La crisis del coronavirus congela los planes legislativos del Gobierno

La crisis del coronavirus amenaza con llevarse por delante la agenda legislativa prevista por el Gobierno de coalición para el primer semestre de 2020. El Ejecutivo de Pedro Sánchez tenía previsto sacar adelante hasta 92 proyectos de ley en todo el año. Aproximadamente la mitad de ellos, en el primer semestre. Pero la imparable propagación de la enfermedad COVID19 ha echado por tierra estos planes, al menos de momento, y ha empujado al Gobierno a decretar el estado de alarma. La situación podría incluso afectar a los Presupuestos Generales, cuya aprobación estaba anunciada para antes del verano.

El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos había fijado sus prioridades legislativas para este primer año en la reunión que mantuvieron los ministros en la finca de Quintos de Mora, en Toledo, a principios de febrero. Allí se definió qué leyes irían primero y cuáles después, con una aproximación de las fechas en las que deberían estar listas las normas.

Los planes se han ido cumpliendo hasta la semana pasada, cuando se aprobó el proyecto de ley de Libertad Sexual. La pugna que se abrió en el seno del Ejecutivo no impidió que, tal y como había pedido el presidente del Gobierno, la introducción del “solo sí es sí” en el Código Penal diera su primer paso en la semana del 8M. Junto a este proyecto, el Consejo de Ministros aprobó también el de Educación.

Pero la situación en los últimos días ha cambiado las previsiones. El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobaba un paquete especial de medidas destinadas a atajar el problema de los desahucios de viviendas. Unos cambios que no estaban previstos en el acuerdo inicial firmado por Pedro Sánchez y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias y que daban más protección a las personas más vulnerables.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, anunció el pasado martes las medidas en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Pero la comparecencia no tuvo nada de habitual. Junto a ella respondió a los periodistas el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Para entonces, la Comunidad de Madrid y el Ejecutivo habían pactado, no sin diferencias entre ellos, el cierre de los centros educativos de la región que aglutina la mitad de los casos de coronavirus diagnosticados en España.

El mismo martes por la noche, tras una reunión extraordinaria del Eurogrupo, Pedro Sánchez comparecía desde la Moncloa para lanzar un mensaje de tranquilidad e informar de las medidas que su Gobierno iba a tomar. El presidente volvía a dirigirse a los españoles el jueves, tras un Consejo de Ministros extraordinario que aprobó un primer paquete de medidas de choque dirigidas a paliar los efectos sociales y económicos de la crisis del coronavirus. Este viernes, Sánchez anunciaba el estado de alarma para todo el país.

Este sábado se abrirá así un periodo inédito en la historia de España. Nunca antes se había decretado un estado de alarma, salvo el caso puntual de la huelga de controladores aéreos de 2010. Pero entonces la misión encomendada era la de restablecer y asegurar el tráfico aéreo. Ahora, se trata de evitar el contagio del virus, impedir el colapso del sistema sanitario y garantizar los suministros básicos de la población más afectada.

En este contexto, diversas fuentes gubernamentales consultadas por eldiario.es constatan la imposibilidad de mantener los planes, al menos en el corto plazo. Nadie se atreve a anticipar qué parte de la agenda se mantendrá o no. Ni, por supuesto, cuánto tiempo durará la actual situación.

Por ejemplo, estaba ya casi listo el proyecto de ley de protección de la infancia que coordina Pablo Iglesias. Hoy por hoy no tiene fecha de aprobación en el Consejo de Ministros.

Pero hay más casos. Una de las primeras medidas de la coalición fue la declaración de la emergencia climática con el compromiso de poner en marcha las medidas para reducir las emisiones de CO2 en 2050 en un plazo de 100 días. El texto, que ya está listo, debía llegar en marzo a las Cortes.

En el plano laboral, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ultima los detalles de las medidas anunciadas a favor de los autónomos. De momento, tampoco está claro cuándo podrá aprobarse, ya que el departamento está ahora volcado en adecuar la legislación a la complicada situación en la que está el mercado laboral por el impacto del coronavirus.

Junto a estos proyectos queda también en el aire la tramitación de los Presupuestos Generales de 2020. España mantiene prorrogados los de 2018 y el presidente del Gobierno se comprometió en su investidura, y después, a llevar el proyecto al Congreso con el tiempo suficiente para que fueran aprobados antes del verano.

Pero los plazos se agotan. Aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistió el pasado martes en que el plan se mantiene, el impacto económico que está teniendo ya la crisis del coronavirus pude echar por tierra los planes presupuestarios del Gobierno y de sus aliados parlamentarios. Este mismo lunes se producirá una reunión del Eurogrupo que fijará nuevos límites al déficit y el endeudamiento de los países del euro. De momento, hay dos posiciones: los Estados que apuestan por abrir solo un poco la mano y los que, como Francia o Italia, piden aprovechar para levantar las restricciones más duras del pacto de estabilidad. España, de momento, está en el primer grupo.

Sea como fuere, la realidad es que el coronavirus ha desarmado los planes iniciales del Gobierno, que ahora deberá concentrar todos sus esfuerzos en atajar una crisis que puede apuntalar la legislatura o echarla a perder. Dependerá de cómo se gestionen las medidas, los tiempos y su comunicación.