La crisis de Gobierno y las vacaciones frenan negociaciones clave como la ley de vivienda

La crisis de Gobierno acometida por Pedro Sánchez hace dos semanas supuso el relevo de ocho ministerios en el sector socialista de la coalición, con cambios en la coordinación del Ejecutivo y nuevas interlocuciones en departamentos, como el de Transportes y el de Justicia, que gestionan asuntos clave que llevan bloqueados varios meses en el Gabinete. Es el caso de la nueva ley de vivienda o del pacto de una fórmula que permita renovar órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que acumula ya más de dos años de interinidad. Los 10 días que quedan hasta que se celebre el último Consejo de Ministros antes del parón estival son insuficientes y tanto el PSOE como Unidas Podemos dan por hecho que se recuperará al regreso.

El caso más evidente de cómo la crisis de Gobierno ha congelado negociaciones pendientes en el Ejecutivo es la ley de vivienda, que acumula ya meses de retraso ante el rechazo del PSOE a introducir techos máximos como fórmula para bajar el precio de los alquileres en las zonas tensionadas, tal y como recoge el acuerdo presupuestario firmado por los miembros de la coalición a finales de 2020.

En Unidas Podemos confiaban en que la salida de José Luis Ábalos del departamento y su sustitución por Raquel Sánchez permitiera desbloquear la situación. La hasta ahora alcaldesa de Gavá votó en su día a favor de mantener a las ciudades del área metropolitana de Barcelona como “zonas tensionadas” en el marco de la ley catalana de vivienda, que permite limitar los precios de los alquileres y que el Gobierno central ha recurrido al Tribunal Constitucional por invasión de competencias.

Pero la ilusión ha durado bien poco. En la primera reunión del Consejo de Ministros tras el nombramiento de Sánchez, la ministra de Derechos Sociales y negociadora en materia de vivienda por parte de Unidas Podemos, Ione Belarra, le trasladó a la titular de Transportes su disposición para reunirse en cuanto quisiera, según han confirmado a elDiario.es fuentes gubernamentales. Eso fue el 13 de julio. Después, lo ha vuelto a hacer, según las mismas fuentes.

De momento, la también secretaria general de Podemos no ha obtenido una respuesta oficial. Lo que sí se han producido son unas declaraciones de Sánchez que han caído como un jarro de agua fría en las filas de Unidas Podemos. La ministra de Transportes habló de un plazo de “meses” para lograr un acuerdo en el seno del Gobierno de coalición, lo que postergaría aún más el trámite parlamentario de la norma, que podría alargarse hasta el último ejercicio de la legislatura.

“Existe voluntad de llegar a un acuerdo y estamos en disposición de poderlo alcanzar en los próximos meses, porque somos conscientes de que es necesaria una ley de vivienda ambiciosa”, dijo Sánchez en declaraciones a los medios en Catalunya. Pero lo más preocupante para Unidas Podemos no es el plazo, siendo esto relevante, sino la posición negociadora de la ministra. Sánchez ha reconocido diferencias con el socio minoritario y ha defendido los incentivos fiscales para los propietarios que ya planteó Ábalos como “un mecanismo que se ha demostrado que funciona”, así como “acordar con el sector privado cómo establecer regulaciones” para “prohibir o limitar subidas abusivas en los precios de los alquileres”.

Desde Unidas Podemos no han detectado ninguna modificación sustancial en el planteamiento de la nueva ministra. “No hay mucho que celebrar”, apuntan fuentes del espacio confederal, desde donde señalan que se ha revelado ya que los cambios no son para hacer un Ejecutivo “más de izquierdas”.

En público, tanto Belarra como la líder de Unidas Podemos en el Gobierno, Yolanda Díaz, han defendido la necesidad de acometer ya la negociación final de la ley de vivienda, y se han comprometido a no renunciar a lo acordado por las partes y que se recoge, además de en el acuerdo presupuestario de 2020, en el del Gobierno de coalición que firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Precisamente, el presidente del Gobierno ha viajado a Estados Unidos, donde se ha reunido con fondos buitre como BlackRock o Blackstone, que controlan decenas de miles de viviendas en España y que, según publicó El País, habrían trasladado al líder socialista sus temores por la normativa. La respuesta desde Unidas Podemos ha llegado por partida doble. Primero, fue Yolanda Díaz, quien dijo: “Entiendo la reflexión de los fondos de inversión, su objetivo es ganar dinero. Pero los gobernantes tenemos que defender a nuestro pueblo y nuestro país”. Después, la propia Belarra zanjó: “Quienes votan en el Congreso son los diputados y diputadas”.

Reforma laboral y CGPJ

La ley de vivienda no fue la única por la que, según lo publicado, se interesaron los fondos buitre en su reunión con Pedro Sánchez. También el futuro del mercado laboral preocupa a estas empresas cuyo cometido es invertir la ingente cantidad de dinero que gestionan para conseguir la máxima rentabilidad posible.

Esa negociación avanza más despacio, en el marco del diálogo social, y no está previsto que concluya hasta la última parte del año. La propia Díaz, ministra de Trabajo, dejó dicho en sede parlamentaria que “rendiría cuentas” si se llegara a 2022 y los trabajos no estuvieran “culminados”. También la negociación por el SMI está relacionada con su departamento, pero el Gobierno sí debería tener definido de forma inminente qué hacer con el indicador.

Este asunto lo cerrarán Sánchez y Díaz mano a mano. Pero no será la única materia que abordarán en sus próximas reuniones. La renovación del CGPJ, que el PP mantiene bloqueada desde hace más de dos años, es otro de los escollos que se le presenta al Gobierno de coalición. La vicepresidenta segunda aseguró este jueves que se va a abordar en una pronta reunión. “En cuanto resolvamos haremos un planteamiento” sobre qué propuesta hará el Gobierno, dijo. “Déjenme que lo resolvamos en la coalición, comunicaremos después, también la posición de Unidas Podemos”, zanjó. El presidente tiene claro que no retomará la polémica propuesta de modificar la ley para rebajar las mayorías necesarias para elegir a los nuevos vocales, tal y como se comprometió el exministro de Justicia Juan Carlos Campo con Bruselas.

En este asunto, como en materia de vivienda, las posiciones están bastante encontradas. Pero a diferencia de con el asunto de los alquileres, en este caso el documento es poco preciso y habla de promover “acuerdos parlamentarios de consenso que permitan la elección y renovación de los órganos constitucionales y organismos independientes”.

En Unidas Podemos sostienen que la única salida es modificar las mayorías que exige la ley para la designación de los vocales del Poder Judicial, mientras el PSOE, que en principio aceptó esta opción, la considera ahora inviable. Así, mientras el PP se mantenga en su posición no se renovará un órgano cuya composición es de personas propuestas en su mayoría por el partido de Pablo Casado.

Presupuestos, aborto, mercado eléctrico...

La coalición retomará sus trabajos a pleno rendimiento en la última semana de agosto, tras las dos semanas de descanso que tendrán los equipos ministeriales. Sobre la mesa tendrán entonces un montón de nuevas iniciativas que consensuar en el seno del Ejecutivo antes de llegar al Congreso.

Los Presupuestos Generales del Estado serán, sin duda, una de las claves del segundo semestre. Normalmente ya es una de las leyes más importantes que se aprueba cada año. Además, este año tendrá en cuenta buena parte de los fondos de recuperación de la Unión Europea. Pero también servirán, como ocurrió en 2020, para que la coalición abra una negociación política sobre otros asuntos pendientes.

La negociación presupuestaria ya está en marcha, con los equipos preparando sus propuestas para determinar el techo de gasto, primer paso de la ley. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya planteó ante el grupo parlamentario de Unidas Podemos las líneas generales de la posición que defenderán en las conversaciones. Díaz reclamó “valentía” al PSOE y dijo: “Han de ser los Presupuestos que redistribuyan la renta y los beneficios de los que más tiene. Para eso estamos aquí, para redistribuir la renta y la riqueza”.

Porque aparejada a la negociación de los Presupuestos irán cuestiones fiscales que recoge el acuerdo de Gobierno y que, de momento, se han pospuesto en su parte central. El Ministerio de Hacienda encargó un informe a un grupo de expertos que no estará listo hasta 2022, pero en Unidas Podemos quieren introducir ya algunas medidas, temerosos de que, fiscalmente, lo que no se haga ya difícilmente se logrará cuando se acerque el momento electoral de 2023.

Otro de los frentes que se mantiene soterrado, de momento, es el de cómo atajar los precios de la electricidad, que han alcanzado estas semanas niveles récord sin que las medidas adoptadas por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, hayan reducido la factura.

La coalición tendrá que dirimir otras leyes. Como la segunda oleada de normas que prepara el Ministerio de Igualdad de Irene Montero tras haber ganado al PSOE los pulsos para sacar la ley trans y LGTBI o la del solo sí es sí. La primera será la reforma de la ley del aborto, que pretende recuperar la libertad de las mujeres de 16 a 18 años de interrumpir su embarazo sin el consentimiento paterno, pero que también plantea regular la objeción de conciencia para que no se convierta en un impedimento para ejercer el derecho, eliminar el periodo obligatorio de reflexión o intentar acabar con la violencia obstétrica.

La ley contra la trata será otra de las iniciativas del departamento de Montero en un momento en el que el PSOE ha apostado por impulsar una ley para la abolición de la prostitución. El debate se producirá este otoño. Será entonces cuando el nuevo Ejecutivo eche realmente a andar y se verá si los cambios introducidos por Pedro Sánchez permiten mejorar la relación entre las partes de la coalición que, si se hace caso de lo que dicen sus protagonistas, tendrán que entenderse al menos hasta el final de 2023.