Los escándalos del rey emérito no levantan el bloqueo al control parlamentario sobre la monarquía

Casi cinco meses después de la huida de Juan Carlos de Borbón ante las investigaciones judiciales sobre su patrimonio y las revelaciones periodísticas tras su abdicación sobre las supuestas comisiones y regalos recibidos durante su reinado, siguen sin producirse ninguna investigación oficial sobre el rey emérito, más allá de la que lleva a cabo la fiscalía del Tribunal Supremo.

La Casa Real informó en agosto de que el exjefe del Estado eligió Abu Dabi como residencia temporal a través de un escueto comunicado pero nadie de la propia institución ni del Gobierno han querido dar más detalles. Y esta misma semana el programa Viva la Vida de Telecinco ha difundido una foto suya, sostenido por dos escoltas en un puerto deportivo de aquel país sin especificar el lugar exacto.

Tampoco se conoce el coste que tiene su seguridad para las arcas públicas, algo que el Ministerio del Interior de Fernando Grande–Maraska se niega a revelar. No se sabe quién paga sus gastos de manutención, después de que oficialmente la Zarzuela le retirara la asignación económica a cuenta del presupuesto público de la institución.

Toda esa información está a buen recaudo de la Casa Real y del Gobierno. Del ala socialista que gestiona las llamadas políticas de Estado. Y mientras las pesquisas de la Fiscalía siguen adelante y está por ver si su intento de regularización con Hacienda –mediante el pago de casi 700.000 euros en concepto de impuesto de donaciones, después de que este diario destapase que está siendo investigado por delitos fiscales derivados de pagos opacos con fondos de un empresario mexicano– le permiten evitar una investigación penal sobre los años en que ya había dejado el trono y perdido la inviolabilidad.

Entretanto, PSOE, el PP y Vox impiden una y otra vez cualquier investigación parlamentaria sobre sus supuestos negocios amparándose en los informes de los letrados del Congreso.

La opacidad con la que se fraguó el destierro del rey emérito provocó el enfado del socio minoritario del Gobierno. Unidas Podemos se enteró por la prensa de las gestiones que había llevado en primera persona el presidente, Pedro Sánchez, con el actual jefe del Estado, Felipe VI. Los de Pablo Iglesias no fueron los únicos. Otros miembros del Ejecutivo tampoco sabían nada. Ni algunos portavoces de los grupos parlamentarios. En realidad, se desconoce quién lo sabía y quién no, más allá del presidente del Gobierno y su equipo de colaboradores. Qué personas o qué instituciones del Estado intervinieron en la decisión.

Los pormenores de la salida del rey emérito también se desconocen oficialmente: cuándo se planificó el viaje, si llegó directamente a Abu Dabi o hizo escala en otro país, el motivo por el que se eligió la autoritaria monarquía emiratí como residencia. Tampoco se han comunicado los planes futuros del exjefe del Estado, aunque en las últimas semanas algunos periodistas que supuestamente mantienen contacto con el exmonarca han asegurado que su intención era regresar para la Nochebuena. Un viaje que, según los mismos periodistas, se descartó pocos día después con intención de no interferir en el habitual mensaje navideño del rey. Un discurso que pasó de puntillas por el asunto más evidente: el que afecta a su propia Casa.

Ninguna de estas informaciones ha sido confirmada oficialmente por el Gobierno ni por la Casa Real. Felipe VI solo ha permitido que los españoles conozcan el lugar a donde su padre huyó en agosto. Desde entonces, poco más.

Veto a las comisiones de investigación parlamentarias

La huida del rey emérito fue uno de los “sapos” que, como advirtió Pablo Iglesias tras confirmarse el primero Gobierno de coalición desde la restauración de la democracia, se ha tenido que tragar Unidas Podemos como contrapartida por estar en el Consejo de Ministros. Pero las diferencias sobre la monarquía que existen entre ambos socios no son nuevas y se remontan prácticamente a la llegada de Podemos al Congreso en 2016. Porque los escándalos que han sacudido a la Casa Real se remontan a 2013, cuando la instrucción del caso Nóos, que terminó con el cuñado de Felipe VI, Iñaki Urdangarín, condenado a prisión, encendieron las alarmas.

Los rumores sobre Juan Carlos de Borbón son previos, pero nunca se habían reflejado como hasta entonces. Mucho menos en un procedimiento judicial en el que algunos de los testigos señalaron directamente a la ascendencia del entonces monarca como una de las principales vías de acceso a contratos públicos de Iñaki Urdangarin.

El accidente de caza en Botsuana, que desveló la existencia de su amante, Corinna Larssen, empujó a Juan Carlos de Borbón a pedir perdón en público a la ciudadanía. Y levantó el velo de opacidad que históricamente había ocultado los supuestos tejemanejes privados del rey. Poco después llegó la abdicación. Y el velo desapareció definitivamente. El rey emérito ha tenido que reconocer que ha usado fondos opacos a la Hacienda de su país. Con ellos se han pagado gastos suyos y de sus familiares, entre ellos la reina emérita, Sofía de Grecia. Felipe VI supo a través de los abogados de Corinna que él mismo era el titular de una fundación en Suiza con fondos cuya procedencia se desconoce, aunque las sospechas apuntan a Arabia Saudí.

En realidad eran más de una y el propio Felipe VI figuraba como beneficiario de, al menos, dos de ellas. Los españoles fueron informados por un comunicado hecho público justo cuando el Gobierno decretó el estado de alarma ante la irrupción de una pandemia que a día de hoy ha provocado decenas de miles de muertes solo en España.

Sobre todos estos asuntos tratan de poner luz y taquígrafos algunos partidos en el Congreso de los Diputados, bien a través de comisiones de investigación o de otras iniciativas de control parlamentario, como las preguntas orales y escritas. Pero la institución y los partidos que han dirigido el país de forma ininterrumpida desde 1982 lo han evitado. La mayoría de las veces han sido los letrados de la Cámara los que han firmado dictámenes contrarios a la apertura de procesos parlamentarios que permitieran fiscalizar si quiera levemente las actuaciones de la Casa del Rey. Unos dictámenes no vinculantes.

Desde 2016 se han inadmitido a trámite comparecencia de los titulares de Hacienda o Defensa, por ejemplo, para explicar las actuaciones de sus respetivos departamentos ante los indicios existentes de “estructuras opacas al fisco” o “el papel del CNI” en la aparición en medios de grabaciones que afectaban a Juan Carlos de Borbón. También se rechazaron en la Mesa del Congreso, es decir sin debate político en el Pleno, una proposición de ley para la transparencia económico–presupuestaria del rey y de la Casa Real. O preguntas al Gobierno (primero, el de Mariano Rajoy; después el de Pedro Sánchez en solitario) sobre la imagen que daba España en el extranjero por las informaciones sobre la Familia Real, la participación de la Embajada española en Arabia Saudí en los hechos revelados por Corinna Larsen.

Algunas de estas cuestiones vetadas obviaban completamente las supuestas irregularidades de la Casa del Rey y versaban sobre “las razones por las cuales el Gobierno autorizó al Jefe del Estado para que pronunciase una conferencia en el Plenario del Foro Económico Mundial celebrado en Davos”. Todos los rechazos que se produjeron en la legislatura 2016–2019 fueron votados por PP, PSOE y Ciudadanos. En la actual, Vox ha sustituido al partido que dirige Inés Arrimadas en el cerrojazo informativo sobre la monarquía en la sede de la soberanía popular.

Pero la iniciativa estrella que se ha impedido desarrollar ha sido la comisión de investigación. Solo en 2020 se han rechazado hasta nueve peticiones de comisiones de investigación sobre las finanzas de Juan Carlos de Borbón y solicitadas por los grupos parlamentarios. Ninguna de ellas pasó siquiera el primer trámite y fueron rechazadas en la Mesa del Congreso por el PSOE, PP y Vox. El motivo alegado en todas difiere ligeramente: la inviolabilidad del exjefe del Estado durante su mandato, que según los letrados se extiende incluso más allá de la abdicación en algunos casos, o la falta de competencias del Parlamento para controlar a la propia monarquía.

Pero una de las peticiones sí pasó el filtro de la Mesa del Congreso: una investigación de las supuestas comisiones abonadas por el contrato del AVE a la Meca. Los letrados de la Cámara no encontraron oposición reglamentaria y la mayoría de los miembros del órgano de gobierno de la Cámara Baja dieron su visto bueno a la tramitación. La esperanza de los partidos que la promovían duró pocos días. La Junta de Portavoces tumbó una semana después la propuesta y evitó su debate en el Pleno. El PSOE se sumó al rechazo de PP, Vox y Ciudadanos, cortando la que ha sido la única oportunidad reciente de someter a la monarquía al control parlamentario. Una vez más.