La cruz del Valle de los Caídos: una “fantasía” de Ayuso que excede sus competencias

Ocho años después de que el Tribunal Constitucional tumbara la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid de 2013, los sucesivos gobiernos del PP al frente del Ejecutivo regional no se han hecho cargo de la obligada reforma. El organismo sentenció que ocho de los artículos no cumplían con la Constitución. El pasado 19 de octubre, por sorpresa, el Consejo de Gobierno aprobó el inicio de los trámites legislativos con un nuevo título: Ley de Patrimonio Cultural, en lugar de Patrimonio Histórico. Este ánimo de urgencia de puesta en marcha de la reforma contradice la declaración de la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, que en junio afirmó que no iba a salir en esta legislatura. Por lo que ha podido conocer este periódico, el PP no se sintió cómodo con esta afirmación y a la vuelta de vacaciones activó la reforma de la modificación fracasada.

Este jueves se cerró el plazo de presentación de enmiendas y ahora comienza el debate del texto, que tiene un objetivo: la defensa de la cruz del Valle de los Caídos por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La polémica se sitúa en el artículo 73c, donde aparecen enumerados los bienes que forman parte del patrimonio etnográfico de la Comunidad a proteger: “La arquitectura religiosa, incluyendo los calvarios tradicionales y las cruces, así como los elementos decorativos y bienes muebles relacionados directamente con el bien patrimonial a proteger”, señala la propuesta. Esas cruces y calvarios se refieren al Valle de los Caídos.

Sin embargo, desde el PSOE aclaran que la referencia a esas cruces corresponde a las llamadas “cruces de término” que se sitúan en algunos parajes para señalar límites. “La cruz del Valle de los Caídos no es una cruz de término”, indica un informe interno de los socialistas. Y por lo tanto no se puede proteger según lo dispuesto en el Decreto 571/1963. Y en caso de conservarla “habría de ser protegida por el Estado, nunca por la Comunidad de Madrid”. “En conclusión, la invocación de una competencia autonómica sobre el Valle de los Caídos es una fantasía sin fundamento. Lo único que podría hacer la comunidad autónoma para protegerlo sería solicitar al Estado su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), decisión que el Estado tiene libertad de adoptar o no”, concluye el informe. Los socialistas madrileños restan importancia a las intenciones de Díaz Ayuso y creen que es “un farol para hacer daño en una herida que otros estamos tratando de sanar”.  

Vox ha reclamado a Ayuso que evitara la retirada, destrucción o eliminación de los símbolos que vayan a ser censurados por la Ley de Memoria Democrática, “con el fin de preservar intacto el patrimonio histórico nacional” y promover “la incoación del procedimiento para la declaración de Bien de Interés Cultural de los bienes referidos”. El PP está convencido de que del conjunto del Valle de los Caídos, propiedad de Patrimonio Nacional, el único elemento sobre el que puede actuar es la cruz.

Desde Más Madrid aseguran que con esta ley, la Comunidad de Madrid “vuelve a invadir competencias”. “Esta ley es mejor que la de 2013, pero está lejísimos de estar bien. Hay competencias que invade. Creo que las enmiendas van a servir y los artículos que invaden competencias estatales van a desaparecer”, indica Alicia Torija, diputada en la Asamblea por Más Madrid, que recuerda que desde 2014 la Comunidad de Madrid no invierte en patrimonio cultural el 1% de cada obra pública. 

Fuera de la Asamblea tampoco están contentos con el anteproyecto. El Comité Nacional Español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) ha escrito un informe en contra de esta reforma. “El enfoque del anteproyecto es poco actual. No contempla la conservación preventiva, ni las emergencias, ni el control de riesgos, ni el turismo cultural, ni la inclusión social, ni las comunidades patrimoniales, ni la digitalización del patrimonio, ni los objetivos de desarrollo sostenible, ni el cambio climático”. 

Modus operandi

El patrimonio es la puerta por la que el PP ha colado sus posiciones identitarias, al menos, desde 2015. Aquel año, con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, aprobó la Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial para proteger la tauromaquia. Solo fue respaldada por los votos del PP y fueron criticados por pretender apropiarse de competencias autonómicas para detener la prohibición de las corridas de toros en todo el país, después del paso adelantado por Catalunya. “Lo que pretenden es secuestrar, para mayor gloria de sus intereses ideológicos, la riqueza intangible y cognoscible”, dijo Ascensión de las Heras (Izquierda Plural) a José Ignacio Wert, entonces ministro de Educación y Cultura. 

Desde 2013 justificaban esta protección con el argumento de la necesidad de ampliar el concepto de bien cultural inmaterial, porque la definición era insuficiente. La oposición en bloque acusó al Gobierno de Rajoy de suplir las competencias de las comunidades autónomas, que Wert negó. “Se ha redactado desde el más escrupuloso respeto” a los preceptos constitucionales, dijo. Y la tauromaquia quedó reconocida y protegida como Bien de Interés Cultural Inmaterial. “Sospechamos, y de forma fundamentada, aunque sea negado por el Gobierno, que el proyecto pretende imponer nuevamente la tauromaquia en territorios cuyo parlamento ha decidido excluir claramente dicha práctica”, concluyó la entonces portavoz de CiU, Montserrat Surroca. 

Especular con el patrimonio

Un año antes, en 2012, Esperanza Aguirre puso en marcha la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid por sorpresa. No figuraba en el programa con el que habían ganado las elecciones autonómicas y no lo esperaban ni en la Dirección General de Patrimonio, como pudo descubrir este periódico. Pero en septiembre de ese año la maquinaria legislativa se puso a pleno rendimiento para tener lista una ley en tres meses. Gracias a la reforma de la Ley de Patrimonio, Juan Miguel Villar Mir, dueño de OHL, pudo destruir siete edificios históricos del conjunto de Canalejas (en Madrid) y agruparlos en un único solar. Esta opción estaba prohibida hasta que se aprobó la nueva ley ordenada por Aguirre unos meses antes de presentar su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid y unos meses después de vender un cuadro de Goya por cinco millones de euros a Villar Mir, que sacó de la bancarrota a la familia Aguirre.

La modificación de la ley era la clave de toda la operación Canalejas: había que invertir el artículo 23, el que prohibía la agrupación de los bloques. Con la nueva redacción Villar Mir tuvo luz verde para derribarlo todo y levantar “la manzana del lujo” en la ciudad. El responsable de la redacción técnica de la nueva norma fue Luis Lafuente, actual director de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid y responsable de la instalación de la estatua del legionario de José Luis Martínez-Almeida, en la Castellana. 

Iniciativas inconstitucionales

Un año después de la reforma de la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales ocho de sus artículos. El citado 23 entre ellos. Pero ya era demasiado tarde para el conjunto histórico de Canalejas. El Constitucional sentenció contra la reforma por querer legislar por encima de las competencias estatales en la protección del patrimonio histórico y artístico español. “Esta ley responde a las fuertes presiones inmobiliarias, perfectamente alineados con la política”, explicó en aquel momento Javier García Fernández, jurista autor del recurso contra la reforma, catedrático en Derecho Constitucional, padre de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985 y, años más tarde, responsable del patrimonio con los ministros José Guirao y José Manuel Rodríguez Uribes. 

García Fernández insistió en que aquella ley fue “el acontecimiento más grave” que había ocurrido durante la democracia en el campo de la protección de los bienes culturales. El fallo del TC aclaró que es competencia del Estado establecer las condiciones que determinen la calificación de Bien de Interés Cultural (BIC) y defender al patrimonio contra la expoliación. El TC especificó que con la ley la Comunidad de Madrid interfiere “claramente en un ámbito que está reservado al Estado”. El jurista García Fernández llamó la atención sobre “la especial habilidad” que existe en la Comunidad de Madrid para “regular la desprotección jurídica de los bienes culturales más importantes”.