La dimisión de Rubiales no cierra la crisis del fútbol femenino

Tres semanas después del beso no consentido que impuso a la jugadora Jenni Hermoso y acorralado por un persistente clamor social, Luis Rubiales anunció la noche de este domingo su dimisión como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y vicepresidente de la UEFA. Su renuncia, reclamada por amplios sectores del mundo del deporte y la política, llegó tras 21 días de obstinación en los que intentó que la futbolista apareciera con él en un vídeo en el que ofreció excusas y una ambigua disculpa, hizo que la Federación se inventara unas supuestas declaraciones de Hermoso en las que disculpaba el beso como un gesto de complicidad entre dos amigos y llegó a acusar al “falso feminismo” de pretender su “asesinato social”. 

Un intento de huida hacia adelante que ha acabado situándolo en el centro de dos procedimientos tanto en la justicia deportiva como en la penal. Y que ha cristalizado en un potente movimiento contra el abuso de poder liderado por las campeonas del mundo y otro medio centenar de jugadoras que han pedido “cambios estructurales reales” en la RFEF. Todo ello, mientras las futbolistas han convocado una huelga para las dos primeras jornadas de la Liga F y el Gobierno ha dejado abierta la posibilidad de intentar modificar la ley del deporte para limitar el poder asambleario de entidades como la RFEF.

Nada de eso se para con la renuncia de Rubiales, ampliamente celebrada por dirigentes de casi todos los partidos salvo Vox, que pidió “cerrar” este capítulo y hablar de las “verdaderas preocupaciones” de los españoles. De hecho, la Audiencia Nacional dio este lunes el primer paso para investigar al exdirigente federativo por los delitos de agresión sexual y coacciones. El magistrado Francisco de Jorge admitió a trámite la querella presentada el pasado viernes por la Fiscalía. 

Por el momento, el juez no se pronunció sobre las diligencias solicitadas por el Ministerio Público, que pidió que se tomara declaración a Rubiales, en condición de investigado, y a Hermoso como víctima. De Jorge se limitó a reclamar a varios medios, entre ellos RTVE, los vídeos del beso forzado “desde todos los ángulos”, así como de los instantes previos y posteriores, incluidos los de la celebración en el vestuario y el autobús. Algunos de esos vídeos han formado parte de la estrategia de defensa de Rubiales ante la FIFA, a donde remitió imágenes en las que se ve a las jugadoras —Hermoso entre ellas— celebrando su histórica victoria en el bus y haciendo algunas bromas sobre el beso forzado del ya exdirigente a la futbolista, que ya había expresado en el vestuario que el beso no le había gustado y que explicó después en un comunicado que la situación le había supuesto un “shock” por el contexto de celebración. 

La apertura de una investigación por parte de la Audiencia Nacional deja en el aire el procedimiento abierto en el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) a instancias del Gobierno. Ese órgano administrativo tiene pendiente resolver sobre el fondo del expediente abierto a Rubiales por falta grave, pero sus miembros tendrán que valorar si dejan ese trámite en suspenso en caso de que consideren que por la vía penal se están investigando los mismos hechos y los mismos fundamentos. En el sistema español rige el principio de non bis in ídem, por el que nadie puede ser condenado dos veces por una misma infracción o hecho punible. “Será, en todo caso, algo que corresponderá valorar al Tribunal Administrativo del Deporte”, afirman fuentes del Centro Superior de Deportes (CSD). 

Al margen de la vía penal y administrativa el Gobierno tiene la intención de que el caso Rubiales propicie cambios en un modelo de organización que convierte al presidente de la RFEF en alguien prácticamente intocable a los mandos de un negocio que mueve millones de euros y que incide directamente en la imagen del país. En una entrevista en la Cadena SER, el presidente del CSD, Víctor Francos, abrió este domingo la puerta a hacer cambios en la ley de deporte para mejorar el control público sobre las federaciones. No obstante, dejó caer que no será fácil porque esas modificaciones legislativas sólo pueden realizarse “siempre y cuando se respete su autonomía”, según palabras del propio Francos.

La RFEF es una entidad asociativa privada, aunque de “utilidad pública”. No recibe subvenciones —el anterior presidente, Ángel María Villar, renunció a ellas precisamente para evitar que la administración pudiera ejercer algún tipo de control—, pero sí se nutre de recursos públicos para conseguir unos ingresos que le permiten tener un presupuesto en 2023 de casi 400 millones de euros, según contó infoLibre. Un tercio de ellos provienen de los derechos audiovisuales que generan las selecciones de fútbol (compuestas por futbolistas a los que pagan sus clubes), pero sin ningún control de la administración.

Lo ocurrido con Rubiales ha puesto de manifiesto que apenas hay margen de maniobra para destituir a alguien por muy inapropiados que hayan sido sus comportamientos. De manera interna solo es posible mediante una moción de censura de la asamblea, un organismo que suele controlar con mano de hierro quien preside el ente. 

El papel de las jugadoras

También está por ver qué rol asumen a partir de ahora las protagonistas de toda esta historia: las jugadoras, que el pasado 25 de agosto reclamaron “cambios estructurales reales” en la RFEF y afirmaron que no volverían a una convocatoria de la selección mientras continuaran los “actuales dirigentes”. Una de ellas, Olga Carmona, ha sido preguntada por este asunto en El Hormiguero, pero no ha confirmado si regresarán a La Roja tras los últimos acontecimientos: “Es cierto que la dimisión de Rubiales es muy reciente, se dio ayer por la noche, y entre nosotras tenemos que hablar para ver qué pasa”, ha explicado. También ha señalado cuáles son sus demandas: “Acabamos de ser campeonas del mundo y lo que queremos es seguir esa línea de crecimiento que está teniendo el fútbol femenino. Queremos que se nos den las condiciones”.

El anterior seleccionador, Jorge Vilda, quedó tocado tras aplaudir desde primera fila el discurso en el que Rubiales dijo que el beso forzado había sido un “pico” y, además, “consentido”, lo que se sumaba a otras polémicas que ya arrastraba por la situación vivida hace un año, cuando 15 jugadoras pidieron su cese. Su sustituta será Montse Tomé, la hasta ahora segunda entrenadora de la selección, que había presentado su dimisión junto a otros 10 miembros del cuerpo técnico poco después del discurso de Rubiales. En un comunicado, ella y el resto de personal denunciaron haber sido obligados a sentarse en las primeras filas “intentando dar a entender a la sociedad y las jugadoras que se compartían las tesis del presidente de la RFEF”.

Resueltas las situaciones de Rubiales y Vilda es una incógnita si las jugadoras se consideran resarcidas con estas salidas o van a exigir que abandonen sus cargos otros dirigentes que avalaron y aplaudieron al ya expresidente tras su beso y comportamiento posterior con Hermoso, que incluyó ataques en comunicados oficiales de la Federación. Las futbolistas no han especificado públicamente a qué se refieren con los “cambios estructurales reales” que exigían en el citado comunicado. Según Relevo, una de las líneas rojas de las deportistas es profesionalizar el departamento de fútbol femenino, igualándolo al del fútbol masculino en cuanto a personal y a salarios. 

Precisamente la reclamación de una mejora de su salario mínimo y de sus condiciones en el convenio colectivo motiva la huelga que han convocado los cinco sindicatos presentes en la mesa negociadora del convenio (Futpro, Afe, Futbolistas On, CCOO y UGT) para las dos primeras jornadas de la Liga F. Las deportistas están luchando por elevar el suelo salarial, ahora situado en los 16.000 euros anuales, a enorme distancia del mínimo masculino de 180.000 euros, como ha advertido en estos días la ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, que ha lanzado una campaña de la Inspección contra la discriminación salarial. 

Hasta hace muy poco lo habitual es que estas deportistas trabajaran en 'b', sin cotizar a la Seguridad Social, o que lo hicieran a través de contratos precarios que nada tenían que ver con su actividad, como de cuidadoras o repartidoras de pizza. Desde 2019, su determinación ha ido conquistando avances, pero los últimos acontecimientos dejan claro que no es suficiente y que las futbolistas seguirán luchando por conseguir más derechos.