Cristina Cifuentes debía sentarse este martes como imputada delante de la jueza del caso Máster. Tres meses después de que eldiario.es destapase el escándalo que acabó con su carrera política, la expresidenta madrileña tenía que acudir a los juzgados de Plaza Castilla a declarar en una investigación que ha acumulado multitud de evidencias que prueban la falsedad del posgrado de Cifuentes. Sin embargo, la declaración no se producirá por el momento: la expresidenta ha dejado plantada por “motivos de salud” a la jueza, que ha enviado un forense a su casa.
El caso acumula 14 imputados, muchos de los cuales han pasado ya por el Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid. Su titular, la jueza Carmen Rodríguez Medel, tiró del hilo de la denuncia de una de las profesoras del máster hasta tejer un caso que abarca todas las promociones del posgrado que impartía el Instituto de Derecho Público, dependiente de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Tanto, que el caso ha llegado a afectar a Pablo Casado, en plena carrera por suceder a Mariano Rajoy al frente del PP.
La coartada de Cifuentes, imputada por cohecho y falsificación documental, se fue desmontando desde el principio, cuando se demostró que el acta de su Trabajo de Fin de Máster (TFM) era falsa. O cuando la Universidad dijo que no había rastro de ese trabajo ni del tribunal que la evaluó. Este lunes un profesor, el que hasta ahora defendía que la expresidenta había ido a clase y sus notas eran verdaderas, ha terminado por hundir la defensa de Cifuentes.
El profesor que la avaló cambia de versión
Rodrigo Martín ha declarado también como imputado y ha renegado de las declaraciones que hizo a la Cadena SER cuando estalló el caso. Dijo en un primer momento que Cifuentes había ido a su clase y que sus calificaciones se correspondían con el trabajo que había hecho como alumna: “Si tiene un 9 es porque hizo las prácticas y porque hizo el examen. Si no, habría sido suspendida o no calificada”.
Ante la jueza ha cambiado de versión. Ha dicho que no se ratifica en esas declaraciones, que ha atribuido a la insistencia de los medios por recabar su versión. Ya nadie defiende que Cifuentes hiciese trabajo alguno para lograr el título del Máster de Derecho Autonómico de la URJC.
Pero el caso no se centra únicamente en si Cifuentes cursó o no el máster, sino que se ha ampliado a todo el engranaje que se puso en marcha para tratar de tapar el escándalo. Este lunes estaba citado Enrique Álvarez Conde, el antiguo responsable del máster que admitió que había encargado “una reconstrucción” del acta del TFM el día en que eldiario.es publicó la primera noticia del caso.
Álvarez Conde no ha querido declarar, pero sí lo hicieron las profesoras a su cargo cuyas firmas aparecen en ese acta falsa y que han descrito las presiones que sufrieron para tratar de salvar la carrera política de Cifuentes. La primera fue Cecilia Rosado, que explicó que una asesora del Gobierno regional la amenazó el mismo día del escándalo: “Arreglad esto o la presidenta y el rector os matan”. Rosado fue quien finalmente falsificó las firmas de las otras dos profesoras en el acta del TFM. Estaba citada de nuevo este lunes, pero no ha querido declarar.
Feito admite contactos pero niega presiones
Esa asesora es Maite Feito, que acudió en persona a la Universidad el día que se destapó el escándalo del máster. Ante la jueza ha relatado una serie de contactos con los principales implicados en el caso, aunque ha negado que les presionase para procurarle una coartada a la expresidenta. Ha admitido que habló con la funcionaria que modificó las notas, con la jefa de Gabinete de Cifuentes, con el rector de la URJC, con el director del máster, con el responsable de posgrados de la Universidad y con la profesora Cecilia Rosado.
En ningún caso esos contactos, ha dicho, fueron parte de una encomienda para que intentase acabar con el escándalo del máster. Simplemente se interesó por qué estaba ocurriendo porque ella había trabajado en la Rey Juan Carlos.
Este lunes, otra profesora, Alicia López de los Mozos, ha relatado que Rosado le trasladó la presión cuando le dijo que o mentía y reconocía haber estampado su firma o ella contaría que le había dado autorización para que se la falsificara. López de los Mozos también está imputada por calificar a alumnos del máster que no fueron a clase ni hicieron los exámenes.
El caso ha arrastrado también al juzgado al rector de la URJC, aunque en su caso como testigo. Javier Ramos envió primero un escrito al juzgado en el que hacía constar las insistentes llamadas que recibió del consejero de Educación de Cifuentes, Rafael van Grieken. El día de su declaración también habló de otras llamadas, las que recibió de la entonces mano derecha de Cifuentes, Marisa González. Habló con ella tres veces antes de comparecer.
Cifuentes fracasa al intentar llevar el caso al Supremo
Con ese escenario de falsificaciones y presiones ya descrito por los principales imputados y testigos llega el turno de la protagonista del caso. Cifuentes comparece ya retirada de la política. El caso le obligó primero a dimitir como presidenta de la Comunidad de Madrid, y luego a dejar la presidencia del PP de Madrid -que se comprometió a regenerar tras los años de escándalos de corrupción- y ha abandonar su acta de diputada.
Con la pérdida del aforamiento llegó la imputación. Cifuentes tiene que comparecer este martes como investigada, aunque ha intentado sin éxito que la jueza se desprendiese del caso. La investigación de la magistrada se ha remontado hasta la promoción del máster que cursó Pablo Casado y ha abierto una investigación específica sobre el posgrado del diputado del PP. Casado está aforado ante el Supremo, la razón que esgrimen los abogados de Cifuentes para pedir que sea investigada por ese tribunal.
En un escrito enviado al juzgado sostienen que la investigación no se puede fragmentar en tribunales distintos, y como la jueza avanza hacia una posible exposición razonada al Supremo para que investigue a Casado, es este tribunal el que debe asumir todo el caso. La maniobra no le ha servido a Cifuentes para evitar la declaración. La jueza ha rechazado a última hora del lunes enviar la causa al Supremo. Así, la expresidenta debe presentarse a las 9.00 horas en los juzgados de Plaza Castilla a declarar por el máster que nunca cursó y de cuyas consecuencias trató de zafarse sin éxito.