El juez del caso Cursach, Miguel Florit, pidió el registro de un año de llamadas de la delegación de la Agencia EFE en Baleares y de las comunicaciones y la ubicación del teléfono móvil de una redactora con el propósito de identificar las fuentes de una información relativa a la investigación judicial.
El mismo día en que la Policía se lo solicitó, el 17 de octubre pasado, el magistrado dictó un auto en el que requería a las compañías telefónicas que le facilitasen los listados de llamadas de la delegación y del móvil de la informadora, con el argumento de que “todavía no está identificado el autor o autores de la filtración” de un informe sobre la situación fiscal de las empresas de Bartolomé Cursach, el empresario al que investigaba por presunta corrupción.
“Precisamente se persigue con estas medidas averiguar su identidad”, sostiene el juez en una resolución en la que también requiere los listados de llamadas de los dos periodistas de Diario de Mallorca y Europa Press a los que el pasado 11 de diciembre ordenó requisar sus teléfonos.
El magistrado solicita el registro de llamadas de la oficina de EFE en Palma y del móvil de la periodista de los doce meses precedentes, un periodo mayor que el que reclama en el caso de sus compañeros de Diario de Mallorca y Europa Press y de las comunicaciones de la delegación de esta última empresa.
En este mismo auto, se ordena a EFE la “entrega inmediata” a los dos agentes que llevaban la investigación en la causa sobre presunta revelación de secreto del informe sobre el que la agencia, como otros medios de Mallorca, había publicado una noticia el 5 de julio. Los agentes ejecutaron la orden ese mismo día, en que se llevaron de EFE una copia digital del informe, cuya fuente la agencia no desveló.
En los razonamientos jurídicos del auto, el juez Florit alude a que la Ley de Protección de Datos ampara la cesión de información personal como los contactos telefónicos a la justicia y a que la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite la interceptación de comunicaciones, aunque no hace ninguna referencia al derecho secreto profesional de los periodistas.
“Es necesario acceder a los datos solicitados por la Policía para poder investigar los hechos, consistente en la aparición en prensa de noticias confidenciales acerca de la apertura de un procedimiento judicial, procedimiento en el que se había decretado el secreto de las actuaciones, con traslado a la prensa de determinados archivos confidenciales”, justifica el instructor.
La actuación del juez Florit en esta causa está siendo investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares a raíz de la querella por presunta prevaricación presentada contra el magistrado por los dos periodistas a quienes se requisaron los teléfonos móviles y por Europa Press y Diario de Mallorca. EFE ha anunciado este martes que se sumará a esta acción judicial.
Tras la incautación de los teléfonos, el juez ordenó, el 18 de diciembre, la detención de dos policías que, como miembros de la unidad de Blanqueo de la Jefatura Superior de Palma, habían participado en la investigación del caso Cursach.
En este procedimiento, que han instruido dos jueces antes que Florit, se investiga una presunta trama de corrupción en torno al que fuera el magnate del ocio nocturno de Mallorca en la que estarían implicados policías, funcionarios y políticos.