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Para lograr su investidura en el pleno de esta semana el líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quiso repetir la misma estrategia que le llevó a la Moncloa hace un año, al ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Como en mayo de 2018, el plan volvía a consistir en aplazar la negociación con sus posibles socios hasta prácticamente el último minuto, confiando en forzar in extremis a Unidas Podemos para que votara a favor de su reelección y, después, que ese 'sí' del grupo confederal forzara también a los partidos nacionalistas a apoyar su candidatura, como sucedió con la moción contra el PP.
Este jueves, sin embargo, durante la segunda votación de la investidura, ese plan no cuajó. Las negociaciones que Sánchez inició con el partido de Pablo Iglesias el fin de semana, apenas 48 horas antes del inicio del pleno cuya primera sesión tuvo lugar el lunes, no dieron sus frutos. Unidas Podemos consideró insuficiente la oferta de los socialistas –una vicepresidencia de Asuntos Sociales y tres ministerios–, y el PSOE no aceptó las peticiones de ministerios realizadas por el grupo confederal –cinco carteras que después se redujeron a tres y una vicepresidencia–.
La votación final tumbó las pretensiones de Sánchez de ser investido en el mes de julio, al recibir 124 'síes' a su reelección (los votos de su propio partido, el PSOE, más el del único diputado del Partido Regionalista de Cantabria), 155 'noes' (los de PP, Ciudadanos, Vox y Junts per Catalunya) y 66 abstenciones (Unidas Podemos, Compromís, PNV y ERC).
La estrategia de negociar a última hora sí le funcionó, en cambio, en 2018. El viernes 25 de mayo, tan solo un día después de que la Audiencia Nacional hiciera pública la sentencia del caso Gürtel que condenó al PP por lucrarse de la trama y que acreditó la caja B del partido, Sánchez, entonces líder de la oposición, convocó una rueda de prensa en Ferraz para anunciar la presentación de una moción de censura contra Rajoy, al que consideró el responsable de una “crisis institucional de extrema gravedad” por la corrupción en su partido.
El líder del PSOE lanzó esa propuesta sin haberlo hablado con otras fuerzas políticas y, por tanto, con un riesgo real de que la moción fracasara por falta de apoyos. Hubo incluso dirigentes socialistas que, en ese primer momento, desconfiaron de que la iniciativa de Sánchez pudiera salir adelante y lo consideraron más como un gesto simbólico para reforzar el papel de su líder al frente de la oposición y retratar a las derechas de PP y Ciudadanos, entonces socio imprescindible de Rajoy para la gobernabilidad.
La presidenta del Congreso del momento, Ana Pastor, fijó el pleno en el que se debatiría la moción para el 31 de mayo. El fin de semana del 26 y 27 de mayo y, sobre todo, entre el lunes 28 y el mismo jueves 31, el escenario político dio un vuelco inesperado.
El PSOE logró el apoyo de Unidas Podemos que, a su vez y junto a los socialistas, realizó llamadas y gestiones de última hora para convencer a los partidos nacionalistas e independentistas –imprescindibles para lograr una mayoría– para que respaldaran a Sánchez. La moción salió adelante con 180 votos a favor y el líder socialista se convirtió en presidente del Gobierno con el voto a favor de los de Iglesias, PNV, Compromís, ERC, JxCat y EH Bildu.
Sánchez y sus principales asesores de Moncloa, con su jefe de Gabinete, Iván Redondo, a la cabeza, quisieron repetir ese éxito de las negociaciones de la moción de censura en el último momento nada más ganar las elecciones del pasado 28 de abril, cuando el PSOE logró una amplia ventaja de escaños, al obtener 123, casi el doble que los 66 logrados por el PP.
Aunque el líder del PSOE convocó a los máximos dirigentes de los otros tres grandes partidos –Unidas Podemos, PP y Ciudadanos– a que se reunieran con él en la Moncloa hasta en cuatro ocasiones en los últimos tres meses, las verdaderas negociaciones con el partido de Iglesias, su socio “preferente” y el único que se mostró dispuesto a apoyar su investidura desde el principio a cambio de la formación de un Gobierno de coalición, no comenzaron hasta la pasada semana.
Sánchez había acordado con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que la sesión de investidura se celebraría a partir del 22 de julio, pero no fue hasta el pasado viernes 19 cuando se produjeron las primeras llamadas entre los grupos negociadores de PSOE y Unidas Podemos para iniciar las conversaciones que finalmente no dieron sus frutos.
Un día antes, el líder del PSOE puso como condición para empezar a hablar que Iglesias renunciara a formar parte de ese Ejecutivo conjunto, al considerarlo el “principal escollo” para el acuerdo, un paso atrás que el líder del grupo confederal dio ese mismo viernes.
La fórmula que buscaba Moncloa era idéntica a la de la moción de censura: lograr un acuerdo con Unidas Podemos y que después se sumaran otros partidos necesarios para lograr una mayoría simple en el Congreso en la votación de este jueves, como el PNV, Compromís e incluso ERC. No lo logró.
A lo largo del pleno de investidura, prácticamente todos esos posibles socios de los socialistas criticaron con dureza a Sánchez por no hacer lo suficiente por negociar un Gobierno en los últimos tres meses, desde las elecciones del 28A, y tardar en iniciar las conversaciones.
Tras la votación de este jueves, la portavoz de Unidas Podemos, Ione Belarra, criticaba que el PSOE “ha sido incapaz de llegar a un acuerdo para poder construir un gobierno de coalición progresista” a pesar de “las increíbles facilidades” que, según ella, puso a los socialistas el grupo confederal. “Sánchez y el PSOE tienen que dejar de poner excusas para que haya un gobierno de coalición progresista. Es posible, hay números suficientes, pero tiene que dejar de poner problemas y delaciones y hacer realidad lo que desea la mayoría del país”, apuntaba.
“Las cosas se han hecho como no se tenían que hacer: el PSOE ha andado tarde y ha dejado pasar demasiado el tiempo. (...) Y al señor Iglesias, también tengo que decirle a usted: asaltar el cielo, el cielo se conquista de nube en nube, ocupando una y luego la otra; pero el asalto no se conquista y se equivoca si quiere hacerlo así”. Con estas palabras criticaba, por su parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, la falta de celeridad de los dos posibles socios de gobierno durante el pleno de este jueves.
Gabriel Rufián, portavoz de ERC y uno de los diputados más duros contra la forma en que negociaron PSOE y Unidas Podemos, se dirigía a Sánchez asegurándole que “fue un error el veto al señor Iglesias” porque “lo único que ha provocado es subir el precio” para que la formación confederal apoyara la investidura. También a Iglesias le decía que a su juicio era “un error no aceptar” los ministerios que les ha ofrecido el PSOE, y le retaba a que entraran en el Ejecutivo para demostrar “durante cuatro años que son mejores”.
También Joan Baldoví, el representante de Compromís en el Congreso, emplazaba a los socialistas a no repetir la estrategia de negociación de las últimas semanas de cara a una nueva investidura, de forma que no dejen “para una semana antes del examen” las negociaciones con el resto de grupos. “Empecemos en agosto para poder llegar el día del examen de septiembre con el trabajo hecho y con la moral para poder sacar adelante esta investidura y no decepcionar a millones de ciudadanos que seguro que hoy están en sus casas cabreados”, sostenía.
A diferencia de lo sucedido en mayo de 2018, cuando ni los propios socialistas creían que podría prosperar la moción de censura contra Rajoy que finalmente sí tuvo éxito, ahora el escenario ha sido el inverso. Tras el 28A todos los partidos dieron por hecho que habría un acuerdo de las fuerzas progresistas para hacer a Sánchez presidente.
De momento, en el primer intento de esta semana, ese entendimiento no se ha producido y la sesión de investidura ha activado el calendario que podría desembocar en una repetición electoral para el 10 de noviembre.
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