El descontrol de la privatización sanitaria abre un nuevo frente judicial contra Aguirre

Entre 2004 y 2007, durante la primera legislatura de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid, el Ejecutivo regional construyó siete nuevos hospitales con un sistema público-privado que abrió el sistema sanitario al capital y la gestión privada. A cambio de cumplir una de sus principales promesas electorales, la expresidenta promovió un modelo en el que conglomerados de empresas construyen los edificios a cambio de quedarse la gestión no médica y recibir un canon de dinero público durante 30 años. Más de una década después, el descontrol de este sistema ha abierto un nuevo frente judicial contra Aguirre. 

Este lunes, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado su imputación por delitos de prevaricación y malversación en la causa en la que la jueza de Madrid Mónica Aguirre investiga unas irregularidades en la explotación de uno de esos hospitales, el Puerta de Hierro-Majadahonda, que habrían generado un “menoscabo” de más de diez millones de euros a las arcas públicas. La magistrada, que todavía no ha resuelto la solicitud del Ministerio Público, abrió esta causa a instancias de Anticorrupción, que en noviembre de 2020 se querelló contra Elena de Mingo, ex directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios y, por tanto, responsable del seguimiento y supervisión de las inversiones en obras e infraestructuras sanitarias. De Mingo está imputada por prevaricación y malversación. La Fiscalía también ha pedido la imputación del exconsejero de Sanidad Juan José Güemes y de otros altos cargos. 

Anticorrupción puso el foco en una modificación del contrato de construcción y explotación de este hospital que se hizo “prescindiendo del más mínimo procedimiento administrativo” y que permitió a la adjudicataria —una UTE formada por Dragados, Sufi y Bovis Lend Lease— cobrar durante años cantidades millonarias por servicios “nunca prestados”. En concreto, por 135 camas que no están en servicio. La Fiscalía calcula un “menoscabo a los caudales públicos (...) en una cantidad superior a los 10 millones de euros” y cuando presentó su querella en noviembre de 2020 aseguró no tener constancia de que se hubiera reestablecido el equilibrio económico del contrato. 

El Hospital Puerta de Hierro, inaugurado en 2008, fue uno de los siete construidos bajo el Plan de Infraestructuras 2004-2007 con un sistema público-privado. Este modelo consiste en que un conglomerado de empresas construye el edificio y, a cambio, recibe un canon por las obras y por encargarse de los servicios no sanitarios (limpieza, lavandería, mantenimiento…). Ese canon se calcula en función del número de camas y la ocupación. 

El contrato de concesión para la construcción y explotación de ese hospital se adjudicó el 18 de marzo de 2005 a la citada UTE. Tres años después, el 28 de mayo de 2008 —poco antes de la inauguración, que tuvo lugar en septiembre de ese año— se modificó “eludiendo cualquier procedimiento administrativo” y 135 habitaciones pasaron de ser dobles a individuales. Eso redujo las camas de hospitalización inicialmente ofertadas por la concesionaria en base a las cuales se calculó el canon pero sin que se realizara un reequilibrio económico que se ajustara a la nueva oferta. Es decir, sin recalcular la cantidad que la Comunidad de Madrid se comprometió a pagar a la concesionaria.

Para la Fiscalía, esta reducción del número de camas hospitalarias se hizo al margen “del más mínimo procedimiento administrativo”, lo que supone una “ilegalidad radical”. En su querella, Anticorrupción explica además que el único “sustento habilitante justificativo” de dicho cambio fue una resolución que “no existió”, tal y como se ha comprobado a través de los requerimientos efectuados a la Consejería de Sanidad. Se trata de una supuesta resolución del 5 de mayo de 2008 de la Dirección General que estaba en manos de De Mingo “dictada a requerimiento de la Presidenta de la Comunidad de Madrid en la fecha de los hechos”, que entonces era Esperanza Aguirre. 

Un dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, un órgano consultivo de la Comunidad de Madrid, ya reflejó en 2017 que fue la Dirección General de Infraestructuras “a requerimiento de la Presidencia de la Comunidad de Madrid” la que “ordenó” que se adecuasen determinadas habitaciones de hospitalización a uso individual. En consecuencia, de 135 habitaciones equipadas como dobles se retiró la cama hospitalaria, la mesilla, el sillón de paciente, la silla de acompañante y la cortina separadora; y se colocaron 135 sofás-cama. 

Descontrol de dinero público  

La red de hospitales privatizados que promovió desde 2004 a partir de convertirse en presidenta autonómica ha probado ser un foco de descontrol en el uso de dinero público. Diez centros concedidos a empresas a cambio de un canon anual durante tres décadas. La empresa construye y gestiona administrativa o, incluso, sanitariamente los hospitales. Y la Comunidad de Madrid paga. 

Los dos planes de infraestructuras sanitarias que Aguirre manejó con sus consejeros de Sanidad, Manuel Lamela y Juan José Güemes, sumaron más de 3.500 millones de euros. Una grandísima parte iba a estas concesiones hospitalarias entre las que estaba el traslado del centro Puerta de Hierro de la ciudad de Madrid a la de Majadahonda y su transformación en hospital de gestión mixta: la adjudicataria levantó el edificio y dirige toda la parte no sanitaria. 

El descontrol y la falta de eficacia de este sistema ha sido señalada en varias ocasiones por la Cámara de Cuentas de Madrid, el órgano fiscalizador autonómico. Además, con los hospitales ya funcionando, las empresas concesionarias protestaron porque no les rentaba el negocio tal y como lo habían firmado. Pidieron más dinero. Aguirre se lo concedió en 2010 con un acuerdo de su Consejo de Gobierno no hecho público: un incremento de 80 millones al año. “Restablecimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión”, lo llamaron. No habían pasado ni cinco años desde su puesta en marcha y les quedaba más de 20 por delante.

“No le quepa duda de que la empresa privada es más eficaz”, era el lema con el que Aguirre justificaba la externalización del servicio sanitario. Sin embargo, en otra revisión de la Cámara de Cuentas, el órgano puso de manifiesto —aunque en la versión final omitió estos datos— que el mismo tipo de tratamiento podía costar hasta seis veces más en alguno de estos hospitales concertados que en los de gestión pública directa. En algunas intervenciones ambulatorias, las desviaciones llegaban al 743%.

La cláusula del 1%  

Tanto Aguirre como Güemes están imputados desde 2019 en la Audiencia Nacional en otro sumario, el que investiga la financiación irregular del PP de Madrid en el caso Púnica. Una de las principales vías de investigación es la cláusula del 1% para publicidad de las obras que los gobiernos de Aguirre incluyeron en los contratos de construcción de 46 hospitales y centros de salud y que hizo un roto a las arcas públicas de 3,07 millones de euros. 

El magistrado, que define esta práctica como un “mecanismo para desviar fondos públicos a través del partido”, ha pedido a la Comunidad de Madrid información sobre los contratos de construcción y explotación de más de una treintena de hospitales y centros de salud. La sospecha de los investigadores es que esas campañas se realizaban por un coste mucho menor o ni se llegaban a hacer y el dinero acababa total o parcialmente desviado a la caja B del PP madrileño y al bolsillo de sus dirigentes. Además, los trabajos se encargaron en todos los casos a empresas de Daniel Horacio Mercado, que supuestamente devolvía el favor inyectando importantes sumas de dinero para las campañas del PP. Este empresario organizó numerosos actos de las campañas electorales del PP de Madrid para las autonómicas de 2003, 2007 y 2011, en las que Aguirre logró tres mayorías absolutas consecutivas.

La imposición del pago de esas campañas de “publicidad simulada” de las infraestructuras sanitarias obligaba a las constructoras a incrementar en ese 1% su oferta, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas, que veían minorados sus fondos en ese porcentaje. La Intervención General de la Administración del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, constató en un informe pericial adelantado por El País y remitido al juzgado en el marco de esta investigación la “manifiesta ilegalidad” de esa cláusula. 

Según el juez, la idea de incluir esa cláusula partió del entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela, aunque habría operado “en connivencia con los altos mandatarios” del PP madrileño. De hecho, García Castellón apuntaba en el auto en el que acordó la imputación de la expresidenta que Ignacio González y Francisco Granados, siempre “bajo la supervisión” de Aguirre, tenían la competencia última para decidir qué empresas prestarían la “publicidad simulada”. En su declaración como imputado ante el juez en octubre de 2019, Lamela negó que esa “cláusula accesoria” fuera irregular y aseguró que se utilizó como mecanismo para “asumir” una tarea de comunicación que era necesaria para dar a conocer los hospitales y centros de salud.