De los derechos sociales a los territoriales. El mapa político que ha alumbrado el 23J supone un giro en la brújula política que ha guiado la tarea legislativa en la última legislatura. Una legislatura marcada por el escudo social tanto para hacer frente a la crisis sanitaria, social y económica de la pandemia como para responder a las consecuencias de la guerra en Ucrania. Ha sido la legislatura de la subida del SMI, de los ERTEs, el IMV, de las reformas del mercado laboral y de las pensiones, de una ley de vivienda boicoteada por las comunidades del PP y de avances feministas reconocidos por todos los organismos internacionales, por ejemplo.
Pero el 23J ha dejado una aritmética que ya está cambiando la conversación, y están volviendo asuntos que fueron prioritarios en otros tiempos pero habían pasado a un segundo plano, ya fuera porque el 15M cambiara las prioridades políticas o porque el 1-O situara el debate territorial a otra dimensión.
El caso es que se está instalando el debate de profundizar en las cuestiones territoriales, en el reconocimiento a la plurinacionalidad del Estado para superar los 171 escaños de PP, Vox y UPN para ganar la investidura. Y, sobre todo, para poder gobernar después.
Y esa profundización en cuestiones territoriales tiene varios planos. Junts apunta hacia la amnistía y el referéndum. Los de Carles Puigdemont han expresado que la amnistía es una de sus exigencias de partida para hablar sobre la investidura de Pedro Sánchez. Se trata de una medida excepcional y sinónimo de salida política a crisis graves de Estado, que genera debate entre los juristas y que con toda seguridad será recurrida por el PP ante el Constitucional.
Pero no son sólo las reivindicaciones de Junts, que lleva haciendo prácticamente desde el 1-O y antes, en lo relativo a la consulta soberanista, y cuyo concurso es imprescindible para la investidura de Sánchez y su posterior tarea de Gobierno. Dentro de Junts que, como todos los partidos tiene diferentes sensibilidades, el ex vicepresidente del Parlament Josep Costa intentaba sacudir la presión y desentender a su partido de la investidura española: “Los españoles estrictos han votado de manera masiva al PP y Vox; es a decir, los españoles, desde un punto de vista democrático, se merecen tener un gobierno de extrema derecha”.
Por su parte, ERC, que ya participó de la mayoría de investidura en 2020 y ha sido clave en la aprobación de muchas reformas a lo largo de la legislatura y se da por descontado su sí, también está condicionado por la fragilidad de la presidencia de Pere Aragonès en Catalunya –y por el indulto a los líderes del procès y las reformas del Código Penal–. En este sentido, los republicanos han puesto tres condiciones: seguir negociando para pactar un referéndum que el PSOE, hasta la fecha, ha rechazado, el traspaso de Rodalies (la red de cercanías de Renfe en Catalunya radiografiada en este especial) y acabar con el déficit fiscal. Además, los líderes de ERC han pedido a Junts ir de la mano en la negociación de la investidura de Pedro Sánchez.
En una línea semejante se ha mostrado EH Bildu, cuyo líder, Arnaldo Otegi, ha adelantado el sí a Sánchez, pero ha reclamado que la balanza se incline hacia “la izquierda y a la soberanía”.
Así, el PSOE se enfrenta a la necesidad de asumir una agenda territorial, plurinacional –incluso republicana– para sumar los apoyos de EH Bildu, ERC y sobre todo Junts.
Además, hay otro elemento que atraviesa el nuevo curso político, y es el calendario electoral vasco, con elecciones a la vista en julio de 2024 en un contexto en el que las elecciones generales han arrojado un triple empate entre PSE, PNV y EH Bildu –si bien los abertzales han logrado un diputado más, al sumar el de Navarra– y las elecciones municipales también han anunciado que el partido de Andoni Ortuzar no lo tendrá fácil para mantenerse como el más votado frente a un Bildu en ascenso. Y esa pugna por la hegemonía vasca también añadirá tensión en la agenda territorial en el Congreso de los Diputados si se logra la investidura con los resultados del 23J.
Del mismo modo, Galicia también tendrá elecciones a la vez que Euskadi, y el sí del diputado del BNG también es imprescindible. E, incluso, el escaño de Coalición Canaria –partido centrado en las reivindicaciones territoriales, fundamentalmente de índole económico–, cuyo voto condiciona que sea necesario el sí o la abstención de Junts.
De la amnistía a las lenguas cooficiales
El debate territorial parece no tener límites. Tiene que ver con la amnistía que pide Junts, pero también con el problema de la red de Rodalies que denuncia ERC, el soberanismo que reclama EH Bildu, pero también con las lenguas cooficiales en el Congreso, la financiación autonómica y la deuda acumulada por los gobiernos regionales.
Así, Sumar ha reavivado el debate sobre el uso de lenguas cooficiales en el Congreso, algo en lo que el PSOE se pone de perfil y el PP dice 'no' invariablemente. La histórica petición de fuerzas de izquierda y nacionalistas ha sido siempre rechazada por los dos grandes partidos, pero ahora los socialistas aplazan su decisión hasta las negociaciones de la investidura: es algo que ya ocurre en el Senado y, a mayor escala, en el Parlamento Europeo, donde conviven 24 lenguas oficiales, por ejemplo.
Por otro lado está la financiación autonómica. Tras una década con el modelo caducado, las elecciones del 23J han vuelto a poner sobre la mesa la idea de una reforma que hasta la fecha ha tenido pocas oportunidades de salir del cajón. Pero la aritmética política y la necesidad del sí de fuerzas territoriales para la investidura de Pedro Sánchez ha resucitado un asunto que divide a los dos grandes partidos, PP y PSOE, en función de los territorios.
La financiación autonómica es, ni más ni menos, cómo se reparten los ingresos que recauda el Estado entre las comunidades para evitar que ninguna caiga en infrafinanciación. El actual modelo fue ideado para un periodo breve que acababa en 2013 y, desde entonces, no se ha cambiado, como explican Diego Larrouy y Arturo Puente en elDiario.es.
El debate sobre las quitas de deuda para las comunidades es el que ha vuelto a traer en los últimos días al primer plano a la financiación autonómica. Una moción en el Parlament de Catalunya realizada por Junts y apoyada por ERC planteaba una condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Este sistema, creado por Cristóbal Montoro en la época de Mariano Rajoy, suponía un modelo de financiación en plena crisis financiera del Estado de las autonomías. El FLA, como se conoce a este mecanismo, es una de las principales fuentes de deuda de los distintos territorios.
Las comunidades deben fundamentalmente al Ministerio de Hacienda, en virtud del FLA. Así, la deuda con el Estado se sitúa en el 57,8% del total, de acuerdo con un estudio reciente de Funcas. Sin embargo, no todas las comunidades acudieron al FLA ni lo hicieron de igual forma. Por eso, el debate sobre si puede o no haber quitas a la deuda es clave en el próximo modelo de financiación y en la negociación para la investidura.
No obstante, el PSOE y el Gobierno evitan hablar en este momento de quitas de deuda. La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que “en el margen” de la reforma de la financiación autonómica, que se abordaría durante la próxima legislatura, “se habla del endeudamiento” de las distintas regiones, aunque ha evitado mencionar una condonación a Catalunya, en contra de lo publicado por distintos medios en los últimos días, que afirmaban que el PSOE la ha ofrecido en las conversaciones con Junts y ERC. Estas informaciones apuntan exactamente a “una quita” de parte de los 70.000 millones de deuda contraída por la Generalitat con el Estado por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), según la interpretación de una enmienda del PSC sobre el “saneamiento” de la deuda autonómica a una moción de Junts per Catalunya en el Parlament.
Por su parte, todos los partidos independentistas catalanes coinciden en que la financiación de la Generalitat es muy deficiente, y el llamado “déficit fiscal” (es decir, la parte que no regresa de los impuestos cobrados en Catalunya) es un concepto que ha estado en boca del soberanismo desde hace más de una década. Sin embargo, hablar de la reforma de la financiación se ha convertido, en el independentismo, en una especie de tabú desde prácticamente el inicio del procés en tanto que se interpreta como participar de los marcos del autonomismo.
“Si tengo que elegir, prefiero dedicar las energías al referéndum que a la reforma de la financiación”, aseguraba Pere Aragonès en la campaña electoral de 2021, poco antes de ocupar el Palau de la Generalitat. Sin embargo, el pasado martes, el propio Aragonès, si bien afirmó que Catalunya no irá a negociar “de la mano de Ayuso y García Page un sistema global para todas las comunidades”, sí invitó al Ministerio de Hacienda a presentar su propuesta para que la Generalitat pueda negociarla de tú a tú.
La reforma del sistema de financiación autonómica supone diseñar un mecanismo de reparto de los fondos públicos entre los territorios, intentando evitar infrafinanciación y sin generar desequilibrios entre las regiones, lo cual implica consensos entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.
Las comunidades recaudan por los impuestos cedidos (sucesiones, patrimonio, transmisiones patrimoniales o el juego), así como por su participación en impuestos estatales (50% del IRPF o IVA, 58% de los impuestos especiales o 100% del impuesto a la electricidad), como explican en elDiario.es Daniel Yebra y Diego Larrouy. El 75% de lo que recaudan va a una ‘caja común’, que se completa con fondos del Estado. Es el llamado Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y es el eje central del sistema de financiación, al que luego se le suman otros fondos complementarios. Este sistema deja fuera a Euskadi y Navarra, que tienen su propia Hacienda y sus acuerdos con el Estado.
El dinero que suman —134.336 millones en 2023— se reparte entre las comunidades. El cómo es uno de los verdaderos puntos peliagudos de este debate por un nuevo modelo. En la actualidad se hace en función de población (30%), superficie (1,8%), dispersión territorial (0,6%), insularidad (0,6%), población protegida equivalente (38%), población mayor de 65 años (8,5%) y población entre cero y 16 años (20,5%). Varias comunidades han dado la batalla para cambiar este método de cálculo, reforzando aspectos como la despoblación o el envejecimiento, que aumentarían la necesidad de recursos.
Y así, después de una legislatura marcada por las medidas sociales, se está entrando en un momento político que parece más determinado por los debates territoriales a raíz del reparto de escaños salido del 23J.
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