María Dolores de Cospedal formalizó un contrato de 9,5 millones de euros para que una empresa del sector armamentístico redactase un informe sobre las ventajas y riesgos de la implantación de un tipo determinado de misil en la futura construcción de las fragatas F-110. La empresa elegida, donde el anterior ministro Pedro Morenés había sido alto ejecutivo, para elaborar el documento que evaluase los misiles era la principal interesada en asegurar que el armamento no ofrecía riesgos y que su incorporación a los buques de la Armada era idónea, ya que optaba a la adjudicación del Ministerio.
La compañía, MBDA, es un gigante multinacional dedicado a la fabricación de proyectiles pesados y tuvo al ministro Morenés como presidente de su filial en España, justo antes de su entrada en el primer Gobierno de Mariano Rajoy. Con Morenés al frente del Ministerio, los dispositivos de MBDA fueron calificados por Defensa como “opción prioritaria” para su implantación en los buques de guerra. Dos años después, y frente a la oposición de la Armada según fuentes del Ejército, Cospedal decidió encargar el estudio que despejase dudas sobre la selección del proveedor de Defensa a uno de los dos aspirantes que aspiraba a vender el armamento.
Fuentes del Ministerio consultadas por eldiario.es califican el contrato como “profundamente irregular”. “No es normal pedir un análisis de riesgos a la misma empresa que sirve el producto que se somete a juicio”, asegura un exalto cargo del Ministerio, con responsabilidades en el pasado en la evaluación y compra de material militar.
Según los expertos consultados, lo “habitual” en este tipo de situaciones es buscar a un tercero sin intereses directos en la adjudicación para realizar la evaluación sobre las ofertas y la integración de los misiles. Este tipo de encargos suelen realizarse a empresas de ingeniería para que analicen pros y contras sobre el material de una compañía con la que firman un contrato de confidencialidad.
Sin embargo, Cospedal encargó esa tarea de análisis -a través de un procedimiento negociado y sin publicidad de nueve millones de euros que incluía un solo pago fijado para 2021- a una de las dos aspirantes a ese millonario contrato. Ninguna otra compañía asistió como competidora. La fecha oficial de formalización del acuerdo fue el 28 de diciembre de 2017.
El estudio encargado por el Ministerio de Cospedal evidencia el empeño que el Gobierno de Rajoy mantuvo durante dos años para que fueran los misiles de MBDA los que finalmente se instalasen en las fragatas F-110. Esos dos años de discusión con la Armada, contraria a los misiles de la empresa de Morenés y partidaria de surtirse de un consorcio internacional que ya financiaba el Ministerio de Defensa, retrasó la puesta en marcha del proyecto técnico, previo al inicio de la construcción de las fragatas F-110.
Pendiente de revisión
Al tratarse de un acuerdo adoptado a finales de 2017, el Gobierno de Sánchez podría tener que abonar parte o la totalidad de los 9,5 millones de euros pactados en su día. A pesar de que los misiles de la empresa de Morenés quedaron descartados con el cambio de Gobierno, Defensa podría tener que cumplir sus obligaciones contractuales con la exempresa del ministro.
“Se han realizado los trabajos sin finalizar y el contrato está en fase de liquidación. Hay que valorar en qué porcentaje”, aseguran fuentes de Defensa a eldiario.es. El equipo que dirige Margarita Robles reconoce que habrá que pagar la parte del trabajo que se haya realizado, aun cuando su utilidad sea nula para el desarrollo de las fragatas que Navantia espera empezar a construir en Ferrol. El Ejecutivo está analizando los resultados del informe para intentar sacar utilidad de alguna de las conclusiones que contienen sus páginas: “Se está analizando su posible utilización para otros fines”, aseguran desde el ministerio.
7.000 empleos pendientes de las F-110
La construcción de las Fragatas F-110 supone una inversión de 4.000 millones de euros y carga de trabajo a los astilleros ferrolanos durante al menos una década. El contrato para su construcción todavía no se ha firmado aunque el senador del PSOE Angel Mato aseguró este miércoles que ese contrato estará listo para su rúbrica antes de que finalice el año después de que este verano se desbloquease por fin la elección del misil y se descartarse a la anterior empresa de Morenés.
Los cálculos que baraja el Ministerio aseguran la creación de 7.000 puestos de trabajo directos e indirectos en la comarca de Ferrolterra, una zona muy castigada por la reconversión naval en las últimas décadas, asociados a la construcción de los buques. De ellos, 1.300 empleos serían directos, 2.000 asociados a la industria auxiliar y otros 3.500 empleos indirectos generados por otros suministradores.