Los estatutos del PP castigan los comportamientos poco ejemplares aunque sean legales

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, salió este fin de semana airosa del expediente informativo con el que la amenazaron el líder del Partido Popular, Pablo Casado, y su secretario general, Teodoro García Egea, apenas dos días antes. Todo ello pese a que en el cruce de acusaciones entre ambas partes han aflorado declaraciones que podrían situar a la madrileña en el incumplimiento de varios preceptos que recogen los propios Estatutos Nacionales del partido.

El documento, aprobado en el 18 Congreso Popular, celebrado en febrero de 2017 –cuando aún lo lideraba Mariano Rajoy– y disponible en su página web, obliga a todos los cargos públicos y orgánicos del partido a suscribir, antes de acceder al cargo, el compromiso de abstenerse “de cualquier conducta que, aun siendo plenamente legal, pueda dañar la imagen u honorabilidad de la organización a la que pertenecen”. Es decir, las normas que rigen el comportamiento de los mandos conservadores van más allá de lo legal y se sitúan en el plano ético de la honorabilidad.

La Justicia debe determinar si la comisión que el hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso, recibió por hacer de intermediario en un contrato que la Comunidad adjudicó a dedo a un amigo de la familia, como elDiario.es desveló en noviembre, es plenamente legal, pero la situación ya ha dañado la imagen del PP. Así lo consideró a primera hora del viernes el presidente del partido, Pablo Casado, que ya hablaba de que “más allá de que sea ilegal, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril de 2020, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermano y recibir 300.000 euros por vender mascarillas”.

“Yo no permitiría que mi hermano cobrara 300.000 euros por un contrato decidido en un Consejo de Ministros”, dijo Casado en una entrevista en la Cope. Apenas 24 horas después, anunció que daba por buenas las explicaciones de la presidenta madrileña y concluyó “satisfactoriamente” el expediente informativo en forma de órdago que lanzó dos días antes. Un cierre que, de facto, permite que el hermano de Ayuso cobre sin consecuencias esa cantidad por un contrato que pasó por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y que el Comité de Derechos y Garantías del PP podría sancionar con los estatutos en la mano. Por el momento, han sido Más Madrid, el PSM y Unidas Podemos quienes han llevado los contratos ante la Fiscalía, en medio de acusaciones de “corrupción” contra el PP.

Pero no es esta la única norma autoimpuesta por el partido que podría haberse saltado la presidenta madrileña, que niega haber tenido conocimiento de la vinculación de su hermano con esa empresa hasta año y medio después de autorizarse la adjudicación por el procedimiento de urgencia que permitía el estado de alarma. En concreto, desde su comparecencia ante los medios el pasado jueves, podría haber incurrido en la comisión de otras dos infracciones graves, castigadas con la suspensión de afiliación y la inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del partido o en su representación por un periodo de entre uno y cuatro años.

Los Estatutos Nacionales del PP consideran una infracción grave “propagar, por cualquier medio, noticias que desprestigien al Partido, que sean descalificatorias del mismo o de cualquiera de sus órganos de gobierno, representación o de los Grupos Institucionales o personas que los integran” y “cualquier manifestación pública oral o escrita en los medios de comunicación que suponga descrédito, menosprecio o descalificación de cualquier afiliado al Partido”.

La comparecencia de Ayuso del pasado jueves ante los medios de comunicación parece encajar de lleno en esos supuestos, al menos según lo considera la mano derecha de Casado en Génova, García Egea. La presidenta cargó duramente contra la dirección nacional de su partido, a quien acusó de perseguirla “de forma cruel e injusta”. “Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado, y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos y, además, lo hace desde el anonimato. Que la oposición me ataque es lógico, pero que lo haga la Dirección de mi partido porque quiero presentarme al Congreso del PP de Madrid es insensato”, acusó la presidenta madrileña.

García Egea respondió entonces que Ayuso había obviado las peticiones de información del partido sobre el contrato adjudicado a la empresa de su amigo, Daniel Alcázar: “Lo único que ha recibido la dirección en vez de una respuesta clara es una campaña masiva de ataques, infundios y calumnias como las que se han vertido hoy mismo (por el jueves)”. Una respuesta que llegó el jueves de forma pública, en la que la presidenta reconocía un pago de 55.850 euros por parte de Priviet Sportive S.L. a su hermano, así como otros tres que se negó a detallar porque, dijo, no tienen relación con la Comunidad de Madrid y que Casado dio por buena para cerrar el expediente.

Pero de ser cierta esa negativa a facilitar la información sobre el contrato a la dirección nacional que desveló García Egea, la presidenta madrileña habría incurrido en otra infracción, en este caso “muy grave”, del estatuto del partido: la de no colaborar en cualquier investigación interna llevada a cabo en el seno del partido de conformidad con el Protocolo de Reacción ante la detección de irregularidades. 

“Guiarse por principios éticos”

El código ético de la Comunidad de Madrid también recoge que “todos los altos cargos en el ejercicio de sus funciones han de cumplir no solo las obligaciones legales, sino que además su actuación ha de guiarse por principios éticos y de conducta, en algunos casos no plasmados expresamente en las normas pero que sí se derivan de ellas”. Lo que sí manda este código, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 2 de noviembre de 2016, es atender a una conducta de “ejemplaridad”.

Además, esta norma establece unos “criterios para una actuación imparcial”, donde determina claramente qué es un “conflicto de intereses”. En uno de los puntos, indica claramente que se consideran “intereses personales, de acuerdo con la normativa estatal reguladora de los altos cargos los intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien convive en análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad”. Dos hermanos están en segundo grado de consanguinidad.

La presidenta madrileña ha explicado que de la adjudicación a dedo a la empresa de su amigo Daniel Alcázar, a la que está vinculado su hermano, se enteró en Génova. “Ni mi Gobierno ni yo hemos intervenido para adjudicar ni ese ni ningún otro contrato a nadie de mi entorno”, indicó el jueves en un comunicado, pese a que el contrato pasó por su Consejo de Gobierno.