Dos acusados del caso Espías afirman que se ordenó seguir a cargos del PP por el “especial interés” de Ignacio González

Dos de los agentes de la Guardia Civil acusados en el caso Espías de Madrid, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado, han asegurado que recibieron “órdenes ilegales” para hacer “seguimientos” a políticos del PP. La orden la recibieron directamente de Sergio Gamón, entonces director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid y respondía al “especial interés” del entonces vicepresidente regional, Ignacio González, según han declarado ambos agentes.

El primero en decirlo ha sido Oreja, que ha inaugurado las declaraciones de los acusados en el caso sobre el espionaje a altos cargos de la Comunidad de Madrid en 2008, bajo la presidencia de Esperanza Aguirre. Oreja ha admitido que recibió orden de seguir a Alfredo Prada, Manuel Cobo o Cristina Cifuentes -todos rivales políticos de Aguirre- pero que nunca llegó a ejecutar esas órdenes y acudió a denunciar la situación a Francisco Granados.

Oreja estaba destinado en la Dirección General de Seguridad y su jefe directo era Sergio Gamón, policía de confianza de Aguirre. Según su declaración, fueron él y su segundo, Miguel Castaño, quienes en 2008 les dieron él y a otros agentes “órdenes ilegales para hacer seguimientos a determinados políticos”.

Ha asegurado que esa orden se dio en febrero de 2008 y se le transmitió que respondía al “especial interés” que Ignacio González, vicepresidente de la comunidad de Madrid y hombre de confianza de Aguirre, tenía en esos seguimientos.

La declaración de Oreja coincide con lo que manifestó a Granados durante una conversación en casa del segundo que fue grabada por los investigadores del caso Púnica. Poco antes de que declarasen en instrucción, Granados se reunió con los agentes para tranquilizarles.

Les dijo que “el tema judicial” no iba a ningún sitio, a no ser que, por ejemplo, Gamón dijera “a ver, que a mí me lo ordenó Francisco Granados”. En esa grabación, Oreja le responde que él tendría que decir que los seguimientos eran fruto del “especial interés del presidente actual”, en referencia a Ignacio González. “La verdad es esa”, apostilla ante los reproches de Granados.

En contra de lo que sostienen las acusaciones del caso, Oreja ha dicho que no llegó a ejecutar esos seguimientos. Afirma que acudió a Granados y desde entonces, comenzó a sufrir un “acoso con inquina, un acoso labora” que se arrepiente de no haber denunciado.

Coronado ha ampliado esa reunión en la que supuestamente los tres agentes de la Guardia Civil acudieron a Granados a avisarle del encargo que les había hecho Gamón. “Ni hagáis caso al loco ese”, afirma Coronado que les respondió Granados, que también les prometió que se iba a deshacer a Gamón: “A este me lo voy a quitar como una mosca”.

Encargos para incriminarles

Las acusaciones cruzaron los posicionamientos de los teléfonos de los agentes con los lugares en los que les situaban los partes de seguimiento. Oreja ha explicado que a él le comenzaron a mandar a algunos sitios después de denunciar las órdenes de seguimiento, y que sospecha que era para hacerle coincidir con el contenido de los partes. Es decir, para incriminarle en los seguimientos.

Él ha insistido en que nunca elaboró los partes que aparecen en el sumario. Tan solo tomó notas “no incriminatorias” cuan tocaba vigilar algún edificio, pero en ningún caso, ha dicho, son las que aparecen en los partes de seguimiento. En cuanto al uso de recursos públicos de la Comunidad de Madrid -Oreja está acusado de un delito de malversación- ha dicho que usó el teléfono de la Dirección de Seguridad, pero casi siempre utilizaba su coche particular, porque sus superiores solo ponían a su disposición un Seat Toledo “un tanto cochambroso”.

Durante el interrogatorio de su abogado, Oreja ha tratado de vincular el caso con el inicio de la investigación de Gürtel. Algunos de los acusados sostienen que se trató de un montaje para tapar esas primeras informaciones sobre corrupción. Además ha mencionado la posible participación en esas maniobras de los policías José Manuel Villarejo o José Luis Olivera, y ha hablado de “las cloacas policiales”. La jueza ha cortado de raíz esas insinuaciones.

Coronado, por su parte, ha negado también haber realizado seguimientos y ha dado una explicación similar a la de Oreja para responder a por qué su teléfono le sitúa en los alrededores de los domicilios de Prada y Cobo. “Me mandaba el director general a algún punto, a alguna calle, y que pudiera estar en el radio de acción del domicilio”, ha dicho, pero ha insistido en en negar el espionaje: “Actividades ilícitas no he realizado ninguna”.

El último en declarar este miércoles ha sido José Miguel Pinto Serrano, técnico especialista en seguridad, encargado del control y la seguridad de los edificios de la Comunidad de Madrid. Según las acusaciones, Pinto fue el responsable de elaborar los partes con las anotaciones que le pasaban los agentes de la Guardia Civil.

Durante su declaración, a Pinto se le ha quebrado la voz cuando se ha declarado inocente y ha afeado al letrado de la Comunidad de Madrid que le acusase a él, cuando ambos trabajan para la misma administración.