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Dimite el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, acaba de presentar su renuncia al ministro de Justicia, Rafael Catalá, después de tres años en el cargo. Torres-Dulce sostiene en un escueto comunicado de cuatro líneas que ha hecho público la Fiscalía que su dimisión se debe a “motivos personales” y que su intención es volver a incorporarse a su plaza en la Fiscalía del Tribunal Constitucional.
Torres-Dulce, que relevó a Cándido Conde-Pumpido en el puesto cuando fue nombrado por el Consejo de Ministros el 27 de enero de 2012, era antes fiscal de sala en el Tribunal Constitucional y pertenece a la conservadora Asociación de Fiscales. Comparado con su antecesor, que estuvo ocho años en el puesto, su permanencia ha sido corta.
La trayectoria de Torres-Dulce al frente de la Fiscalía ha estado marcada por las tensiones con los responsables del Ministerio de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y Rafael Catalá, a raíz, sobre todo, de su negativa a parar la instrucción del caso Gürtel y 'los papeles de Bárcenas'.
El último gran enfrentamiento de Torres-Dulce con el Gobierno fue por Cataluña. En medio del debate soberanista, el Fiscal General desatendió las órdenes del Ejecutivo de presentar una querella contra Artur Mas y miembros de su Gobierno por seguir adelante con el proceso de participación que sustituyó a la consulta que prohibió el Tribunal Constitucional.
En los últimos meses, las relaciones entre la Fiscalía General y el Gobierno se habían enfriado hasta un punto irreparable. Sin embargo, Rajoy no podía destituir a Torres-Dulce porque los cambios legales incorporados por su predecesor impedían al Ejecutivo el cese del titular del ministerio público. Según fuentes jurídicas, la salida de Torres-Dulce “es una dimisión inducida”.
El propio Torres-Dulce rechazó durante su comparecencia en el Congreso el pasado 26 de noviembre que se le pudiera acusar de actuar en favor de los intereses de Rajoy y su Gobierno: “No toleraré nunca que el Gobierno me diga lo que tengo que hacer, porque sería un delito. Si tengo que sostener una posición contraria al Gobierno, la sostengo”.
