -otra que es imputada por el desempeño de ese cargo en el PP-, así como el jefe de informática del partido, José Manuel Moreno. En el caso de que la Audiencia Provincial respalde la decisión de la jueza Freire, el caso enfilará la fase de juicio oral.
Los frentes se multiplican para el PP si de la Audiencia de Madrid se salta a la Audiencia Nacional. Allí aguarda el primer gran juicio a la trama de corrupción Gürtel. El 4 de octubre, en la sede que el tribunal especial tiene en San Fernando de Henares, a las afueras de Madrid, se sentarán en el banquillo 40 personas acusadas de varios delitos de corrupción. De ellos, la mitad desempeñaron cargos de responsabilidad en el PP. El propio partido comparecerá como partícipe a título lucrativo. La Fiscalía Anticorrupción cree que el partido se lucró con 245.000 euros procedentes de la corrupción.
Muy probablemente, antes de que arranque ese juicio, el magistrado Eloy Velasco habrá decidido si se inhibe en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o cierra la investigación a dos diputados del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid en el marco de la Operación Púnica, según fuentes del caso.
Velasco mantiene a la Fiscalía Anticorrupción y a la Guardia Civil comprobando la veracidad de las acusaciones que el constructor David Marjaliza lanzó contra el número 3 del Gobierno de Cristina Cifuentes, Jaime González Taboada, y el diputado, próximo a Esperanza Aguirre, Bartolomé González.
Otro caso en total plenitud, pero al que han sorprendido las vacaciones estivales, es la pieza separada del caso del Pequeño Nicolás que mantiene en vilo al Ministerio del Interior y a su titular en funciones, Jorge Fernández Díaz. El juez investiga la autoría de una grabación ilegal a un grupo de policías y agentes del CNI, pero sus pesquisas son un verdadero frente en la polémica de la policía política que el Gobierno del PP ha utilizado para atacar a la oposición, ya fuera el proceso soberanista en Cataluña o Podemos, partido que acaba de personarse en la causa.
El juez debe resolver el intento de la Fiscalía por apartar a los policías que pidieron imputar al comisario en el que Fernández Díaz hizo recaer toda la estrategia de la policía política, Eugenio Pino. Esos mismos investigadores destacan en un extenso informe la intensa relación telefónica que mantenía el número dos de Interior, Francisco Martínez, con el comisario José Manuel Villarejo, imputado en el caso, y pieza clave de las maniobras contra la oposición. Martínez, por otra parte, aspira a suceder a Fernández Díaz al frente de Interior si Rajoy logra formar gobierno. En uno de los últimos episodios del caso, Villarejo comenzó a ofrecer detalles ante el juez de la denominada Operación Cataluña.
La Fiscalía de Madrid juega en este caso, por tanto, un papel fundamental. Como en el caso de los ordenadores de Bárcenas, que no hubiera prosperado sin el trabajo de las acusaciones populares, toda vez que el Ministerio Público permanece alineado con la tesis del PP y el resto de imputados y no aprecia delito.
La Fiscalía General del Estado, por su parte, ha reducido a la mínima expresión las posibilidades de que las grabaciones al ministro del Interior vayan a acabar en los tribunales, al concluir que no hay delito en la conspiración de Fernández Díaz con el exjefe de la Oficina Antifraude de Cataluña.
Además, la Guardia Civil seguirá indagando en la abundante documentación hallada en los registros del caso Acuamed, que salpica al exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete, actual comisario de Energía de la Comisión Europea. Por su parte, el juez José de la Mata aguarda el resultado de las comisiones rogatorias enviadas a seis países en el marco del caso de las comisiones ilegales presuntamente cobradas por Gustavo de Arístiegui y Pedro de la Serna.
También después de agosto, el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia intentará desatascar el caso del 3% valenciano, sepultado por un volumen ingente de información al que los medios con los que cuenta el magistrado no pueden hacer frente, según publicó El País. Recientemente fueron halladas 100 nuevas cajas con documentación en un almacén de la Diputación de Valencia ubicado en los bajos de un psiquiátrico.
[En una primera versión de esta información se situaba por error en el 9 de septiembre el día en el que acaba el plazo para que el PP recurra el auto de pase a procedimiento abreviado de la causa denominada los 'ordenadores de Bárcenas' cuando la fecha correcta es el 2 de septiembre]
