El Tribunal Supremo estudia la exposición razonada que le envió la jueza del caso Máster para decidir si imputa a Pablo Casado. Cinco jueces analizan si puede acusarse al líder del PP de los delitos de cohecho y prevaricación administrativa. Cuatro de esos magistrados ascendieron a ese tribunal gracias a los votos de los vocales del Poder Judicial propuestos por el PP y de ellos, dos participaron en cursos de FAES, la fundación vinculada a los conservadores de la que Casado fue asistente desde 2009.
El pasado 6 de agosto llegó al Supremo el escrito de la jueza Carmen Rodríguez-Medel pidiendo al tribunal que imputase a Casado. El documento, de 54 páginas, expone que le regalaron el máster de la Universidad Rey Juan Carlos a modo de “prebenda o dádiva” por su “relevancia política”. Él y otros alumnos privilegiados no tuvieron que hacer nada para obtener el título, mientras que el resto de estudiantes debían acudir a clase, hacer los exámenes y entregar trabajos.
El documento tiene que ser examinado por la Sala de Admisión del Tribunal Supremo, que deberá decidir si imputa al líder del PP, si archiva la investigación o si la devuelve a la jueza con la que empezó el caso. El Tribunal ya ha pedido a la Fiscalía que se posicione, aunque su informe no será vinculante para la decisión que tomen los magistrados.
La sala que decidirá sobre el futuro judicial de Casado, y por tanto sobre su futuro político, está integrada por cinco jueces de los que cuatro son conservadores: Manuel Marchena, Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Pablo Llarena. Solo la magistrada Ana Ferrer es progresista.
Los cuatro jueces ascendieron al Alto Tribunal gracias a los apoyos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), elegidos con los votos del PP. Es el caso, por ejemplo, de Monterde, que primero ocupó un puesto en el CGPJ a propuesta del PP. El sector conservador de ese órgano le eligió en 2003 para una plaza en la Sala de lo Penal del Supremo frente a Alberto Jorge Barreiro, propuesto por la minoría progresista.
La misma mayoría había aupado unos meses antes a Colmenero al Supremo en una votación en la que también se eligió para ese tribunal a José Manuel Maza. En aquel pleno, la minoría progresista acusó a los vocales conservadores de aplicar un “rodillo” que ponía en “crisis el modelo constitucional del Consejo”.
Junto a ellos analizará el escrito de la jueza el magistrado Pablo Llarena, actual instructor de la causa abierta contra los líderes independentistas. Llarena pasó de presidir la Audiencia Provincial de Barcelona a la Sala Segunda del Supremo en 2016 gracias a los 16 de los 21 votos del Pleno del CGPJ. Por último, la sala estará presidida por Manuel Marchena, actual presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Fue en 2014 cuando se enfrentó por ese puesto al candidato del sector progresista, Cándido Conde Pumpido. Marchena se impuso por 12 votos a 7.
El CGPJ es el órgano de gobierno de los jueces y quien se ocupa de los nombramientos en la carrera judicial. Está compuesto por 21 miembros y el control de su mayoría ha enfrentado constantemente a PP y PSOE porque sus vocales se eligen mediante votaciones en Congreso y Senado. En los periodos en los que fueron ascendidos estos cuatro jueces gobernaba el PP con una mayoría absoluta que le había garantizado la mayoría en el CGPJ con la elecciones de sus vocales.
Una de esas batallas partidistas se ha jugado en el terreno de la mayorías para los nombramientos. En 2004, el PSOE modificó la ley para que fuese necesaria una mayoría de tres quintos -13 vocales- para esos nombramientos, frente a la mayoría simple que imperaba hasta entonces -11 vocales- y que había permitido a los conservadores imponer sus candidatos.
El PP criticó duramente esa medidas y cuando volvió al Gobierno la cambió con el argumento de que esa exigencia de una mayoría cualificada había bloqueado ciertos nombramientos. Los cuatro jueces del Supremo que decidirán sobre Casado fueron elegidos cuando solo se exigía mayoría simple, aunque en el caso de Llarena y Marchena obtuvieron más votos de los que necesitaban.
Dos participaron en jornadas de FAES
Además, tanto Llarena como Colmenero han participado en actividades de la fundación FAES, tradicionalmente vinculada al PP y presidida por José María Aznar. En este think thank conservador trabajó Casado como asistente desde 2009.
Según ha publicado Infolibre, Llarena participó como ponente en el año 2010 en unas charlas sobre acceso a la carrera judicial. Colmenero lo hizo unos años antes, en 2005 y 2007, en varias jornadas de la fundación.
La participación de jueces en jornadas de FAES suele ser remunerada. Así quedó patente cuando esta fundación informó a la Audiencia Nacional de que había pagado por una participación en unas jornadas similares al juez Juan Pablo González, que acabó siendo apartado de la caja B por su vinculación con el PP.