La directora de la Oficina Antifraude se quita de en medio en el caso Rato
El caso Rato volvió este lunes a dar un giro inesperado con la declaración de la jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) ante el juez Antonio Serrano-Arnal. Un informe de la ONIF originó la investigación al exvicepresidente y permitió detenerlo y registrar su domicilio y despacho. Pero en las últimas horas, la jefa de ese organismo, Margarita García-Valdecasas, ha intentado orillar cualquier responsabilidad en la investigación. Primero, con un movimiento para evitar la declaración como testigo ante el magistrado. Y una vez ante él, trasladando la responsabilidad del informe a dos funcionarios, subordinados suyos, a pesar de que el documento lleva su firma.
El pasado martes, Serrano-Arnal citó a declarar a García-Valdecasas como “autora del informe” que dio origen al caso Rato. La responsable de Antifraude reaccionó al día siguiente con un escrito al juez al que ha tenido acceso eldiario.es. Tras aclarar que “Marga García Valdecasas, en su condición de jefe de la ONIF, procedió, como es habitual, a la firma del informe presentado ante la Fiscalía de Madrid”, añadía que ella no era “la persona autora sino que son autores los funcionarios con los números de la AEAT siguientes…”.
De nada le sirvió y ayer, alrededor de las 11:00, media hora más tarde de la que había previsto el juez, comenzó su declaración en la sede del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid para ratificar el informe. Ante ella, el juez, la fiscal Anticorrupción Elena Lorente, el abogado del Estado –en representación de Hacienda, perjudicada por el presunto fraude fiscal- y los abogados de Rato y su exsocio, ambos imputados.
Una fuente presente en la declaración explicó horas después a Efe que García-Valdecasas vinculó el informe con “una alerta temprana de posibles riesgos”, terminología utilizada para justificar las solicitudes de entrada y registro, así como las detenciones para asegurar las anteriores. Según esa fuente, García-Valdecasas aseguró durante el interrogatorio que el informe era obra de los funcionarios y no de ella, que solo estampa la firma. Tras dos horas de declaración, la jefa de la ONIF abandonó los juzgados evitando a los periodistas presentes.
La actitud de García-Valdecasas suma incertidumbre a la que ya de por sí inundaba el caso Rato. Primero, el Ministerio de Hacienda acudió a la Fiscalía Anticorrupción, pero ésta rechazó la investigación por inmadura. El departamento de Montoro no se dio por vencido y, con los mismos argumentos, acudió a la Fiscalía de Madrid. El día de la detención, Hacienda convenció a la Fiscalía de que pidiera al juez el arresto de Rato. Anticorrupción se enteró por los medios de que Hacienda reventaba la operación con la Fiscalía de Madrid y reclamó para sí el caso, a lo que accedió la fiscala general, Consuelo Madrigal.
Una vez asumido el caso Rato, Anticorrupción puso en duda los indicios de blanqueo que sostenía la ONIF, por tratarse de una investigación demasiado preliminar. Por su parte, la Audiencia Provincial echó por tierra la acusación de alzamiento de bienes que Hacienda presentaba, alegando que Rato se había desprendido de fondos para evitar asumir las fianzas que se le reclamaban en el marco del caso Bankia.
El Gobierno, a través del departamento de Cristóbal Montoro, lanzaba un mensaje de que “la justicia es igual para todos” a un mes de las elecciones autonómicas y municipales. Las diferencias que provocó la sucesión de hechos habrían quedado zanjadas en una reunión al más alto nivel celebrada en la sede la Fiscalía Anticorrupción y a la que asistieron, entre otros, su responable, Antonio Salinas, y la directora de la ONIF.
Casi dos meses después, un miembro de la cúpula de Hacienda, se ha presentado en el juzgado y, en lugar, de defender el trabajo de sus funcionarios, ha venido a pedir que les pregunten a ellos. Sin embargo, concluida la declaración de este lunes, la primera decisión del juez Serrano-Arnal fue llamar a Rato como imputado.
A esto hay que sumar que el juez ha denegado la participación de acusación popular alguna en el proceso. En el auto con el que denegaba la personación de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), Serrano-Arnal decía que el único delito de Rato que por ahora “se perfila” en la investigación es el de fraude fiscal. Nada de blanqueo ni alzamiento de bienes.
El episodio de este lunes es el segundo polémico que protagoniza García-Valdecasas con un juez. Ante el magistrado Pablo Ruz protagonizó un conato de rebeldía cuando éste ordenó le ordenó calcular la cantidad defraudada por el PP tomando como base el dinero negro ingresado en 2008. Solo la firmeza del juez obligó a rectificar a la directora de la ONIF y realizar el cálculo.
Margarita Garcia-Valdecasas llegó a la dirección de la ONIF con la remodelación de la Agencia Tributaria –a la que pertenece Antifraude- que realizó Montoro con motivo de la filtración de datos de la infanta en el marco del caso Nóos. Su antecesor, Santiago Menéndez, pasó a dirigir la Agencia Tributaria y, en lugar de optar por Pilar Valiente, su número dos y recambio natural, la eligió a ella. Su hermana, la fallecida Julia García-Valdecasas, compartió mesa del Consejo de Ministros con Rodrigo Rato.
